Las ofertas de la "semana de la obra pública"

Como si la Provincia fuera una suerte de gigantesco corralón, junio comenzó en Tucumán con lo que podría denominarse "la semana de la obra pública", plena en ofertas para cualquiera que no sea un ciudadano común.
La Legislatura, en su última sesión, fue la encargada de establecer los beneficios que, previamente, se encargó de anunciar el gobernador. Coherentemente, será la propia Cámara la que entregue las cuponeras el lunes, en su Presidencia, para que algunas constructoras puedan disfrutar de las tremendas ventajas sancionadas.
Para empezar, se facultó al Ejecutivo a fin de que disponga de los mecanismos para hacer efectiva la redeterminación del valor de la obra pública. Sin un parámetro de más, sin una generalidad de menos. Desde la Casa de Gobierno se recalcularán costos, según su leal saber y entender lo recomienden, y se pagará la diferencia. O sea, "habrá premios sorpresa".
Pero parece que con la actualización no alcanza. Entonces también se pagará lo que complicadamente se llamó "adicional compensatorio extraordinario, por única vez y con carácter excepcional". En términos legales, se trata de abonar un extra a obras ya adjudicadas o en construcción. El plus será del 1,7% del valor para los de 2007; y del 4% para los de 2008. En términos reales, establecieron un fondo de $ 25 millones para distribuir entre contratistas: esa es la cifra que el Gobierno puede erogar por estos "adicionales". O sea, "en Tucumán, los certificados de obra valen más".
Estos $ 25 millones se tornan más llamativos, además, cuando se los contrasta con datos de la Cámara Tucumana de la Construcción, la cual informó que el Estado adeuda $ 50 millones. Es decir, ese es el monto en obras aún no canceladas. Si todos esos trabajos fueran de este año (aunque según fuentes privadas, los grifos del Gobierno para el pago a las constructoras fueron cerrados hacia noviembre pasado), y recibieran sólo los adicionales del 4%, el total arrojaría $ 2 millones. Pero la Legislatura autorizó al Gobierno a mantener estos agregados "hasta la finalización de los trabajos". De modo que, técnicamente, hay $ 23 millones para repartir durante lo que queda de este año. O sea, "gira la rueda de la fortuna".
No hay que olvidar la condonación de las multas por demoras en la ejecución de obras, que incluyen la devolución de recursos a quienes ya las abonaron. Es decir, las empresas que fueron penadas por violar plazos pactados no sólo no pagarán, sino que ahora ganarán más por esas obras que no entregaron cuando debían. O sea, "si perdés, ganás".
Y hay más. Desde el Ejecutivo, que proyectó estos adicionales (y que en breve debe redeterminar los precios de la obra pública), se confiesa que a las empresas les están reconociendo, en todas estas compensaciones, índices de inflación superiores a los declarados oficialmente. Lo dijo el titular del Ejecutivo a la prensa: "el Estado se hará cargo de un índice mayor de inflación, adelantando los recursos con fondos del Banco Tucumán".
Opera, aquí, el reconocimiento de que en el Estado hay una realidad y un discurso para los hijos de vecinos, según los cuales la inflación anual no llega al 9%, valor sobre el cual los tucumanos deben negociar aumentos salariales o actualizaciones de deudas de las que son acreedores. Y hay otra realidad y otro discurso para quienes hacen negocios con el poder, a quienes sí les admiten otros parámetros.
Esta escisión serviría, a los efectos clínicos, para declarar la psicosis del Estado. A los fines legales, el diagnóstico es tanto o más grave. Implica la abrogación del artículo 16 de la Constitución nacional ("todos sus ciudadanos -los de la Argentina- son iguales ante la ley"). Y también plantea una cuestión que parece pasar inadvertida: ¿por qué el Estado va a pagar más de lo que debe pagar? ¿por qué sí la estadística del Indec fija determinados valores, aquí el Gobierno decidió "hacerse cargo" de "índices mayores"? Porque no hablamos de patrimonios privados sino de fondos públicos, de la plata del pueblo. Sin embargo, la eternización de la discrecionalidad ha desnaturalizado hasta tal punto ciertos criterios básicos (como el de que el Estado debe ser el primero en respetar sus reglas) que, coherentemente, resulta natural que se decida pagar ignorando las pautas oficiales. O sea, "precios más altos garantizados".

