La jubilación de Goane había sido tratada en 1991

Cuando el 7 de octubre de 1991 le prestó acuerdo a René Mario Goane para que se desempeñara como vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la Legislatura tuvo en cuenta que el abogado se había jubilado el 1 de enero de 1990. Tras la vuelta de la democracia, Goane ya había ocupado una vocalía en el alto tribunal entre julio de 1986 y diciembre de 1989.
En 1991, el gobernador Ramón Ortega volvió a proponer a Goane para la Corte. Entonces, el abogado Luis Iriarte impugnó la idoneidad de aquel y, entre otras razones, argumentó que carecía de vocación para desempeñarse como juez porque se había jubilado.
En la versión taquigráfica de la sesión en la que fue discutido el tema, por Secretaría se leyó que Goane había replicado que “el ejercicio de un derecho legalmente instituido (acogerse a la jubilación) no es carecer de vocación para el ejercicio de la magistratura”.

Fuerte rechazo
Seis días antes de que la Legislatura le prestara acuerdo, la comisión de Peticiones y Acuerdos había rechazado las impugnaciones de Iriarte por considerar que carecían de “la entidad suficiente para enervar la designación propuesta”.
Goane precisó ayer a LA GACETA que el día en que juró nuevamente en la Corte, el 9 de diciembre de 1991, notificó al Instituto Provincial de Previsión y Seguridad Social que lo habían designado como vocal y, por eso, solicitó que se le diera de baja la percepción del haber jubilatorio. “La razón es que, según la legislación provincial vigente, los nuevos servicios que se prestaban podían mejorar el estatus de la jubilación concedida anteriormente (tipo, cargo y tope), razón por la que había una incompatibilidad”, manifestó.
Como consecuencia, el magistrado expresó que, entre 1991 y 1996, no percibió suma alguna en concepto de haber jubilatorio (por sus 35 años de servicio) y sus ingresos se limitaron a lo que le correspondía como magistrado y como docente. Goane se inició en la docencia en 1963 y actualmente es titular -por concurso- de las cátedras de Filosofía del Derecho y de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
La situación cambió en 1996, cuando el sistema previsional provincial fue transferido a la Nación. “Entonces, desde la Anses me notificaron que iban a comenzar a liquidarme los haberes previsionales, que en los hechos tenían un tope. Esto era posible porque en el régimen nacional no existía ninguna incompatibilidad”, aseveró.
El magistrado fue terminante. “Puede que no se esté de acuerdo con esto, pero nadie puede decir que era ilegal o ilegítimo. Cada uno puede tener sus valoraciones, pero no se puede descalificar a alguien por ejercer legítima y regularmente un derecho”, destacó.
Cuando en el país se desató la crisis socio-económica de 2001/2002, Goane, voluntariamente, desistió de percibir los haberes jubilatorios. “Fue mi forma de ser solidario con lo que ocurría”, dijo.
El 1 de enero de 2007, cuando se hizo operativa la equiparación de la situación previsional de los jueces provinciales con la de los federales, se transformó en incompatible la posibilidad de cobrar un suelo y, además, una jubilación.
La Anses informó ahora que Goane tiene acreditados $ 112.508. “Esta es, precisamente, la prueba cabal de que no hubo una doble percepción. Desde la crisis de 2001/2002, cuando voluntariamente dejé de percibir los haberes jubilatorios por solidaridad, no volví a hacerlo”, reiteró.