28 Marzo 2008
BUENOS AIRES.- La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre haría hoy lugar a un pedido de “no innovar” sobre la situación del campo y retrotraería la situación al 10 de marzo pasado, cuando aún no habían sido aumentadas las retenciones.
Así lo adelantaron fuentes judiciales, que precisaron que la magistrada dispuso ayer que la entidad denunciante, la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), acompañe documentación suplementaria a su pedido de amparo y le requirió opinión a la fiscalía que entiende en el expediente. Con esos elementos en su poder estará en condiciones de resolver si hace lugar o no al pedido de la entidad empresarial, con lo cual podría, mediante la vía judicial, destrabar el conflicto que no halla de momento canalización por la vía política.
Precisamente sobre esa faceta del conflicto están apuntadas las miradas desde la Justicia, especialmente en el fuero penal, en el que ya hay varias presentaciones realizadas a favor y en contra de las actitudes derivadas por una y otra parte a raíz de las retenciones.
El juez federal Sergio Torres recibió la denuncia efectuada en la víspera por el abogado Eduardo Barcesat contra lo que denominó el “lock out del agro”, pidiendo su suspensión inmediata y la reanudación de la provisión de alimentos a los comercios de los centros urbanos. “Este es un problema político y se tiene que resolver políticamente. No puede ser que no se pongan de acuerdo y busquen que la Justicia haga lo que las partes no son capaces de hacer civilizadamente”, dijo una fuente judicial. Mientras, el consultor de negocios Jorge Zatloukal amplió la denuncia que había hecho ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas contra el ministro de Economía, Martín Lousteau. (DyN)
Así lo adelantaron fuentes judiciales, que precisaron que la magistrada dispuso ayer que la entidad denunciante, la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), acompañe documentación suplementaria a su pedido de amparo y le requirió opinión a la fiscalía que entiende en el expediente. Con esos elementos en su poder estará en condiciones de resolver si hace lugar o no al pedido de la entidad empresarial, con lo cual podría, mediante la vía judicial, destrabar el conflicto que no halla de momento canalización por la vía política.
Precisamente sobre esa faceta del conflicto están apuntadas las miradas desde la Justicia, especialmente en el fuero penal, en el que ya hay varias presentaciones realizadas a favor y en contra de las actitudes derivadas por una y otra parte a raíz de las retenciones.
El juez federal Sergio Torres recibió la denuncia efectuada en la víspera por el abogado Eduardo Barcesat contra lo que denominó el “lock out del agro”, pidiendo su suspensión inmediata y la reanudación de la provisión de alimentos a los comercios de los centros urbanos. “Este es un problema político y se tiene que resolver políticamente. No puede ser que no se pongan de acuerdo y busquen que la Justicia haga lo que las partes no son capaces de hacer civilizadamente”, dijo una fuente judicial. Mientras, el consultor de negocios Jorge Zatloukal amplió la denuncia que había hecho ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas contra el ministro de Economía, Martín Lousteau. (DyN)
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