28 Enero 2008
Empresas, industrias y domicilios particulares serán inspeccionados desde mañana por un cuerpo de 100 agentes, creado por el Gobierno para llevar adelante su programa a fin de combatir el trabajo en negro. Por cada trabajador no registrado, las firmas pagarán $ 20.000 de multa; en el caso de familias, esta será de $ 3.000 por cada empleada doméstica no declarada. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, destacó que la medida cuenta con el respaldo de los gremios porque, aseguró, la decisión del gobernador, José Alperovich, se identifica plenamente con la doctrina del peronismo. "Está diciendo que no comparte la política del derrame. Que no acuerda con la idea de que si a las clases más ricas les va bien, esa prosperidad se derramará hacia las clases bajas. Por el contrario, este programa plantea que deben estar mejor los de abajo para que, así, a todos nos vaya bien", puntualizó.
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