Villa Carmela, la céntrica
La "semana de la obra pública" fue completa: se conoció durante su transcurso el sobreseimiento en primera instancia del subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Luis Bontempo, en una causa por el presunto desvío de fondos por emprendimientos habitacionales. Cabe precisar que se trata de una nulidad procesal que mantiene vigente la denuncia y la imputación delictual. En esa causa, el requerimiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación también consignaba la presunta existencia de sobreprecios en la obra pública tucumana.
En el apartado "La probable malversación de caudales públicos en Tucumán y la supuesta estafa al Estado Nacional", se consigna una actuación del Tribunal de Cuentas en la obra "103 viviendas e infraestructura en Villa Carmela I". Allí se detalla que el precio final por vivienda de 49,2 m2, según el IPVDU, es de $ 44.297, "o sea, $ 900 por m2, sin piso, sin revoque fino interior, sin puntura interior" (foja 19). A esto hay que agregar gastos por equipamiento: "gastos generales", 15%; y "utilidad", 10% (foja 24). Esto sólo ya lleva el precio del m2, por simple operación matemática, a $ 1.125. Pero a eso hay que agregar el costo por infraestructura: agua potable, cloacas, red vial, red eléctrica y desagües. Su impacto no fue consignado porque los proyectos correspondientes, en el barrio en cuestión, aún no habían sido presentados (foja 23).
Estos, por cierto, eran los costos de 2005: se les deben aplicar las consecuentes actualizaciones. De allí que fuentes profesionales aseguren que no debe descartarse que hoy se pueda cobrar, en algunos emprendimientos habitacionales del Estado, unos $ 1.900 por m2. Con un margen de error, en más o en menos, de $ 10. En contraste, un proyecto privado que se lleva adelante actualmente en el microcentro, tiene un costo escasamente inferior a los $ 1.400 por m2, IVA incluido. Y se entrega con piso, revoque, pintura y hasta la paquetería del cielo raso.
Claro está, el inversor privado primero construye y luego vende, de modo que soporta la inversión y gana al final. Con los trabajos para el Estado el riesgo es varias veces menor: se construye por etapas, que se cobran a medida que son concretadas.
Todos estos antecedentes permiten afirmar que la obra pública es un gran negocio en Tucumán: goza de valores monetarios, de facilidades legales, de adicionales especiales y -en breve- de redeterminaciones de precios, que la convierten en una actividad rentable? mientras el Estado paga.

Otras distribuciones
Justamente, la democracia pavimentadora, en su "semana de la obra pública", se encargó de demostrar que no está dispuesta a que esta maquinaria se detenga. Además de las ofertas para "relanzar" la obra pública, se apresta a tomar préstamos internacionales por hasta 32 millones de dólares, para trabajos de infraestructura en los municipios. O sea: ni noticias del anuncio presidencia sobre distribución de la riqueza.
La Nación informó que terminó 2007 con una recaudación récord: prácticamente, $ 200.000 millones. Y se vanaglorió de cerrar ese año con un superávit fiscal primario de $ 25.670 millones, que equivale al 3,2% del PBI, lo cual superó la estimación fijada en el Presupuesto 2007, que era del 3,14%. Gracias a esta bonanza, decidieron instalar un tren bala de 4.000 millones de dólares, que conecte a Córdoba, a Rosario y a Buenos Aires, porque viajar por las autopistas que ya tienen es incómodo. Y a Alstom, la empresa a la que le encargaron a dedo la concreción del proyecto (es investigada en Europa por el presunto pago de 200 millones de dólares en coimas en América y Asia para obtener obras públicas), decidieron darle un adelanto de $ 2.100 millones.
Ahora bien, si Tucumán va a necesitar $ 100 millones para darles agua potable y cloacas a los vecinos del interior, que se endeude con la banca internacional.
Pero las autoridades provinciales pregonan las bondades de la Nación por los trabajos que financian para Tucumán. El último anuncio faraónico fue el plan "Norte Grande": la totalidad de sus obras para la provincia representan, apenas, la treceava parte de lo que insumirá, únicamente, el tren de alta velocidad.
Se ve, poco importa. Eso demostró el oficialismo en la Legislatura, esa que decidió que su futuro edificio no será licitado, como tampoco sus materiales ni la asistencia profesional. La Cámara no sólo avaló la toma del préstamo internacional: además, dio autorización genérica al Gobierno para que siga endeudándose en dólares en el futuro, sin consulta parlamentaria, con la única condición que esos créditos sean "similares" al que acaban de promover. Esta conducta, habrá que reconocer, no deja de tener cierta coherencia: tras las ofertas de la "semana de la obra pública", era de esperar que sólo quedaran saldos y retazos de institucionalidad.
Eso sí, a cambio de desguazar así las facultades del Poder Legislativo, esta vez no se insultaron ni se denunciaron. La situación enfrenta a los tucumanos a una disyuntiva perversa: no se sabe si era mejor antes, cuando no legislaban porque se andaban denunciando de amenazas y trompadas; o ahora, cuando avalan todos los antojos del Gobierno, pero con urbanidad. Una cosa si es segura: si todas las opciones son malas esto es porque, finalmente, advino la Era de lo Peor.