15 Enero 2008
La Asociación Argentina de Luminotecnia (AADL), a través de Leonardo Assaf, su presidente, y de Manuel Alvarez, miembro de la comisión directiva, destacaron la necesidad de apelar al ciudadano en lo que consideran una grave coyuntura energética.
“La situación energética es un efecto del crecimiento de la población”, aseveró Assaf.
Para que el plan de ahorro de energía que comenzó a implementar el gobierno de Cristina Fernández tenga éxito, no debería descartarse el compromiso de la población, dijeron los directivos. “En este sentido es fundamental apelar abiertamente y sin eufemismos a la solidaridad ciudadana. Hay que lograr que el pueblo participe del ahorro”, dijeron.
La AADL considera que la actual coyuntura merece un plan de mediano plazo, que se fundamente en un correcto diagnóstico técnico y que sea público.
Los directivos, por medio de un comunicado, destacaron que la iluminación tiene un rol principal en esta cuestión, por dos motivos: “en primer lugar, porque buena parte de la generación eléctrica (el 26%) se disipa en los circuitos de luz y, en segundo lugar, porque con medidas de eficiencia energética se podría ahorrar la mitad de la energía que actualmente usamos en iluminación”, plantearon. Asimismo, la AADL reclama al Estado por no haber tomado, en su debido momento, medidas de fondo, puesto que la obligación es conjurar el peligro de una demanda mal abastecida por un sistema llevado al límite de su capacidad, según dijo Assaf.
Aunque están de acuerdo en la contundencia y en el énfasis de las medidas del Gobierno nacional, afirmaron que tienen dudas acerca de que estas sean las adecuadas. Por ejemplo, con respecto a la sustitución de lámparas incandescentes, por las de bajo consumo, los referentes también mantienen sus dudas sobre la implementación del programa, porque el Estado, aseveraron, no ha suministrado ninguna información sobre los procedimientos de selección de marcas, de proveedores y de calidades de los focos.
“Otros países han implementado este tipo de programas (...), ofreciendo a los consumidores garantías de entre nueve y 24 meses para las lámparas que vendían”, manifestaron, a modo de ejemplo.
Además, advirtieron que, de resultar que las lámparas que compró el Estado no sean de la calidad adecuada, puede producirse un efecto búmeran, al perder los consumidores confianza en este tipo de tecnologías.
“La situación energética es un efecto del crecimiento de la población”, aseveró Assaf.
Para que el plan de ahorro de energía que comenzó a implementar el gobierno de Cristina Fernández tenga éxito, no debería descartarse el compromiso de la población, dijeron los directivos. “En este sentido es fundamental apelar abiertamente y sin eufemismos a la solidaridad ciudadana. Hay que lograr que el pueblo participe del ahorro”, dijeron.
La AADL considera que la actual coyuntura merece un plan de mediano plazo, que se fundamente en un correcto diagnóstico técnico y que sea público.
Los directivos, por medio de un comunicado, destacaron que la iluminación tiene un rol principal en esta cuestión, por dos motivos: “en primer lugar, porque buena parte de la generación eléctrica (el 26%) se disipa en los circuitos de luz y, en segundo lugar, porque con medidas de eficiencia energética se podría ahorrar la mitad de la energía que actualmente usamos en iluminación”, plantearon. Asimismo, la AADL reclama al Estado por no haber tomado, en su debido momento, medidas de fondo, puesto que la obligación es conjurar el peligro de una demanda mal abastecida por un sistema llevado al límite de su capacidad, según dijo Assaf.
Aunque están de acuerdo en la contundencia y en el énfasis de las medidas del Gobierno nacional, afirmaron que tienen dudas acerca de que estas sean las adecuadas. Por ejemplo, con respecto a la sustitución de lámparas incandescentes, por las de bajo consumo, los referentes también mantienen sus dudas sobre la implementación del programa, porque el Estado, aseveraron, no ha suministrado ninguna información sobre los procedimientos de selección de marcas, de proveedores y de calidades de los focos.
“Otros países han implementado este tipo de programas (...), ofreciendo a los consumidores garantías de entre nueve y 24 meses para las lámparas que vendían”, manifestaron, a modo de ejemplo.
Además, advirtieron que, de resultar que las lámparas que compró el Estado no sean de la calidad adecuada, puede producirse un efecto búmeran, al perder los consumidores confianza en este tipo de tecnologías.
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