La prisión perpetua impuesta no impedirá que Bussi siga bajo detención domiciliaria

Si bien ayer estaba previsto que el último y más importante acto comenzara a las 17, empezó 35 minutos más tarde. Diez minutos más tarde y lejos de toda solemnidad, abrazos, gritos y muestras de alegría se multiplicaron por la colmada sala (había alrededor de 300 personas). Fue cuando Gabriel Casas, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que presidió las audiencias de debate, anunció que habían decidido condenar al ex gobernador Antonio Bussi a la pena de prisión perpetua (con la consiguiente inhabilitación absoluta) por la desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en 1976. Unos minutos más tarde se reprodujo la misma reacción cuando comunicó que la misma condena le cabía al militar retirado Luciano Benjamín Menéndez.
Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi habían deliberaron -en sesión secreta- durante seis horas, desde las 11.40, cuando Menéndez pronunció sus últimas palabras antes de la sentencia (antes lo había hecho Bussi).

Severa calificación
En forma coincidente, los magistrados concluyeron que los militares retirados eran coautores mediatos penalmente responsables de los siguientes delitos: asociación ilícita; violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada (ambos en concurso ideal); imposición de tormentos agravada; homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más partícipes y con el fin de lograr impunidad. Todos estos hechos ilícitos, además de haber sido concebidos en concurso real, fueron calificados delitos de lesa humanidad. Estos son los que, por su gravedad, por su sistematicidad y por haber sido tramados desde el control de órganos estatales -y en perjuicio de grupos civiles determinados-, ofenden al género humano.
La alegría de la mayoría de los presentes ni siquiera se atemperó cuando Casas leyó el punto VIII de la parte dispositiva de la sentencia. Este difiere el pronunciamiento del tribunal sobre la forma en que deberá cumplirse la pena impuesta (prisión) hasta la etapa de ejecución, lo que supone que habrá que esperar a que el fallo quede firme. Por ende, los magistrados resolvieron que hasta entonces se mantenga el régimen de la prisión preventiva que pesa sobre ambos imputados con las modalidades de que goza cada uno.
En los hechos, la decisión implica que Bussi continuará bajo detención domiciliaria (en un country de Yerba Buena), mientras que Menéndez regresará a Córdoba, donde el 24 de julio fue condenado a reclusión perpetua (también en una causa por violaciones a los derechos humanos). Pero, a diferencia de lo que ocurrió ayer en esta capital, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa provincia le revocó la prisión domiciliaria de la que era beneficiario y dispuso su alojamiento en la cárcel de Bower. Allí volverá luego de que el jueves escuche los fundamentos de la sentencia que le impusieron los magistrados tucumanos.
A partir del jueves, las partes tendrán 10 días hábiles para recurrir el pronunciamiento. Todas anunciaron que lo harán, incluido el fiscal general Alfredo Terraf que había pedido que, en el caso de que Bussi, fuera revocada la detención domiciliaria y que fuera alojado en el penal de Villa Urquiza.
La tensión se trasladó a la sala a causa de los disturbios que se desataron en las calles adyacentes al tribunal por la disconformidad de manifestantes de izquierda, precisamente, con el polémico punto VIII de la sentencia. En el recinto, cuando Bussi y Menéndez se retiraron, fueron despedidos al grito de "genocidas".


Cerca del mediodía, después de que los imputados dijeron sus últimas palabras, los vocales Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi comenzaron a deliberar, como marca la legislación procesal. En un primer momento lo hicieron en la sala contigua al recinto donde se desarrollan las audiencias, pero luego subieron al segundo piso y continuaron en el despacho de Jiménez Montilla.

El único que entraba y salía del lugar donde deliberaban los magistrados fue el secretario de Derechos Humanos del Tribunal, Mariano García Zavalía (autorizado por la ley a participar). Dada la hora en que tuvieron que discutir, los vocales se vieron obligados a almorzar allí. Fue una comida consistente en empanadas y sfijas.

Cuando la parte resolutiva de la sentencia fue anunciada, entre el público, sentada en la segunda fila, estaba Alicia Noli, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal que se abstuvo de intervenir en la causa por su actuación en materia de derechos humanos. Precisamente, a ella debió subrogarla la santiagueña Curi. A la par de Noli, estaba el fiscal federal Emilio Ferrer. Este no podía ocultar su alegría cuando escuchó la pena impuesta a Antonio Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez, ya que él fue quien requirió el auto de elevación a juicio de la causa.

La alegría por la histórica sentencia era evidente entre los numerosos familiares de desaparecidos que prácticamente colmaron la sala de audiencias. En minoría, simpatizantes de Bussi se retiraron por la puerta del costado. Entre ellos, estaba el concejal Claudio Viña (Fuerza Republicana). Cuando advirtió que, en la calle, militantes de izquierda protagonizaban disturbios (disconformes con el hecho de que no se haya ordenado el traslado del ex gobernador al penal de Villa Urquiza), el edil exclamó: "¡allí están los derechos humanos!".

Desde Buenos Aires vino a escuchar la sentencia Claudio Cholakian, asesor de la diputada Diana Conti en el Consejo de la Magistratura de la Nación.