10 Septiembre 2008
El presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, quiere acortar al máximo los plazos en el proceso de destitución que impulsa contra el vocal decano de la Corte René Mario Goane.
El ex legislador tenía plazo hasta hoy para ratificar su pedido de juicio político en contra del magistrado, a quien objeta por haber sido funcionario durante el último Gobierno militar. Sin embargo, ayer mismo se presentó en la Legislatura, y no sólo insistió con su planteo, sino que lo amplió. Concretamente, entregó como agregado de su planteo el informe que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, envió al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse. El memorándum es lapidario respecto del magistrado.
"Atento a la información y a los antecedentes obrantes en esta Secretaría, cabe concluir que el doctor Goane, por su acreditada participación en organismos de poder y el ejercicio de cargos de responsabilidad en los poderes del Estado tucumano que la dictadura usurpara, en relación a la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado, está inhabilitado éticamente para el desempeño del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, más allá de que le sea probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios y otros crímenes de lesa humanidad", dice, textualmente, la conclusión de ese documento, al que accedió LA GACETA.
Consideraciones
En el informe se hace hincapié en que Goane fue, durante el Proceso, director del Registro Civil, y que ocupó funciones en el IPSS y en la Caja Popular de Ahorros. Luego fue, también, Fiscal de Estado y vocal de la Corte, durante ese mismo período.
Duhalde afirma que Goane debe ser sindicado como parte de la organización de las instituciones que cometieron ilícitos durante los 70. "La calidad de partícipe está anclada, más que en cuestiones de hecho y pruebas atinentes al caso puntual, a la complejidad general de los sucesos que Goane no pudo desconocer, dado que formó parte durante todo el período dictatorial de organismos del Ejecutivo y, posteriormente, de la propia Corte", sentencia.
"En el período en que Goane se desempeñó como director del Registro Civil, es inevitable que haya tomado conocimientos de los múltiples asesinatos que se perpetraban. El registro de las defunciones es una de las tareas del organismo", dice el funcionario.
Duhalde, de manera complementaria, sostiene que Goane integraba una estructura de poder organizada al margen de la legalidad consagrada por la Constitución. "Por los cargos que desempeñó, debió conocer, al menos ?prima facie?, el despliegue criminal del aparato al que pertenecía", subrayó.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, que preside el Sisto Terán (PJ), se reunirá hoy, a las 18, para comenzar a estudiar el planteo de Parajón.
El ex legislador tenía plazo hasta hoy para ratificar su pedido de juicio político en contra del magistrado, a quien objeta por haber sido funcionario durante el último Gobierno militar. Sin embargo, ayer mismo se presentó en la Legislatura, y no sólo insistió con su planteo, sino que lo amplió. Concretamente, entregó como agregado de su planteo el informe que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, envió al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse. El memorándum es lapidario respecto del magistrado.
"Atento a la información y a los antecedentes obrantes en esta Secretaría, cabe concluir que el doctor Goane, por su acreditada participación en organismos de poder y el ejercicio de cargos de responsabilidad en los poderes del Estado tucumano que la dictadura usurpara, en relación a la estructura implementada en el ejercicio de la represión ilegal durante el período del terrorismo de Estado, está inhabilitado éticamente para el desempeño del cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, más allá de que le sea probada judicialmente la comisión de desapariciones, homicidios y otros crímenes de lesa humanidad", dice, textualmente, la conclusión de ese documento, al que accedió LA GACETA.
Consideraciones
En el informe se hace hincapié en que Goane fue, durante el Proceso, director del Registro Civil, y que ocupó funciones en el IPSS y en la Caja Popular de Ahorros. Luego fue, también, Fiscal de Estado y vocal de la Corte, durante ese mismo período.
Duhalde afirma que Goane debe ser sindicado como parte de la organización de las instituciones que cometieron ilícitos durante los 70. "La calidad de partícipe está anclada, más que en cuestiones de hecho y pruebas atinentes al caso puntual, a la complejidad general de los sucesos que Goane no pudo desconocer, dado que formó parte durante todo el período dictatorial de organismos del Ejecutivo y, posteriormente, de la propia Corte", sentencia.
"En el período en que Goane se desempeñó como director del Registro Civil, es inevitable que haya tomado conocimientos de los múltiples asesinatos que se perpetraban. El registro de las defunciones es una de las tareas del organismo", dice el funcionario.
Duhalde, de manera complementaria, sostiene que Goane integraba una estructura de poder organizada al margen de la legalidad consagrada por la Constitución. "Por los cargos que desempeñó, debió conocer, al menos ?prima facie?, el despliegue criminal del aparato al que pertenecía", subrayó.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura, que preside el Sisto Terán (PJ), se reunirá hoy, a las 18, para comenzar a estudiar el planteo de Parajón.
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