04 Marzo 2008
De acuerdo con una reciente información, estalló un nuevo escándalo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de la venta ilegal de pasajes aéreos, realizada al parecer por la Oficina de Coordinación de Vuelos, dependiente de la Cancillería, y encargada de coordinar los viajes de todos los funcionarios nacionales. Según una investigación periodística, a la que nos referimos en nuestra edición de ayer, por lo menos dos funcionarios habrían montado una oficina virtual, paralela a la citada, en ese Ministerio. De ese modo se vendían pasajes a particulares y se los facturaba como si viajaran en misión oficial al exterior. Se emitían desde un correo electrónico y no desde el sitio oficial. Para estas operaciones, usaban recursos del Estado y, según la investigación, se pagaban algunos pasajes con un “ajuste contable”, consistente en no registrar devoluciones de boletos no usados, mientras se quedaban con el efectivo de los particulares.
Como se sabe, no es la primera vez que se registran en la Cancillería operaciones marginales. Fresco está en la memoria de todos el caso de la venta de autos diplomáticos, todavía en curso de investigación, y que determinó ya el alejamiento de dos funcionarios.
Se trata, como cualquiera lo advierte, de una nueva expresión de ese fenómeno contemporáneo que afecta en mayor o menor medida a todos los países, y que es la corrupción. Es decir, los agentes del Estado que utilizan la función que desempeñan para consumar negocios particulares. Es sabido que esa corrupción no tiene límites en materia de audacia, como lo mostraron varios escándalos de los años recientes. Por ejemplo, la existencia de aquella “mesa de dinero” que funcionarios corruptos operaban en el propio Senado de la Nación.
Sin duda que tales desbordes delictivos deberán ser investigados a fondo por la Justicia, a fin de establecer las correspondientes responsabilidades civiles y penales. De más está decir que la pertinente investigación deberá tener la profundidad suficiente para detectar la totalidad de los implicados en el hecho. Ya se sabe que si los delitos pueden producirse, es porque existe una larga cadena de acciones y de omisiones que los posibilitan y facilitan.
Pero al mismo tiempo, el ciudadano común no puede dejar de mostrarse estupefacto frente a situaciones como estas, que se registran en organismos encargados de manejar recursos del Estado. Y se pregunta también si no existirán otros delitos, que hasta ahora tienen la suerte de no haber sido descubiertos. Parece difícil no dejarse invadir por el desaliento, frente a la evidencia de que hay quienes lucran de ese modo con el cargo y con el erario público.
Puede aducirse que las conductas ilegales se pueden producir en cualquier ámbito, y que lo importante es que puedan detectarse y sancionarse debidamente. Pero nunca se insistirá demasiado en la necesidad de que funcionen los controles, indispensables para que hechos de esa índole no puedan llevarse a cabo. Es en ese punto donde debiera agudizarse la atención de las autoridades responsables. Los mecanismos respectivos debieran actualizarse al máximo posible. Esto sin descartar una reforma integral del sistema que, como este caso lo está mostrando, no parece funcionar como es debido.
En tal orden de ideas, debe preverse que los controles se realicen a cargo del personal realmente idóneo en cada materia, y con la máxima asiduidad posible. Sólo de esa manera, y entrecruzando datos en forma continua, se podría evitar que, de tanto en tanto, nos asombren delitos de singular importancia económica, perpetrados desde posiciones oficiales de alta responsabilidad. Conviene dar al asunto la preocupación que corresponde.
Como se sabe, no es la primera vez que se registran en la Cancillería operaciones marginales. Fresco está en la memoria de todos el caso de la venta de autos diplomáticos, todavía en curso de investigación, y que determinó ya el alejamiento de dos funcionarios.
Se trata, como cualquiera lo advierte, de una nueva expresión de ese fenómeno contemporáneo que afecta en mayor o menor medida a todos los países, y que es la corrupción. Es decir, los agentes del Estado que utilizan la función que desempeñan para consumar negocios particulares. Es sabido que esa corrupción no tiene límites en materia de audacia, como lo mostraron varios escándalos de los años recientes. Por ejemplo, la existencia de aquella “mesa de dinero” que funcionarios corruptos operaban en el propio Senado de la Nación.
Sin duda que tales desbordes delictivos deberán ser investigados a fondo por la Justicia, a fin de establecer las correspondientes responsabilidades civiles y penales. De más está decir que la pertinente investigación deberá tener la profundidad suficiente para detectar la totalidad de los implicados en el hecho. Ya se sabe que si los delitos pueden producirse, es porque existe una larga cadena de acciones y de omisiones que los posibilitan y facilitan.
Pero al mismo tiempo, el ciudadano común no puede dejar de mostrarse estupefacto frente a situaciones como estas, que se registran en organismos encargados de manejar recursos del Estado. Y se pregunta también si no existirán otros delitos, que hasta ahora tienen la suerte de no haber sido descubiertos. Parece difícil no dejarse invadir por el desaliento, frente a la evidencia de que hay quienes lucran de ese modo con el cargo y con el erario público.
Puede aducirse que las conductas ilegales se pueden producir en cualquier ámbito, y que lo importante es que puedan detectarse y sancionarse debidamente. Pero nunca se insistirá demasiado en la necesidad de que funcionen los controles, indispensables para que hechos de esa índole no puedan llevarse a cabo. Es en ese punto donde debiera agudizarse la atención de las autoridades responsables. Los mecanismos respectivos debieran actualizarse al máximo posible. Esto sin descartar una reforma integral del sistema que, como este caso lo está mostrando, no parece funcionar como es debido.
En tal orden de ideas, debe preverse que los controles se realicen a cargo del personal realmente idóneo en cada materia, y con la máxima asiduidad posible. Sólo de esa manera, y entrecruzando datos en forma continua, se podría evitar que, de tanto en tanto, nos asombren delitos de singular importancia económica, perpetrados desde posiciones oficiales de alta responsabilidad. Conviene dar al asunto la preocupación que corresponde.
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