Impuestos y tasas, a la espera de una decisión política

Visiones contrapuestas, necesidades distintas, realidades que se enfrentan. Gobierno y empresarios vienen llevando un pulso desde hace meses y 2008 los encuentra envueltos en esas diferencias. Aunque las relaciones guardan las formas, la distancia entre las posturas tiene a cada uno por su lado. La carga fiscal; la presión tributaria que ejercen tanto la Nación como la Provincia -y hasta municipios y comunas- es la principal causa del encono que buena parte del empresariado tucumano mantiene con el Gobierno. Según sea el sector en cuestión, los hombres de negocios hablan de que están sometidos a una asfixia -mezcla de presión tributaria y aumentos de costos -que les come hasta el 90% de la rentabilidad. Desde el gobierno aseguran que los empresarios -en general- no dejan de tener importantes márgenes de ganancias, por efecto del fuerte crecimiento de la economía. “El principal problema del agro son las retenciones, no la carga provincial”, aseguran en la Casa de Gobierno, pero el gobernador se refiere a muchos de ellos con enojo, porque considera que tendrían que pagar más impuestos. Ayer, por caso, José Alperovich, se quejó del comportamiento impositivo de algunos miembros del sector productivo. “La Provincia tiene un problema de eficiencia del gasto público, hay un gasto exagerado, por eso aumentan los impuestos y así lo que hacen es desalentar las inversiones, complicar cualquier proyecto y alentar la marginalidad”, responden desde las centrales empresarias.

Pérdida de competitividad
Aunque la pelea a veces sube de voltaje, algunos datos de la realidad imponen la necesidad de encauzar la polémica: índices elaborados por consultoras privadas dan cuenta que Tucumán ha ido perdiendo competitividad y que la Argentina -según informes del Banco Mundial- es uno de los países con mayor carga tributaria. Es cierto, el gobierno provincial tomó conciencia del escenario y alentó las gestiones ante la Secretaría de Agricultura con la idea de morigerar los costos de los fletes, que básicamente golpean a los hombres del agro. El trámite está en marcha y se esperan los resultados para la campaña que arranca en torno a abril, pero la discusión de estos días está centrada en la tasa que comunas y municipios también perciben. Con fallos que consideraron inconstitucional su cobro, lo que piden los agricultores es una disminución de la alícuota que se cobra por este tributo.
“La alícuota de la tasa comunal es más alta que la que cobran por el impuesto inmobiliario y además no hay una contraprestación”, sostienen. En despachos de la Casa de Gobierno reconocen la razón del reclamo, pero aseguran que no se planea una diminución general de impuestos. “Estamos estudiando una baja de la tasa para unificarla en 1,2% o incluso en un poco menos, pero lo que importa es el peso total de la carga impositiva que pagan las empresas, que es menor que las que marcan ellos”, plantea una alta fuente gubernamental. Si la idea avanza, si la iniciativa toma fuerza, el oficialismo necesitará de una ley para modificar estos cambios. Es una decisión política lo que falta para contener buena parte del pedido, que bien puede significar la sobrevivencia de muchos agricultores, especialmente los más chicos. Y esa modificación, podría tener hasta efectos simbólicos para el clima de negocio.
Un año agrícola que se presenta en principio como “bueno” para la caña, el limón y la soja (en esta actividades está cerca del 50% del PBI provincial) enfrenta nubarrones que podrían torcer su perspectiva, ante la renovada presión del cóctel impuestos-altos costos. Aunque las visitas de distintas centrales empresarias a los principales funcionarios se han hecho más comunes en los últimos meses, las relaciones entre el sector y el PE tienen una baja intensidad; no se ha construído un vínculo institucional fluido. Pero la búsqueda de consenso, el empeño por la construcción del diálogo no debería depender de los humores o las quejas de nadie.