01 Marzo 2008
La Corte Suprema de Justicia de la provincia perdió una impagable oportunidad para recuperar prestigio delante de la sociedad y, puertas adentro, para reconciliarse con magistrados, funcionarios y empleados.
Durante las últimas dos semanas, el alto tribunal experimentó quizás uno de los mayor desgaste de la década, a raíz de una acordada (la Nº 972) que fue dictada curiosamente el penúltimo día hábil judicial de 2007, cuando el año ya estaba terminado.
El principio de autoridad quedó socavado hasta extremos otrora impensables en una estructura tan flemática. Los vocales tuvieron que soportar que los magistrados (en teoría sus pares) los emplazaran prácticamente con habilitación de día y hora para que les contestaran -encima por escrito- si iban a revocar o anular la acordada Nº 972. Peor aún: debieron tolerar que los funcionarios, luego de curiosas idas y vueltas, se decidieran a calificar de descabelladas, injustas y discriminatorias las recategorizaciones selectivas dispuestas por la acordada, que, además, con tono freudiano, rebajaron de acto administrativo a acto fallido. Eso sin contar el espectáculo de empleados jugando a la “pilladita” con el secretario de Superintendencia.
El lunes, desoyendo la posición de uno de los vocales, que quería retroceder, la mayoría del cuerpo se mostró inflexible y minimizó el cuadro de situación. Si lo hubieran hecho, el costo, seguramente, habría sido menor.
El apartado de la acordada que finalmente se dispusieron a revocar anoche apunta a apaciguar a empleados y a funcionarios. En la Corte conjeturan que los magistrados, por más que pueda molestarles que los relatores del alto tribunal estén equiparados salarialmente con ellos, tienen poca capacidad de reacción. Erróneamente, parecieran seguir pensando que se trata de una discusión salarial y no de una institucional: lo que está en juego es que haya más transparencia para que, por ejemplo, las acordadas figuren en internet, se seleccione personal en función del mérito y no se critique a vocales por firmar acordadas que benefician incluso a parientes.
Durante las últimas dos semanas, el alto tribunal experimentó quizás uno de los mayor desgaste de la década, a raíz de una acordada (la Nº 972) que fue dictada curiosamente el penúltimo día hábil judicial de 2007, cuando el año ya estaba terminado.
El principio de autoridad quedó socavado hasta extremos otrora impensables en una estructura tan flemática. Los vocales tuvieron que soportar que los magistrados (en teoría sus pares) los emplazaran prácticamente con habilitación de día y hora para que les contestaran -encima por escrito- si iban a revocar o anular la acordada Nº 972. Peor aún: debieron tolerar que los funcionarios, luego de curiosas idas y vueltas, se decidieran a calificar de descabelladas, injustas y discriminatorias las recategorizaciones selectivas dispuestas por la acordada, que, además, con tono freudiano, rebajaron de acto administrativo a acto fallido. Eso sin contar el espectáculo de empleados jugando a la “pilladita” con el secretario de Superintendencia.
El lunes, desoyendo la posición de uno de los vocales, que quería retroceder, la mayoría del cuerpo se mostró inflexible y minimizó el cuadro de situación. Si lo hubieran hecho, el costo, seguramente, habría sido menor.
El apartado de la acordada que finalmente se dispusieron a revocar anoche apunta a apaciguar a empleados y a funcionarios. En la Corte conjeturan que los magistrados, por más que pueda molestarles que los relatores del alto tribunal estén equiparados salarialmente con ellos, tienen poca capacidad de reacción. Erróneamente, parecieran seguir pensando que se trata de una discusión salarial y no de una institucional: lo que está en juego es que haya más transparencia para que, por ejemplo, las acordadas figuren en internet, se seleccione personal en función del mérito y no se critique a vocales por firmar acordadas que benefician incluso a parientes.
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