29 Mayo 2008
Ningún magistrado, fiscal, defensor oficial o funcionario judicial de ley recurrió aún a la línea de crédito que habilitó la Caja Popular de Ahorros para que puedan saldar diferencias de aportes con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y poder iniciar los trámites jubilatorios.
El sistema de préstamos, a bajas tasas y pagadero hasta en 124 cuotas, comenzó a regir a mediados de febrero y vencerá mañana, luego de haber sido prorrogado a principios de mes. Pese a los más de 100 días de vigencia, no logró el efecto que se había buscado. En eso pudo haber influido las dificultades que hubo para determinar -en cada caso- lo que cada agente adeuda al fisco. Esto es fundamental para definir el monto del crédito que se puede solicitar a la Caja Popular.
Para la operatoria, la Caja afectó $ 3,7 millones, de manera de que jueces y funcionarios puedan liquidar diferencias y acceder a los beneficios del 82% móvil, que prevé la Ley nacional 24.018.
Hasta el momento, además del ex vocal de la Corte Suprema de Justicia Héctor Eduardo Area
Maidana, sólo una magistrada, Marta Elvira Gandur de Brito, concluyó los trámites jubilatorios.
Cerca de 80 agentes, entre magistrados y funcionarios, están tramitando el retiro. Lo más complicado es la determinación del pasivo de cada uno con la Anses, porque históricamente a ellos les practicaron descuentos previsionales a partir de porcentajes inferiores a los de los jueces nacionales, a los que ahora quedaron equiparados en beneficios y exigencias. En el cálculo intervienen la Secretaría de Hacienda y la AFIP, en su carácter de administradora de los fondos de la seguridad social.
De acuerdo con la Ley 8.060, quienes accedan al crédito de la Caja pagarán una tasa de interés que no podrá superar la que pague el Banco Nación por los depósitos en pesos en plazos fijos de 30 días.
Análisis de la situación
LA GACETA consultó al interventor de la Caja, Mario Koltan, sobre la situación. “Esperamos que se cumpla el plazo (en teoría vence mañana, porque el 31 es domingo), pero hasta ahora nadie pidió nada”, admitió en una entrevista.
- ¿Por qué no fue atractivo el crédito?
- Desconozco. La verdad es que no sabría qué responderle. En esta intervención, no llegó ningún expediente para acogerse al régimen.
- ¿Se puede volver a prorrogar el vencimiento?
-El régimen y la prórroga fueron otorgados por la Legislatura, cuando se definió el mecanismo. Estamos atentos y a la espera de ver cómo sigue el proceso. La Caja sólo cumple la normativa sancionada.
- ¿La posible ampliación del plazo depende de un pedido de la Caja, del Poder Judicial o del PE?
-En principio debe surgir de un acuerdo entre los tres poderes del Estado, si es que lo consideran necesario. Hasta ahora no tenemos ninguna información al respecto, y excede la capacidad de decisión de la institución considerar si es o no conveniente una nueva prórroga.
El sistema de préstamos, a bajas tasas y pagadero hasta en 124 cuotas, comenzó a regir a mediados de febrero y vencerá mañana, luego de haber sido prorrogado a principios de mes. Pese a los más de 100 días de vigencia, no logró el efecto que se había buscado. En eso pudo haber influido las dificultades que hubo para determinar -en cada caso- lo que cada agente adeuda al fisco. Esto es fundamental para definir el monto del crédito que se puede solicitar a la Caja Popular.
Para la operatoria, la Caja afectó $ 3,7 millones, de manera de que jueces y funcionarios puedan liquidar diferencias y acceder a los beneficios del 82% móvil, que prevé la Ley nacional 24.018.
Hasta el momento, además del ex vocal de la Corte Suprema de Justicia Héctor Eduardo Area
Maidana, sólo una magistrada, Marta Elvira Gandur de Brito, concluyó los trámites jubilatorios.
Cerca de 80 agentes, entre magistrados y funcionarios, están tramitando el retiro. Lo más complicado es la determinación del pasivo de cada uno con la Anses, porque históricamente a ellos les practicaron descuentos previsionales a partir de porcentajes inferiores a los de los jueces nacionales, a los que ahora quedaron equiparados en beneficios y exigencias. En el cálculo intervienen la Secretaría de Hacienda y la AFIP, en su carácter de administradora de los fondos de la seguridad social.
De acuerdo con la Ley 8.060, quienes accedan al crédito de la Caja pagarán una tasa de interés que no podrá superar la que pague el Banco Nación por los depósitos en pesos en plazos fijos de 30 días.
Análisis de la situación
LA GACETA consultó al interventor de la Caja, Mario Koltan, sobre la situación. “Esperamos que se cumpla el plazo (en teoría vence mañana, porque el 31 es domingo), pero hasta ahora nadie pidió nada”, admitió en una entrevista.
- ¿Por qué no fue atractivo el crédito?
- Desconozco. La verdad es que no sabría qué responderle. En esta intervención, no llegó ningún expediente para acogerse al régimen.
- ¿Se puede volver a prorrogar el vencimiento?
-El régimen y la prórroga fueron otorgados por la Legislatura, cuando se definió el mecanismo. Estamos atentos y a la espera de ver cómo sigue el proceso. La Caja sólo cumple la normativa sancionada.
- ¿La posible ampliación del plazo depende de un pedido de la Caja, del Poder Judicial o del PE?
-En principio debe surgir de un acuerdo entre los tres poderes del Estado, si es que lo consideran necesario. Hasta ahora no tenemos ninguna información al respecto, y excede la capacidad de decisión de la institución considerar si es o no conveniente una nueva prórroga.
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