Democracia participativa es recordar algo olvidado

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre acuerda a las personas -entre muchos otros- el derecho de "participar en el gobierno de su país directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos". Detrás de esta consagración normativa hay centenarias luchas que buscaban asegurar la intervención de los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. La generalización en el mundo de los regímenes democráticos, que suponen elecciones periódicas, asegura -al menos nominalmente- la representatividad. El problema surge cuando los elegidos, en nombre de ese postulado, toman decisiones o muestran mayor preocupación por responder a los intereses del gobierno o del bloque legislativo al que pertenecen que por ser receptores de las inquietudes de aquellos a quienes representan.
En todo el mundo, el gran desafío consiste en cómo volver más representativa a la representación; en cómo construir lazos o canales para que el investido por el voto popular no suponga que ese preciado acto institucional es una suerte de cheque en blanco político que legitima cualquier decisión que pueda adoptar. A esto lo advertía con clarividencia el politólogo italiano Giovanni Sartori: "en la Antigüedad decir democracia participativa habría sido un pleonasmo. En la actualidad, sólo nos recuerda algo que hemos olvidado".

Idas y vueltas
Desde hace más de 100 días, los argentinos son víctimas de este problema, como consecuencia de la forma (por medio de una simple resolución ministerial del Poder Ejecutivo) en que fueron impuestas las retenciones al sector agroexportador.
La dura protesta de los ruralistas obligó a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner derivara el problema al Congreso. Lo llamativo es que hasta que eso no sucedió ningún legislador nacional del oficialismo osó decir que ese era el ámbito constitucional adecuado para discutir un tema de semejante relevancia. Después, cuando finalmente la jefa de Estado envió el proyecto, que ayer recibió media sanción en la Cámara de Diputados, los ministros más influyentes invocaron el curioso argumento de que la iniciativa no admitía cambios y que, como consecuencia, debía ser aprobada o rechazada en bloque y a libro cerrado. Esto, pese a que la cuestión había ingresado al Congreso que, precisamente, sintetiza la reunión y voluntad del pueblo de la Nación (Cámara Baja) y del de las provincias (Senado).
Esta situación, por cierto, puso en jaque a muchos legisladores del oficialismo. Por una parte no podían esquivar los reclamos de un sector de sus representados (el del campo) que pide ser escuchado en sus razones y, por otra, recibían directivas del Gobierno al que apoyan. Esto hizo que muchos confesaran con reserva de identidad que estaban en contra de la magnitud de las retenciones, pero en público las defendían.
Esto, que se advierte con nitidez por la dimensión que cobró la crisis rural, no es más que la reiteración amplificada de un problema institucional que se presenta cotidianamente en cada Concejo Deliberante de ciudad o en cada Legislatura provincial. Se trata de una cuestión que atañe al futuro de la democracia. Sobre ello viene alertando -entre otros- el constitucionalista mexicano Diego Valadés: "cuando la representación deja de funcionar como lo prescribe la Constitución o como espera la ciudadanía se produce una fractura en la legitimidad del poder".

Tres tesis
Históricamente, desechada la democracia directa por razones demográficas, surgieron numerosas tesis para justificar que un determinado número de personas ejerza actos en nombre de los otros. Algunos autores hablaron de un mandato: los elegidos quedan legitimados para decidir o actuar por aquellos cuya representación invocan, razón por la que se comportan como los mandatarios en la esfera jurídica. Idea también tomada del derecho, otros justificaron la delegación en la necesidad de proteger los intereses comunes. Finalmente, hay quienes consideraron que la representación era una ficción o transacción necesaria para poder estructurar el orden estatal por medio de órganos que deben asegurar los derechos de aquellos que son los depositarios de la voluntad popular.
Actualmente, el reto radica en cómo se legitima con el ejercicio diario aquella confianza depositada por el votante. Por eso, en muchos países están preocupados por asegurar una mayor participación (por medio de institutos como la iniciativa o la consulta popular) o por ajustar los controles sobre los elegidos (por ejemplo, a través de la revocación del mandato).
Si la confianza se debilita o agrieta, además de contribuir a la apatía cívica, que se expande en tiempos de ideologías laxas y de partidos políticos sin fundamentos sólidos, se sientan las bases para las protestas, los cacerolazos o la desobediencia civil. La democracia es más que un sistema de gobierno: es una forma de vida.


- Los mandatos son tan viejos como las disidencias. El 24 de enero de 1974, ocho jóvenes que militaban en Montoneros dimitieron como diputados nacionales luego de que el presidente Juan D. Perón ordenó que votaran ciertas reformas al Código Penal (endurecían penas) o que renunciaran. Entre ellos estaba el actual diputado Carlos Kunkel, que ayer votó por el proyecto kirchnerista sobre las retenciones.

- En 1987, los senadores radicales Juan Trilla y Luis Brasesco, por sus convicciones católicas, votaron contra el proyecto de ley que preveía el divorcio vincular, pese a que lo impulsaba el bloque de la UCR. Ese mismo año, aunque el presidente Raúl Alfonsín les había pedido el apoyo, los disputados Conrado Storani (h), Roberto Sanmartino, Ramón Dussol y Hugo Puicill se pronunciaron contra la Ley de Punto Final.

- El 14 de marzo, 40 de los 44 legisladores oficialistas tucumanos que estaban en el recinto avalaron la postulación de Francisco Sassi Colombres como vocal de la la Corte Suprema de Justicia, pese a que tres días más tarde renunció por las presiones del ex presidente Néstor Kirchner.