20 Diciembre 2007
MAIPU Y SAN MARTIN. En esta esquina funciona la Dirección de Rentas. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
La manzana donde actualmente funciona la Secretaría de Educación, limitada por las avenidas Sarmiento y Salta y las calles Santa Fe y Junín, se transformará en un nuevo complejo comercial y habitacional.
El edificio de la Dirección Provincial de Rentas será un shopping.
De la ex Brigada de Investigaciones de la Policía, ubicada en Muñecas y avenida Sarmiento, sólo quedará su fachada, porque allí se construirá el recinto de sesiones de la Legislatura.
El proyecto recibió 39 votos a favor y cuatro en contra, de los parlamentarios opositores José Cano (UCR), Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista), Esteban Jerez (PRO) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
El punto en común de estas propuestas es que todos esos inmuebles están protegidos en la ley del Activo por Activo. Para desafectarlos y cambiar su destino, el Poder Ejecutivo modificó el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la Provincia y el Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública (Activo por Activo).
La modificación de esa norma está contenida en el proyecto de ley que presentó el titular de la Legislatura, Juan Luis Manzur, y que se trató en la sesión de la Cámara que comenzó esta mañana.
La iniciativa promueve, en su artículo primero, que se desafecte de la ley de protección del patrimonio cultural al edificio donde se encuentra el Museo Folklórico "General Manuel Belgrano", al edificio del Siprosa, a un inmueble de San Martín al 700, donde funcionaba la Dirección Provincial de Comercio, y a la sede de la Dirección General de Rentas. Luego, esas propiedades podrán ser vendidas.
En el artículo 2, se propone desafectar del Activo por Activo a los dos últimos de esos inmuebles y, a la vez, a la manzana donde se están la Secretaría de Educación y la Brigada de Investigaciones, y al edificio donde funcionan las Juntas de Clasificación Docentes.
Según fuentes del mercado, el Estado podría pedir entre 2,5 millones y 3 millones de dólares por edificio de Rentas de la Provincia, mientras que podría solicitar entre 3 millones y 3,5 millones de dólares por la manzana de Educación. Sin embargo, la propuesta oficial recibió severas críticas de la oposición parlamentaria y de organizaciones intermedias.
Una "vendetta" a los abogados
El oficialismo legislativo sancionó también una ley para que los bonos profesionales que deben pagar los abogados en cada etapa de un proceso judicial, sean abonados todos juntos y acumulados, al momento del dictado de la sentencia y no en cada paso del trámite, como ocurre actualmente.
El proyecto fue presentado originalmente en julio de 2006, cuando estaba en máxima ebullición el conflicto entre el Gobierno y el colegio profesional sobre la reforma de la Constitución provincial. En ese momento, el presidente de la institución, Antonio Bustamante, calificó a la propuesta como una "vendetta" política y un intento de eliminar a quienes piensan distinto.
La iniciativa no prosperó en aquel entonces, en especial por la negativa del vicegobernador Fernando Juri a impulsar y tratar estas ideas. Ahora, en cambio, el proyecto tiene el aval de su sucesor, Juan Manzur.
Prorrogaron la emergencia económica
Además de la desafectación de inmuebles históricos, en la última sesión de 2007 primaron otros temas financieros. Antes de pasar a un cuarto intermedio, poco después del mediodía, los parlamentarios prorrogaron hasta 2009 la Emergencia Económica y votaron por el cese de la Emergencia Sanitaria (sobrevivirán sólo algunos institutos y se fortalecerá el Siprosa y los CAPS).
Los legisladores aprobaron también el nuevo Pacto Social, por el cual se dispondrán $ 625 millones para los municipios; la autorización al Poder Ejecutivo para que otorgue anticipos financieros reintegrables a municipios y comunas y la eliminación de los vales alimentarios con los que se paga el 20% del sueldo a los empleados estatales.
Entre los decretos de necesidad y urgencia que estuvieron en tratamiento del plenario se destacan la creación de una línea crediticia en la Caja Popular de Ahorros, de $ 3 millones, para ser tomada por magistrados, funcionarios de ley y empleados del Poder Judicial para su jubilación especial del 82%; la venta a Wal-Mart del predio de avenida Belgrano y Camino del Perú y la construcción de cordones cuneta y pavimento en las grandes comunas.
