20 Junio 2008
COMO EN LA PAZ, PERO EN LA CIUDADELA. Morales quiere jugar el partido revancha del que perdiera el 17 de marzo contra Diego Maradona. AFP
Las últimas medidas inmigratorias aprobadas recientemente por el Parlamento Europeo alterarán la agenda de debate entre los Presidentes prevista para la Cumbre de Tucumán.
Si bien el tema no forma parte de la agenda del encuentro de mandatarios, que se desarrollará entre el 30 de este mes y el 1 de julio, los países latinoamericanos buscarán consensuar una respuesta común en rechazo a la medida, según se desprende de las recientes declaraciones provenientes de cada Nación.
El propio presidente boliviano, Evo Morales, anticipó ayer que aprovechará la reunión de Tucumán para plantear a sus pares la realización de una campaña internacional a fin de defender a los inmigrantes indocumentados de la región. En conferencia de prensa, Morales afirmó que la norma viola derechos humanos elementales y que por ello pondrá en discusión la problemática. Además, anticipó que hará extensiva su propuesta a sus pares de Africa, "uno de los continentes más afectados", según dijo.
Paralelamente, también el Gobierno de Paraguay anticipó ayer que elevará el tema a la consideración de los mandatarios del bloque durante el cónclave de esta provincia.
Según la denominada "Directiva de Retorno", aprobada por el Parlamento Europeo el miércoles, los inmigrantes sin papeles podrán permanecer detenidos hasta 18 meses sin orden judicial. Apenas conocida la decisión de la Unión Europea, la Cancillería argentina lamentó los términos de la declaración y reafirmó que la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos.
A través de un comunicado, la Cancillería dijo que el Gobierno argentino reiteró, una vez más, que "migrar no es un delito, por lo tanto se rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".
"Establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales", agrega el texto difundido ayer. El Gobierno brasileño -que hace pocas semanas mantuvo una polémica con el de España por el trato a sus ciudadanos en ese país- también expresó su descontento con el endurecimiento de las medidas y se sumó así a manifestaciones de rechazo a la norma pronunciadas por Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y Ecuador.
Si bien el tema no forma parte de la agenda del encuentro de mandatarios, que se desarrollará entre el 30 de este mes y el 1 de julio, los países latinoamericanos buscarán consensuar una respuesta común en rechazo a la medida, según se desprende de las recientes declaraciones provenientes de cada Nación.
El propio presidente boliviano, Evo Morales, anticipó ayer que aprovechará la reunión de Tucumán para plantear a sus pares la realización de una campaña internacional a fin de defender a los inmigrantes indocumentados de la región. En conferencia de prensa, Morales afirmó que la norma viola derechos humanos elementales y que por ello pondrá en discusión la problemática. Además, anticipó que hará extensiva su propuesta a sus pares de Africa, "uno de los continentes más afectados", según dijo.
Paralelamente, también el Gobierno de Paraguay anticipó ayer que elevará el tema a la consideración de los mandatarios del bloque durante el cónclave de esta provincia.
Según la denominada "Directiva de Retorno", aprobada por el Parlamento Europeo el miércoles, los inmigrantes sin papeles podrán permanecer detenidos hasta 18 meses sin orden judicial. Apenas conocida la decisión de la Unión Europea, la Cancillería argentina lamentó los términos de la declaración y reafirmó que la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos.
A través de un comunicado, la Cancillería dijo que el Gobierno argentino reiteró, una vez más, que "migrar no es un delito, por lo tanto se rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".
"Establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa, e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales", agrega el texto difundido ayer. El Gobierno brasileño -que hace pocas semanas mantuvo una polémica con el de España por el trato a sus ciudadanos en ese país- también expresó su descontento con el endurecimiento de las medidas y se sumó así a manifestaciones de rechazo a la norma pronunciadas por Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y Ecuador.
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