14 Febrero 2008
EN LITIGIO. La titularidad del inmueble está en pleito judicial desde 1977. LA GACETA / INES QUINTEROS ORIO
El oficialismo legislativo declarará hoy de utilidad pública y sujeto a expropiación el edificio en el que funcionó el ex hotel Corona, en medio de un conflicto judicial que involucra a la sucesión de Miguel Mejail y a Inmobiliaria Noroeste SA.
La sesión, que comenzará a las 8, tendrá como tema central de discusión el futuro del estratégico inmueble, emplazado en la esquina de 9 de Julio y 24 de Septiembre y cuyo valor de mercado rondaría los $ 12 millones. El proyecto de expropiación fue impulsado por el Poder Ejecutivo, que pretende instalar allí algunas dependencias de la Secretaría de Obras Públicas.
El texto que se debatirá en el recinto fue modificado en comisión, ya que en la iniciativa original se pedía que sea declarado de utilidad pública el inmueble “de propiedad de Inmobiliaria del Noroeste SA o de quien resulte ser su actual propietario”. En comisión, en tanto, se suprimió la segunda parte de ese artículo, por lo que se menciona como titular del edificio a la Inmobiliaria Noroeste SA.
Esta modificación alertó al abogado que patrocina a la familia Mejail, Daniel Erimbaue, quien se mostró sorprendido por la celeridad impuesta al tratamiento del proyecto de ley. El letrado recordó que, desde 1983, su cliente tiene una sentencia favorable respecto de la titularidad del inmueble. El fallo fue confirmado en 1987 y, a partir de 1990, se les restituyó la propiedad. Por ello, el hotel fue explotado hasta 1996. “Eso marca con claridad quién es el propietario. Nos llama la atención todo esto, porque en Fiscalía de Estado tienen conocimiento de la situación”, sostuvo. Erimbaue advirtió que, en caso de sancionarse y promulgarse la iniciativa que se debatirá hoy, pondrán en conocimiento de lo sucedido a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que solicitarán una audiencia con el gobernador, José Alperovich. “Estamos dispuestos a profundizar la vía judicial. No queremos que se avasallen los derechos de la familia Mejail”, afirmó.
En la sesión de hoy, la Legislatura también avalará una línea de créditos, a través de la Caja Popular de Ahorros y del Banco Tucumán, para que puedan jubilarse aquellas personas que tengan la edad para hacerlo pero que no cuenten con los 30 años de aportes exigidos por la ley. Se aprobarán, además, incentivos para empresas de software y de call center.
La sesión, que comenzará a las 8, tendrá como tema central de discusión el futuro del estratégico inmueble, emplazado en la esquina de 9 de Julio y 24 de Septiembre y cuyo valor de mercado rondaría los $ 12 millones. El proyecto de expropiación fue impulsado por el Poder Ejecutivo, que pretende instalar allí algunas dependencias de la Secretaría de Obras Públicas.
El texto que se debatirá en el recinto fue modificado en comisión, ya que en la iniciativa original se pedía que sea declarado de utilidad pública el inmueble “de propiedad de Inmobiliaria del Noroeste SA o de quien resulte ser su actual propietario”. En comisión, en tanto, se suprimió la segunda parte de ese artículo, por lo que se menciona como titular del edificio a la Inmobiliaria Noroeste SA.
Esta modificación alertó al abogado que patrocina a la familia Mejail, Daniel Erimbaue, quien se mostró sorprendido por la celeridad impuesta al tratamiento del proyecto de ley. El letrado recordó que, desde 1983, su cliente tiene una sentencia favorable respecto de la titularidad del inmueble. El fallo fue confirmado en 1987 y, a partir de 1990, se les restituyó la propiedad. Por ello, el hotel fue explotado hasta 1996. “Eso marca con claridad quién es el propietario. Nos llama la atención todo esto, porque en Fiscalía de Estado tienen conocimiento de la situación”, sostuvo. Erimbaue advirtió que, en caso de sancionarse y promulgarse la iniciativa que se debatirá hoy, pondrán en conocimiento de lo sucedido a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y que solicitarán una audiencia con el gobernador, José Alperovich. “Estamos dispuestos a profundizar la vía judicial. No queremos que se avasallen los derechos de la familia Mejail”, afirmó.
En la sesión de hoy, la Legislatura también avalará una línea de créditos, a través de la Caja Popular de Ahorros y del Banco Tucumán, para que puedan jubilarse aquellas personas que tengan la edad para hacerlo pero que no cuenten con los 30 años de aportes exigidos por la ley. Se aprobarán, además, incentivos para empresas de software y de call center.
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