29 Agosto 2008
Además de las condenas a los militares retirados Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, los vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi, hicieron lugar a los pedidos del fiscal federal Alfredo Terraf de que se investigue a cuatro testigos por la presunta comisión de delitos. A la vez, los magistrados rechazaron la solicitud de la defensora oficial de Bussi, Amalina Assaf, y el abogado de Menéndez, Horacio Guerineau, respecto de una quinta persona que testificó.
A partir de las declaraciones de los guardiacárceles José Víctor Gerez y Carlos Antonio Décima, que presentarían contradicciones con relatos efectuados anteriormente por ellos mismos, Terraf peticionó que se los investigue, al entender que habrían incurrido en el delito de falso testimonio. Gerez negó haber declarado ante el juez militar Roque Cabral en 1984, a instancias de la causa sobre la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. Sin embargo, un pericia caligráfica determinó que era suya la firma en el expediente.
Décima, en tanto, es el único sobreviviente del último traslado de Vargas Aignasse, cuando supuestamente fue secuestrado (según la versión militar).
Cabral, por su parte, también será investigado por el fiscal federal de turno; pero, en su caso, como presunto autor responsable del delito de falsificación de instrumento público. Terraf lo acusó de haber fraguado varias declaraciones cuando investigó el caso. Bajo la misma figura legal quedó abarcado el entonces secretario del juez militar, Raúl Ildelfonso Molina.
El TOF no hizo lugar a la pretensión de las defensas de remitir al fiscal federal de turno los antecedentes del ex secretario gremial de la CGT Juan Antonio Palavecino. Assaf y Guerineau habían solicitado que se investigue al testigo por la supuesta comisión del delito de falso testimonio o encubrimiento en sus declaraciones.
A partir de las declaraciones de los guardiacárceles José Víctor Gerez y Carlos Antonio Décima, que presentarían contradicciones con relatos efectuados anteriormente por ellos mismos, Terraf peticionó que se los investigue, al entender que habrían incurrido en el delito de falso testimonio. Gerez negó haber declarado ante el juez militar Roque Cabral en 1984, a instancias de la causa sobre la desaparición del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse. Sin embargo, un pericia caligráfica determinó que era suya la firma en el expediente.
Décima, en tanto, es el único sobreviviente del último traslado de Vargas Aignasse, cuando supuestamente fue secuestrado (según la versión militar).
Cabral, por su parte, también será investigado por el fiscal federal de turno; pero, en su caso, como presunto autor responsable del delito de falsificación de instrumento público. Terraf lo acusó de haber fraguado varias declaraciones cuando investigó el caso. Bajo la misma figura legal quedó abarcado el entonces secretario del juez militar, Raúl Ildelfonso Molina.
El TOF no hizo lugar a la pretensión de las defensas de remitir al fiscal federal de turno los antecedentes del ex secretario gremial de la CGT Juan Antonio Palavecino. Assaf y Guerineau habían solicitado que se investigue al testigo por la supuesta comisión del delito de falso testimonio o encubrimiento en sus declaraciones.
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