Dirigentes radicales presos en 1933

El golpe militar de 1930, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, determinó que la Unión Cívica Radical volviese al estado conspirativo que había mantenido desde sus orígenes hasta la ley Sáenz Peña de 1912. Tanto en Buenos Aires como en las provincias -todas intervenidas- el Ejército y la Policía mantenían atenta vigilancia sobre los dirigentes de aquel partido.
El 27 de agosto de 1931, se descubrió una conspiración radical en Tucumán. Según el Ministerio del Interior, sus cabecillas habían tratado de complicar a "algunos elementos militares", quienes los denunciaron. El jefe del movimiento era el ex senador nacional, doctor Alberto Aybar Augier (1885-1950), quien fue detenido. Hubo un remezón el 31 de agosto, cuando otro dirigente radical, el doctor José Lozano Muñoz (1894-1973), trató sin éxito de sublevar la Policía y el Cuerpo de Bomberos, y terminó arrestado, junto a otros implicados. Tanto Aybar Augier como Lozano Muñoz fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y enviados a Buenos Aires. Pero, en la estación Retiro, el ex senador logró burlar la vigilancia de sus captores y se escapó.
Dos años más tarde, en enero de 1933, el Gobierno Nacional (ya a cargo del general Agustín P. Justo, tras las elecciones que la UCR execró por fraudulentas), hizo otra redada de supuestos conspiradores radicales. Detuvo a los ex presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear y los envió a la isla Martín García. También, arrestyó a Honorio Pueyrredón, José P. Tamborini, Carlos Noel, Manuel Ruiz Moreno, Miguel Tanco y Alberto Aybar Augier, y dispuso confinarlos en la remota localidad de San Julián, en Santa Cruz. Se los trasladó en barco, y permanecieron allíen desde el 26 de enero hasta el 4 de mayo de 1933.
En su artículo "Los confinados radicales en San Julián", en la revista "Todo es historia" número 348, Horacio Lafuente narra con detalle las peripecias del episodio. Informa allí que el tucumano Aybar Augier fue "el más activo cronista del grupo". Sus relatos, que se publicaron en varios diarios del país, permitieron "el mantenimiento de la atención pública sobre la suerte de los confinados".