20 Noviembre 2007
DISTINTA FUNCION, PERO SIMILAR REMUNERACION. Los ediles gestionaron el año pasado un aumento, pero los legisladores quedaron relegados.LA GACETA / ANALIA JARAMILLO
En medio de la polémica que se originó por la dieta que cobrarán los nuevos legisladores ($ 5.000), a la que ahora se sumaron los concejales del interior, en los círculos políticos se comentó ayer que "los únicos privilegiados" son los concejales de la capital, el intendente y los delegados comunales. Desde hace casi dos años, los ediles de San Miguel de Tucumán perciben $ 4.500, sin contar los fondos que manejan para gastos sociales y las remuneraciones por título, extensión horaria y antigüedad.
Todo comenzó cuando, el 17 de febrero de 2006, el gobernador, José Alperovich, firmó el decreto 4/3 por el cual estableció un aumento en los haberes de sus ministros. A partir de ese instrumento, los funcionarios del gabinete provincial comenzaron a cobrar $ 9.000 mensuales. Luego, en la Municipalidad de la capital desplegaron una estrategia para actualizar sus haberes, según lo marca la Ley Orgánica de Municipalidades (5.529). Así fue como, en junio de 2006, los concejales aprobaron una ordenanza por la cual elevaron sus dietas de $ 2.600 a $ 4.500 (sin contemplar los gastos de bloque). Con esa disposición también se benefició el intendente, Domingo Amaya cuyos ingresos treparon de $ 3.200 a $ 5.300.
En aquel momento, desde la intendencia de la capital justificaron esa decisión en que el municipio sigue las pautas salariales del Poder Ejecutivo, porque así lo fija la ordenanza 17, promulgada en 1984.Esa norma mejoró el ingreso de unas 120 personas, entre los que figuran al menos 85 funcionarios del municipio, 18 concejales y 11 empleados jerárquicos del Concejo Deliberante. En aquel momento, el tema había generado recelos en otros ámbitos políticos hasta que en septiembre de 2006, los legisladores obtuvieron un aumento progresivo en sus dietas y pasaron de $ 3.080 a $ 6.000 mensuales, sin contar los gastos de bloque ni recursos para ayudas sociales. Sin embargo, a poco de iniciada la nueva gestión, Alperovich decidió recortar esos haberes para fijarles a un tope de $ 5.000 mensuales.
Las desavenencias por las quejas de los legisladores y el planteo de los concejales del interior por una mejora en sus haberes abrieron -otra vez- el debate en la esfera del poder.Unos y otros mencionaron ayer que incluso los comisionados rurales resultaron beneficiados con una suba en sus ingresos, ya que perciben un sueldo de $ 6.000 mensuales.
Además, tienen como facultad especial -otorgada por ley- la posibilidad de entregar subsidios a quienes ellos mismos decidan por un monto de hasta $ 1.000 si se trata de entidades de bien público y de hasta $ 200 a personas con necesidades básicas insatisfechas. Quienes lo cuestionan dejan entrever que en esos casos es cuando pueden aparecer las irregularidades en las comunas.
Muchos políticos se consideran marginados en cuanto a los haberes que perciben. Algunos sacaron a relucir que en esta controversia hay privilegiados. En este caso, mencionaron como interrogante: ¿cuánto cobra el director de Institutos Penales o un director de Obras Públicas o el prosecretario de la Cámara?
"Es como si el mozo cobrara más que el dueño del bar", renegó ayer un legislador.
Todo comenzó cuando, el 17 de febrero de 2006, el gobernador, José Alperovich, firmó el decreto 4/3 por el cual estableció un aumento en los haberes de sus ministros. A partir de ese instrumento, los funcionarios del gabinete provincial comenzaron a cobrar $ 9.000 mensuales. Luego, en la Municipalidad de la capital desplegaron una estrategia para actualizar sus haberes, según lo marca la Ley Orgánica de Municipalidades (5.529). Así fue como, en junio de 2006, los concejales aprobaron una ordenanza por la cual elevaron sus dietas de $ 2.600 a $ 4.500 (sin contemplar los gastos de bloque). Con esa disposición también se benefició el intendente, Domingo Amaya cuyos ingresos treparon de $ 3.200 a $ 5.300.
En aquel momento, desde la intendencia de la capital justificaron esa decisión en que el municipio sigue las pautas salariales del Poder Ejecutivo, porque así lo fija la ordenanza 17, promulgada en 1984.Esa norma mejoró el ingreso de unas 120 personas, entre los que figuran al menos 85 funcionarios del municipio, 18 concejales y 11 empleados jerárquicos del Concejo Deliberante. En aquel momento, el tema había generado recelos en otros ámbitos políticos hasta que en septiembre de 2006, los legisladores obtuvieron un aumento progresivo en sus dietas y pasaron de $ 3.080 a $ 6.000 mensuales, sin contar los gastos de bloque ni recursos para ayudas sociales. Sin embargo, a poco de iniciada la nueva gestión, Alperovich decidió recortar esos haberes para fijarles a un tope de $ 5.000 mensuales.
Las desavenencias por las quejas de los legisladores y el planteo de los concejales del interior por una mejora en sus haberes abrieron -otra vez- el debate en la esfera del poder.Unos y otros mencionaron ayer que incluso los comisionados rurales resultaron beneficiados con una suba en sus ingresos, ya que perciben un sueldo de $ 6.000 mensuales.
Además, tienen como facultad especial -otorgada por ley- la posibilidad de entregar subsidios a quienes ellos mismos decidan por un monto de hasta $ 1.000 si se trata de entidades de bien público y de hasta $ 200 a personas con necesidades básicas insatisfechas. Quienes lo cuestionan dejan entrever que en esos casos es cuando pueden aparecer las irregularidades en las comunas.
Muchos políticos se consideran marginados en cuanto a los haberes que perciben. Algunos sacaron a relucir que en esta controversia hay privilegiados. En este caso, mencionaron como interrogante: ¿cuánto cobra el director de Institutos Penales o un director de Obras Públicas o el prosecretario de la Cámara?
"Es como si el mozo cobrara más que el dueño del bar", renegó ayer un legislador.
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