17 Agosto 2008
El gasto salarial en el Estado asciende a $ 160 millones mensuales. Con ese dinero, el Gobierno provincial les abona los sueldos a los más de 75.000 empleados que trabajan en distintas reparticiones públicas, tanto de la administración central como descentralizada. Incrementar ese gasto resulta oneroso para la Provincia, señalan en la Casa de Gobierno. De hecho, el último adicional (otorgado el martes) por única vez de $ 220 le costará al Poder Ejecutivo unos $ 24 millones (se pagará a fin de mes), según admitieron en el Ministerio de Economía.
La Provincia destina no menos de $ 2.100 millones para cubrir las 13 remuneraciones mensuales de su plantel, incluyendo el sueldo anual complementario. Ese monto equivale al 42% del total del Presupuesto vigente (supera los $ 5.000 millones). Los funcionarios sostienen que no pueden “blanquear” los aportes no remunerativos y no bonificables (no computan para el pago de los aportes previsionales y sociales), porque incumplirían los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional. En particular, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto y el endeudamiento público. La vigencia de los adicionales no remunerativos implican un ahorro anual para el Estado de unos $ 50 millones anuales en concepto de aportes previsionales. Al momento de jubilarse, los problemas se plantean más entre los estatales que están afiliados a una AFJP que al régimen de reparto (un 97% del total de empleados), indican voceros oficiales.
El otorgamiento de sumas fijas no remunerativas también plantea un problema con las categorías más altas del escalafón estatal. A medida que se otorgan, se achica la pirámide salarial. “Creo que, más o menos, en dos años, todas las provincias podrían estar en condiciones de comenzar a blanquear sumas no remunerativas”, indicó a LA GACETA el ministro de Economía del PE, Jorge Jiménez. Sin embargo, esta proyección no es firme: dependerá de los avatares de la economía y de que Tucumán cierre los ejercicios fiscales, al menos, con un mínimo superávit fiscal.
La Provincia destina no menos de $ 2.100 millones para cubrir las 13 remuneraciones mensuales de su plantel, incluyendo el sueldo anual complementario. Ese monto equivale al 42% del total del Presupuesto vigente (supera los $ 5.000 millones). Los funcionarios sostienen que no pueden “blanquear” los aportes no remunerativos y no bonificables (no computan para el pago de los aportes previsionales y sociales), porque incumplirían los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional. En particular, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el gasto y el endeudamiento público. La vigencia de los adicionales no remunerativos implican un ahorro anual para el Estado de unos $ 50 millones anuales en concepto de aportes previsionales. Al momento de jubilarse, los problemas se plantean más entre los estatales que están afiliados a una AFJP que al régimen de reparto (un 97% del total de empleados), indican voceros oficiales.
El otorgamiento de sumas fijas no remunerativas también plantea un problema con las categorías más altas del escalafón estatal. A medida que se otorgan, se achica la pirámide salarial. “Creo que, más o menos, en dos años, todas las provincias podrían estar en condiciones de comenzar a blanquear sumas no remunerativas”, indicó a LA GACETA el ministro de Economía del PE, Jorge Jiménez. Sin embargo, esta proyección no es firme: dependerá de los avatares de la economía y de que Tucumán cierre los ejercicios fiscales, al menos, con un mínimo superávit fiscal.
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