Dos para uno y uno en discordia

Que los jueces juzguen sobre la supuesta inconstitucionalidad de un proceso de reforma constitucional, que en teoría expresa la voluntad popular, es uno de los conflictos de mayor relevancia institucional que puede suscitarse. Por eso, lo ideal hubiera sido que los vocales de la Corte Suprema se pronunciaran unánimemente y que no dejaran resquicios; con más razón si los reproches están dirigidos a señalar los desbordes de un oficialismo poco acostumbrado a la noción de que existen límites. Pero el sentido de los votos expresa la difícil convivencia -no sólo intelectual- que mantienen los magistrados.
Pero amén de lo que costó internamente, la sentencia es inédita -no sólo en el Derecho provincial- por la extensión y la profundidad del control que se practicó, lo que también habla a las claras de la dimensión de los desbordes en que habían incurrido los convencionales alperovichista. Pese a las presiones, la Corte no se amilanó ni se evadió por subterfugios procesales. Ese es el gran valor institucional: haber ratificado que es partícipe del proceso republicano de gobierno, algo que suele olvidarse con tanto poder político exhorbitado.
En el voto de la mayoría -¿quién lo hubiera dicho?-, Antonio Gandur y René Goane se complementaron minuciosamente. Goane se preocupó por justificar que el Colegio de Abogados es un engranaje fundamental en todo lo relacionado con la administración de Justicia y, por ende, está legalmente habilitado para defender cualquier atropello contra la independencia judicial. Gandur, con astucia y practicidad, agregó que la legitimación también se extendía para cuestionar el sistema de enmiendas, porque, por esa vía, se podían afectar los derechos de los letrados. Esa fue la forma de contrarrestar a Alberto Brito, que negaba tamaña amplitud procesal.
Gandur también dio una salida (algo que Goane no preveía) frente a la pregunta que, desde hoy, formulará Alperovich con suspicacia: "¿y cómo selecciono jueces si a mí no me permiten integrar el CAM?". Por eso, Gandur sugirió que, hasta la próxima reforma, una ley debe organizar equilibradamente el CAM.
El voto de Brito, mientras, es absolutamente funcional a los intereses del oficialismo. Hasta cuando fulmina -curiosamente- toda la cláusula referida al CAM, la salida que ofrece es la vuelta al sistema político de designación de jueces. Por eso, cuando hoy el ex legislador Juan Roberto Robles pida también un juicio político en contra de Brito (por haber jurado en mayo de 1980, durante la dictadura militar, como juez de primera instancia) se verá si el alperovichismo legislativo lo juzga con la misma vara que a Goane por igual circunstancia.