La emergencia económica será prorrogada hasta 2009

La emergencia económica será prorrogada hasta 2009

En la última sesión del año se debatirán 23 proyectos de ley.

19 Diciembre 2007
La última sesión legislativa de 2007 presentará mañana un abultado orden del día: incluye 23 proyectos de ley. De estas propuestas, tres pertenecen al vicegobernador Juan Manzur. La más polémico es el que habilita la venta de inmuebles que forman parte del patrimonio cultural de la Provincia. La segunda es el Pacto Social de la Provincia con los municipios, cuyo monto asciende a 625 millones. De ese monto, $ 418 millones son para pagar sueldos y el resto para obras públicas. La tercera iniciativa del titular de la Cámara, que se conoció ayer, consiste facultar al PE para que, por un lado, conceda anticipos financieros reintegrables a los municipios y las comunas para cubrir sus déficit de caja y, por otro lado, para que pueda darles préstamos a esas administraciones, con fines específicos. Las condiciones y los montos quedan a criterio de la Casa de Gobierno.
De los 18 proyectos de ley que promueven los legisladores, se destaca la prórroga de la emergencia económica hasta 2009. Esta propuesta es del titular de la bancada oficialista, Roque Alvarez, quien también promueve la eliminación de los vales alimentarios del sueldo de los estatales y la declaración de la emergencia hídrica en Tafí Viejo. "Hay más de 5.000 cuentas que tienen descuentos en sus boletas porque sufren a diario interrupciones en el servicio", dijo.
José Teri impulsa la adhesión a la Ley Nacional de Transporte, en lo referido al transporte de cargas, a fin de que se instalen balanzas para camiones en los accesos a la provincia. También se debatirá una iniciativa para concretar la expropiación del ex cine Plaza, donde instalarán un centro de convenciones (Olijela Rivas y Alvarez), la adhesión a la Ley Nacional de Discapacidad (Carolina Vargas Aignasse) y la propuesta de fortalecimiento del Siprosa (Beatriz Avila).La Cámara, además, tratará la creación por ley del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, previsto en la Constitución, cuya conformación por decreto está objetada en la Justicia.

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