El Ejecutivo y manifestantes iniciaron una instancia de diálogo

Un puente de comunicación se tendió, finalmente, entre las dos partes. Los defensores del patrimonio arquitectónico de la provincia, por un lado; quienes pretenden venderlos, por el otro. El PE decidió ayer, por intermedio del fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres, abrir una mesa de diálogo con los referentes que encabezan las protestas por la conservación de edificios centenarios. Sassi Colombres, junto con el fiscal adjunto, Pedro Giudice, recibieron ayer, en el palacio gubernamental, a Juan Carlos Correa Dupuy, representante de los ciudadanos autoconvocados, y a Julio Colombres, titular de la Federación Económica de Tucumán (FET).
En una breve -aunque expeditiva- reunión (duró unos 30 minutos), las partes acordaron concretar un relevamiento para constatar la condición edilicia, particularmente del edificio de Rentas, y así presentar propuestas de ambas fracciones. Este es uno de los seis inmuebles que fueron desafectados del Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos, mediante la Ley provincial 7.990.
El Estado ya designó a Ricardo Salim, ex secretario de Cultura, como uno de los encargados de la verificación de los edificios históricos. De igual manera, la comisión impulsora de las marchas de los viernes, elegirá la semana próxima su propio especialista en materia urbanística.
"Fue una reunión de aproximación, muy amable. Se estableció un sistema de reuniones periódicas, a fin de intercambiar puntos de vista acerca de la situación de los inmuebles del patrimonio arquitectónico", contó Sassi Colombres acerca del encuentro.
Por su parte, Correa Dupuy resaltó la apertura al diálogo. "Estamos dispuestos a generar propuestas de mejoramiento. Esto es un interés de los tucumanos por los tucumanos. Por el bienestar de todos, debemos preservar el patrimonio", aseveró.
El dirigente agregó que, si bien el diálogo que mantuvieron con el fiscal de Estado acaeció en un clima ameno, le hubiese gustado escuchar una propuesta del Poder Ejecutivo para derogar la Ley 7.990.
Por su parte, Sassi Colombres explicó que la abolición de la norma es una tarea que atañe a la Legislatura. "Desde el PE no se puede hacer nada", aseguró el funcionario.

La movilización número 11
Casi cuatro horas después de esa reunión entre representantes de ambas partes, se realizó la undécima marcha en defensa del patrimonio histórico y cultural. Como ya es habitual, los manifestantes dieron dos vueltas alrededor de la plaza Independencia. En el recorrido mostraron pancartas con la consigna: "Tucumán no se vende" y "No nos vendan el pasado, nos quedaremos sin futuro".
Anoche, un sulky en el que subieron la mayoría chicos marcó el camino de la movilización y algunos manifestantes exteriorizaron su reclamo a través de un improvisado "cacerolazo".
"Cada vez somos más. Habíamos comenzado con 80 personas y luego fuimos 200 y después 500 y así seguimos siendo más, porque la moral no se vende", señaló Correa Dupuy, al pasar frente a la Casa de Gobierno.
Más tarde, el arquitecto Raimundo Rubio explicó que habían mantenido una reunión con el fiscal de Estado. "Eso significa que nos han escuchado", afirmó. Al cerrar la marcha, Clímaco de la Peña, fue el principal orador. "Dentro del Grupo Alberdi, al cual tengo el honor de pertenecer, hemos llegado a la conclusión de que esta intención de vender el patrimonio es la consecuencia de la profunda corrupción que existe en las instituciones de la provincia", denunció.
¿Confía en que tendrán una respuesta favorable del Gobierno?, se le consultó al arquitecto Rubio. "Sí. Confío, porque estamos gritando fuerte", dijo sonriente.