26 Enero 2008
El próximo martes habrá 100 inspectores de la Provincia que realizarán inspecciones, en el marco del programa oficial para combatir el empleo no registrado. Desde anoche, el Gobierno dispone ya de las herramientas legales para encarar su anunciada ofensiva contra el trabajo en negro. La Legislatura sancionó ayer la ley que prevé multas de $ 20.000 por cada empleado que se encuentre en situación irregular (además de la posibilidad de clausuras por 10 días), y de $ 3.000 en caso del servicio doméstico. Las penalidades podrán ser suspendidas si el infractor blanquea al personal no declarado y se mantiene la relación laboral durante 16 meses. La iniciativa fue apoyada por 35 legisladores del oficialismo más el titular de la Fotia, Roberto Palina. En contra se pronunciaron los republicanos Ricardo y Luis José Bussi, y el radical José Manuel Cano.
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