26 Diciembre 2007
Entidades sociales, académicas y profesionales tratan de ampliar las adhesiones en contra de la habilitación dada al Poder Ejecutivo para que pueda vender inmuebles del patrimonio histórico y arquitectónico de la Provincia, tal como fue aprobado en la última sesión de la Legislatura.
La idea es sumar a la Federación Económica de Tucumán (FET) en la propuesta de accionar en la Justicia Federal contra la reforma legal que le permitirá al Estado desprenderse de los centenarios edificios de la Secretaría de Educación y de la Dirección Provincial de Rentas, entre otros. Un primer contacto en ese sentido tuvo respuesta positiva, pero en esta semana habrá una reunión clave para conseguir el apoyo institucional.
Al mismo tiempo, se mantendrá la campaña de recolección de firmas para rechazar los cambios a las leyes 7.535 (Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos) y 7.142 (Activo por Activo). Otra meta es contactarse con foros internacionales preocupados por el resguardo de bienes intangibles.
Causa federal
El lunes, invitados por el Colegio de Arquitectos, volvieron a reunirse representantes del Grupo Alberdi; de la Junta de Estudios Históricos; de las universidades Nacional de Tucumán y del Norte Santo Tomás de Aquino y de la entidad profesional convocante, para acordar los próximos movimientos.
El principal avance fue definir la necesidad de accionar judicialmente en los tribunales federales, al considerar que lo aprobado por los legisladores vulnera normas nacionales vigentes en Tucumán por adhesión parlamentaria.
El tiempo apremia a los interesados a causa del próximo receso judicial de enero. Se busca que la presentación se realice hasta el viernes. Las universidades no estarían en condiciones de firmar el escrito porque no tendrían tiempo para realizar todo el proceso burocrático para determinar la autorización. En cambio, las casas de altos estudios emitirían una declaración conjunta exigiendo el respeto de los bienes históricos. Denunciarían, además, que de avanzar con el objetivo trazado por la Cámara, la Provincia vulneraría pautas legales.
También se consensuó mantener la presencia de los delegados institucionales en las reuniones semanales que debe mantener la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, que preside el titular del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzman, para denunciar la situación e intentar obtener un pronunciamiento crítico en ese ámbito.
La idea es sumar a la Federación Económica de Tucumán (FET) en la propuesta de accionar en la Justicia Federal contra la reforma legal que le permitirá al Estado desprenderse de los centenarios edificios de la Secretaría de Educación y de la Dirección Provincial de Rentas, entre otros. Un primer contacto en ese sentido tuvo respuesta positiva, pero en esta semana habrá una reunión clave para conseguir el apoyo institucional.
Al mismo tiempo, se mantendrá la campaña de recolección de firmas para rechazar los cambios a las leyes 7.535 (Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos) y 7.142 (Activo por Activo). Otra meta es contactarse con foros internacionales preocupados por el resguardo de bienes intangibles.
Causa federal
El lunes, invitados por el Colegio de Arquitectos, volvieron a reunirse representantes del Grupo Alberdi; de la Junta de Estudios Históricos; de las universidades Nacional de Tucumán y del Norte Santo Tomás de Aquino y de la entidad profesional convocante, para acordar los próximos movimientos.
El principal avance fue definir la necesidad de accionar judicialmente en los tribunales federales, al considerar que lo aprobado por los legisladores vulnera normas nacionales vigentes en Tucumán por adhesión parlamentaria.
El tiempo apremia a los interesados a causa del próximo receso judicial de enero. Se busca que la presentación se realice hasta el viernes. Las universidades no estarían en condiciones de firmar el escrito porque no tendrían tiempo para realizar todo el proceso burocrático para determinar la autorización. En cambio, las casas de altos estudios emitirían una declaración conjunta exigiendo el respeto de los bienes históricos. Denunciarían, además, que de avanzar con el objetivo trazado por la Cámara, la Provincia vulneraría pautas legales.
También se consensuó mantener la presencia de los delegados institucionales en las reuniones semanales que debe mantener la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural, que preside el titular del Ente Tucumán Cultura, Mauricio Guzman, para denunciar la situación e intentar obtener un pronunciamiento crítico en ese ámbito.
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