27 Mayo 2008
Santiago de Chile. - La Justicia chilena dictó un histórico procesamiento contra 98 ex agentes militares y civiles de la otrora temida policía secreta de la dictadura (1973-90). La orden judicial constituye la medida más masiva contra ex represores, en un país donde unos 650 violadores de derechos humanos están hoy condenados o procesados en más de 3.000 casos de desapariciones y de asesinatos de opositores al régimen que lideró el general Augusto Pinochet.
Hasta ahora, el máximo tribunal ratificó la mayoría de las condenas emitidas por los tribunales de primera instancia. El abogado querellante del Ministerio del Interior, Boris Paredes, sostuvo que el dictamen muestra el compromiso con los derechos humanos del gobierno de la presidenta socialista, Michelle Bachelet, una ex presa política. Los procesamientos comenzaron a ser notificados ayer mismo a los otrora jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acusados por el juez Victor Montiglio de coordinar una acción comunicacional en la Argentina y en Brasil para encubrir el asesinato de 119 opositores al gobierno de facto.
El arma de la mentira
La “Operación Colombo” consistió en una “acción de desinformación” diseñada para explicar la muerte de 119 detenidos desaparecidos, como el resultado de enfrentamientos entre ellos mismos, en la Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, México y Francia. Entre los acusados figura el ex titular de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el ex general Manuel Contreras, que alguna vez reconoció el exterminio de cientos de opositores, además de desayunar todos los días con Pinochet. También sus más estrechos colaboradores fueron procesados. Ellos son el subdirector de la DINA, el ex brigadier Pedro Espinoza; el jefe de operaciones internacionales, Raúl Iturriaga; y el general César Manríquez, subsecretario de Guerra. Todos ellos están condenados y presos por otras causas.
El abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, dijo que el proceso se basa en una ficción jurídica, señalando que todos saben que los desaparecidos están muertos y que no es posible juzgar a su defendido por el delito de secuestro permanente, debido a que no están los cadáveres. Los otros procesamientos incluyen a 40 ex miembros del Ejército, 30 ex carabineros, 10 ex policías civiles y dos ex marinos, además de ex miembros de la Fuerza Aérea y civiles, e incluso los porteros de los centros clandestinos de detención de la DINA.
“Es un paso extraordinariamente positivo a favor de la justicia”, dijo la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García. “Es un ejemplo”, insistió. Sin embargo, la dirigenta recalcó que aún “quedan muchos otros casos” por ser esclarecidos. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, calificó aquellas acciones represivas como repugnantes y advirtió que los inculpados iniciarán una batalla legal ante la Corte Suprema de Justicia para intentar recuperar su libertad. (DPA)
Hasta ahora, el máximo tribunal ratificó la mayoría de las condenas emitidas por los tribunales de primera instancia. El abogado querellante del Ministerio del Interior, Boris Paredes, sostuvo que el dictamen muestra el compromiso con los derechos humanos del gobierno de la presidenta socialista, Michelle Bachelet, una ex presa política. Los procesamientos comenzaron a ser notificados ayer mismo a los otrora jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acusados por el juez Victor Montiglio de coordinar una acción comunicacional en la Argentina y en Brasil para encubrir el asesinato de 119 opositores al gobierno de facto.
El arma de la mentira
La “Operación Colombo” consistió en una “acción de desinformación” diseñada para explicar la muerte de 119 detenidos desaparecidos, como el resultado de enfrentamientos entre ellos mismos, en la Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá, México y Francia. Entre los acusados figura el ex titular de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el ex general Manuel Contreras, que alguna vez reconoció el exterminio de cientos de opositores, además de desayunar todos los días con Pinochet. También sus más estrechos colaboradores fueron procesados. Ellos son el subdirector de la DINA, el ex brigadier Pedro Espinoza; el jefe de operaciones internacionales, Raúl Iturriaga; y el general César Manríquez, subsecretario de Guerra. Todos ellos están condenados y presos por otras causas.
El abogado de Espinoza, Jorge Balmaceda, dijo que el proceso se basa en una ficción jurídica, señalando que todos saben que los desaparecidos están muertos y que no es posible juzgar a su defendido por el delito de secuestro permanente, debido a que no están los cadáveres. Los otros procesamientos incluyen a 40 ex miembros del Ejército, 30 ex carabineros, 10 ex policías civiles y dos ex marinos, además de ex miembros de la Fuerza Aérea y civiles, e incluso los porteros de los centros clandestinos de detención de la DINA.
“Es un paso extraordinariamente positivo a favor de la justicia”, dijo la vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García. “Es un ejemplo”, insistió. Sin embargo, la dirigenta recalcó que aún “quedan muchos otros casos” por ser esclarecidos. Por su parte, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, calificó aquellas acciones represivas como repugnantes y advirtió que los inculpados iniciarán una batalla legal ante la Corte Suprema de Justicia para intentar recuperar su libertad. (DPA)
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