La Justicia levantó la clausura de "Las Palmas"

A las 15.25 de ayer el restobar "Las Palmas" volvió a quedar habilitado, luego de que en la madrugada del jueves había sido cerrado por inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa).
El levantamiento de la clausura fue dispuesto por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que aprobó un recurso de amparo presentado por los propietarios del bar.
El operativo de clausura de la confitería, ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Marcos Paz, en Barrio Norte, había comenzado el 9 de julio a las 10, cuando los municipales intentaron desalojarlo para cumplir con la orden librada por el juez de faltas Carlos Alzabé. Sin embargo, los clientes resistieron la medida y permanecieron adentro mientras entonaban en Himno Nacional. Los dueños de la confitería, que además son productores cañeros, habían hecho público su apoyo al sector ruralista, por lo que se sospecha que el cierre del local guardó motivos políticos. Ante la negativa de los comensales, el personal de la Dipsa retrocedió en su intención. Pero en la madrugada del día siguiente, a las 3, cuando ya no quedaba nadie adentro, excepto dos empleados, los agentes de la dependencia municipal colocaron el precinto. Los inspectores labraron un acta de infracción porque detectaron irregularidades en la habilitación de la playa de estacionamiento y de dos cámaras de frío.
Ayer fue la Justicia provincial la que dispuso el levantamiento de la clausura que estaba previsto que sea llevado a cabo por el propio personal de la Dipsa. Pero las autoridades de la dependencia municipal no pudieron ser notificadas respecto de la medida cautelar ya que la sede de la Dipsa fue cerrada ayer a la mañana por desinfección, tarea que estaba siendo custodiada por seis efectivos policiales. En consecuencia, el oficial de Justicia Ricardo José Alderete tuvo que retirar la faja de clausura.
Uno de los dueños del restobar, Carlos Fernández Palma, dijo a LA GACETA que la clausura le produjo no sólo un perjuicio económico, sino moral. "Nunca hubo ninguna lista negra (de políticos oficialistas). Aquí la admisión es libre. Me siento perseguido por una medida administrativa que no tiene asidero alguno. Quiero creer que fue sólo una decisión apresurada", manifestó. Afirmó que continuará los trámites administrativos y judiciales para resolver de fondo el asunto.