Sin solución a corto plazo

BUENOS AIRES.- La solución de la crisis del campo, que ya llega a los tres meses, no se dará en el corto plazo. Es que el gobierno que encabeza Cristina Fernández está decidido a mantenerse firme en su postura de no retroceder en las medidas que provocaron el conflicto.
Las expectativas generadas a partir de la decisión agraria de no renovar el paro a la espera de un llamado oficial y las esperanzas puestas por el campo en la reunión convocada para mañana por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, no tendrán un correlato inmediato en los hechos.
Por un lado, según confirmaron  desde la Casa Rosada, se resolvió no concurrir a la audiencia convocada por Mondino por entender que “carece de legitimidad ya que el gobierno no es contraparte en el conflicto”. “Hay un sector que realiza un reclamo y hay un Estado que aplica políticas en aras del bien común. Por eso la convocatoria es absurda y el gobierno no irá”, afirman desde Balcarce 50.
Respecto a la posibilidad de un llamado oficial al diálogo a partir mañana, cuando cesen las medidas de fuerza, desde la administración nacional se adelantó que no será inmediato.
“Primero hay que esperar a que se normalicen los daños colaterales producidos por la protesta, como el normal abastecimiento de insumos esenciales”, sostienen.
En los hechos, esto implica que durante por lo menos dos o tres días se analizará como evoluciona la situación y recién allí se evaluará cuándo se convoca al campo. Pero ese llamado, afirman desde el entorno de la Presidenta, no será para discutir sólo los reclamos del campo sino para evaluar la Agenda del Bicentenario.
“En unos días, con absoluta generosidad, el Gobierno los va a atender para discutir la Agenda del Bicentenario, donde se abordarán todos los temas que afectan a los sectores agropecuarios y también las retenciones”, adelantan. Y advierten: “Mientras tanto las medidas siguen vigentes”.
Un llamado de estas características no sería bien recibido por el campo, que aspira a discutir las retenciones móviles como centro de sus reclamos. Esta especie de diálogo de sordos ya fracasó en los casi 90 días que lleva la protesta. Si algo quedó claro en los últimos días es que el conflicto no se solucionará fácilmente.
Se percibió en las actitudes del oficialismo, que dilapidó gestos en ese sentido, pero también en el campo, donde cada vez con más fuerza la dirigencia es superada por sus bases. Las entidades agrarias se pusieron al frente de una protesta que, en los hechos, se le fue de las manos y ya no controlan.
Sin embargo, es a la administración que conduce Cristina Fernández a la que le cabe la mayor responsabilidad en la prolongación del conflicto por ser el gobierno de todos los argentinos y no sólo de un sector. Su mayor responsabilidad radica en la falta de imaginación para poner un punto final a una crisis que se inició por una decisión adoptada sin el tacto necesario, en forma inconsulta. Un modo de gestionar que rindió frutos durante cinco años pero que, una vez finalizada esta crisis, difícilmente pueda volver a ser puesta en práctica.
Todas las acciones que emprendió estuvieron destinadas a desgastar al campo.
En ese marco, la decisión de la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias de no renovar el paro a partir de mañana, adoptada tras arduas horas de debate interno, no parece augurar un desenlace rápido de la crisis.
Las imágenes de los cortes de ruta, de los propios ruralistas y de los transportistas, el fantasma del desabastecimiento y la leche derramada en las rutas parecieron afectar más a las entidades del campo.
Los llamados urgentes al cese en la confrontación y al diálogo formulados por la Iglesia y el gobernador santafesino Hermes Binner, entre otros, fueron recogidos rápidamente por la dirigencia rural. El gobierno, en tanto, no dio señales de convocatorias, diálogos o cambios en las medidas que iniciaron el conflicto. Algunos en la Casa Rosada parecieron “olfatear debilidad” en la rapidez con la que el campo decidió no continuar con las medidas de fuerza y en la ansiedad con la que se aferraron de la variante que introdujo Mondino.
En medio de tanto río revuelto, en los últimos días aparecieron distintos actores que intentaron poner un poco de cordura. De ellos, la Iglesia fue la más importante. La misma Iglesia con la que la administración Kirchner mantuvo un enfrentamiento desde sus primeros días, ya sea por su papel en la dictadura o por sus críticas a la falta de políticas para enfrentar la pobreza a la que considera “escandalosa”. Y fue la máxima autoridad eclesiástica argentina, el cardenal Jorge Bergoglio, el que encabezó una reunión extraordinaria del Episcopado para analizar propuestas que contribuyan a alcanzar la paz social.
Bergoglio no es bien visto en las altas esferas del gobierno. Pero representa un sector importante de la sociedad. Y de la reunión que encabezó el prelado surgieron palabras que aportaron una cuota de sensatez al conflicto.
“No es propio de los poderes públicos empeñarse como parte en los conflictos, sino abocarse a su solución como principales responsables del bien común”, fue el mensaje hacia el Gobierno. “Aunque hubieran reclamos justos, no es en las calles ni en las rutas donde solucionaremos nuestros problemas”, fue la señal hacia el campo.
Por ello reclamó que la Presidenta convoque con urgencia a un diálogo transparente y constructivo con los dirigentes rurales. Sin ofrecerse como mediadora, la Iglesia intentó poner las cosas en su lugar.
Pero desde el gobierno el mensaje se tomó como un desafío. “Pedirle un gesto a la Presidenta es casi irrespetuoso”, replicó el ministro de Justicia Aníbal Fernández.
Similares pedidos de tranquilidad fueron formulados por dirigentes de la comunidad judía, el ex presidente Raúl Alfonsín y por partidos políticos. El gobernador Binner, también aportó lo suyo. Luego de reunirse con los dirigentes agropecuarios, pidió que se levanten los cortes y que se convoque al diálogo.
De todos los mediadores surgidos en los últimos días, es a Binner al único que Cristina Fernández recibirá. Será el martes en Gobierno.
Pero las señales que dio el gobierno no auguran una posición conciliadora. El mismo día que la Iglesia formuló su pronunciamiento, Néstor Kirchner reunió al plenario del peronismo para encolumnarlo detrás de su esposa. Allí el ex presidente mantuvo su estrategia de responsabilizar al campo de lo que pasa, cuestionó a la Iglesia y pidió respaldo para la Presidenta.
Está claro que Kirchner ve en esto un desafío al poder presidencial. Cree que si su esposa cede en este conflicto, le será imposible gobernar los próximos años. Cristina también azuzó al campo, al que volvió a incluir en sus discursos. Criticó a los pooles de siembra, desde Roma, y atacó a los que realizan el paro, desde Argentina. “Sólo aquellos que ganaron mucha renta pueden darse el lujo de estar 90 días sin trabajar”.
Las palabras que se pronunciaron desde la Iglesia parecen ser las que debieran primar por estas horas: “La persistencia misma del conflicto y la aparente imposibilidad de resolverlo constituyen un signo de debilidad institucional".