16 Septiembre 2008
Sólo dos acusaciones tienen actualmente trámite en la comisión de Juicio Político de la Legislatura: el planteo de Gumersindo Parajón contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia, René Mario Goane, por haber sido funcionario del proceso militar; y el de Miguel Cirici y Eva Jaray contra el juez en lo Civil y Comercial Común de la II Nominación de la Capital, Carlos Alberto Arraya, por retardo de justicia.
En cambio, aún están en instancia de ratificación la denuncia de Jorge Nasser, quien objetó a 32 jueces; y de Luis René Sueldo, también contra Goane. En tanto, el ex legislador radical Juan Roberto Robles, desistió de su presentación contra el vocal de la Corte, Alberto Brito. (Ver “No continuaré...”)
El presidente de la comisión, Sisto Terán, reconoció que la sucesión de denuncias lo obligan a trabajar con extrema precaución. “No puedo abrir un juicio de valor; estoy leyendo y atendiendo lo procedimental. No descarto que sigan lloviendo causas: no me preocupa porque la Constitución no fija límites a la cantidad ni al calibre de las presentaciones”, señaló.
El legislador peronista confirmó que en esta semana volverá a reunirse la comisión, pero no para tomar resoluciones de fondo sino para analizar, por ejemplo, si se acumulan los expedientes iniciados por Parajón y por Sueldo.
Terán consignó que se trabaja con sumo cuidado para garantizar las garantías del debido proceso. Reconoció, además, que una de las dificultades de la comisión, luego de comprobados los hechos, será evaluar los diversos grados de responsabilidad y los niveles de conducción de los denunciados.
Terán explicó que la comisión todavía espera que la Corte le remita la documentación solicitada la semana pasada sobre los períodos en que Goane se desempeñó en el tribunal, especialmente desde el 25 de mayo de 1982, con las constancias del instrumento jurídico por el cual fue designado vocal. Agregó que es la única oficina que aún no le contestó su oficio, y no descartó que puedan pedirse aclaraciones sobre aspectos como la caracterización y la obligación de cumplimiento que trae un cargo universitario de profesor full time frente a la misión como juez.
Respecto de la denuncia de Nasser, consideró que mezcla situaciones de distinto calibre, en las que aparecen jueces mencionados por haber sido docentes universitarios, y planteos similares a los formulados contra Goane y Brito.
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