Se contempla, además, la ampliación del plazo de expropiación del ex cine Plaza, para que sea destinado a actividades del Ente Tucumán Cultura. LA GACETA.com ©
El edificio de la Dirección Provincial de Rentas será un shopping.
De la ex Brigada de Investigaciones de la Policía, ubicada en Muñecas y avenida Sarmiento, sólo quedará su fachada, porque allí se construirá el recinto de sesiones de la Legislatura.
El proyecto recibió 39 votos a favor y cuatro en contra, de los parlamentarios opositores José Cano (UCR), Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista), Esteban Jerez (PRO) y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).
El punto en común de estas propuestas es que todos esos inmuebles están protegidos en la ley del Activo por Activo. Para desafectarlos y cambiar su destino, el Poder Ejecutivo modificó el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la Provincia y el Sistema Alternativo de Pago de Infraestructura Pública (Activo por Activo).
La modificación de esa norma está contenida en el proyecto de ley que presentó el titular de la Legislatura, Juan Luis Manzur, y que se trató en la sesión de la Cámara que comenzó esta mañana.
La iniciativa promueve, en su artículo primero, que se desafecte de la ley de protección del patrimonio cultural al edificio donde se encuentra el Museo Folklórico "General Manuel Belgrano", al edificio del Siprosa, a un inmueble de San Martín al 700, donde funcionaba la Dirección Provincial de Comercio, y a la sede de la Dirección General de Rentas. Luego, esas propiedades podrán ser vendidas.
En el artículo 2, se propone desafectar del Activo por Activo a los dos últimos de esos inmuebles y, a la vez, a la manzana donde se están la Secretaría de Educación y la Brigada de Investigaciones, y al edificio donde funcionan las Juntas de Clasificación Docentes.
Según fuentes del mercado, el Estado podría pedir entre 2,5 millones y 3 millones de dólares por edificio de Rentas de la Provincia, mientras que podría solicitar entre 3 millones y 3,5 millones de dólares por la manzana de Educación. Sin embargo, la propuesta oficial recibió severas críticas de la oposición parlamentaria y de organizaciones intermedias.
Una "vendetta" a los abogados
El oficialismo legislativo sancionó también una ley para que los bonos profesionales que deben pagar los abogados en cada etapa de un proceso judicial, sean abonados todos juntos y acumulados, al momento del dictado de la sentencia y no en cada paso del trámite, como ocurre actualmente.
El proyecto fue presentado originalmente en julio de 2006, cuando estaba en máxima ebullición el conflicto entre el Gobierno y el colegio profesional sobre la reforma de la Constitución provincial. En ese momento, el presidente de la institución, Antonio Bustamante, calificó a la propuesta como una "vendetta" política y un intento de eliminar a quienes piensan distinto.
La iniciativa no prosperó en aquel entonces, en especial por la negativa del vicegobernador Fernando Juri a impulsar y tratar estas ideas. Ahora, en cambio, el proyecto tiene el aval de su sucesor, Juan Manzur.
Prorrogaron la emergencia económica
Además de la desafectación de inmuebles históricos, en la última sesión de 2007 primaron otros temas financieros. Antes de pasar a un cuarto intermedio, poco después del mediodía, los parlamentarios prorrogaron hasta 2009 la Emergencia Económica y votaron por el cese de la Emergencia Sanitaria (sobrevivirán sólo algunos institutos y se fortalecerá el Siprosa y los CAPS).
Los legisladores aprobaron también el nuevo Pacto Social, por el cual se dispondrán $ 625 millones para los municipios; la autorización al Poder Ejecutivo para que otorgue anticipos financieros reintegrables a municipios y comunas y la eliminación de los vales alimentarios con los que se paga el 20% del sueldo a los empleados estatales.
Entre los decretos de necesidad y urgencia que estuvieron en tratamiento del plenario se destacan la creación de una línea crediticia en la Caja Popular de Ahorros, de $ 3 millones, para ser tomada por magistrados, funcionarios de ley y empleados del Poder Judicial para su jubilación especial del 82%; la venta a Wal-Mart del predio de avenida Belgrano y Camino del Perú y la construcción de cordones cuneta y pavimento en las grandes comunas.
Se contempla, además, la ampliación del plazo de expropiación del ex cine Plaza, para que sea destinado a actividades del Ente Tucumán Cultura. LA GACETA.com ©
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