Cada vez hay más mujeres acusadas de homicidio

Ema Gómez, Nora Rivadeneira, Susana Acosta, Nélida Fernández, María del Valle Dip, Silvia Raquel Lai y las menores L. y J. no integran una lista de mujeres comunes. Son los nombres de las acusadas de haber cometido seis crímenes resonantes en los últimos tres años. Pusieron en jaque a la Policía y a la Justicia en la investigación de los casos en los que se vieron involucradas y que, por su complejidad, se asemejaban a partidas de ajedrez de difícil resolución.
Los pesquisas no olvidarán fácilmente 2007. Primero, porque tres de los seis homicidios en cuestión se cometieron en el transcurso de ocho meses, mientras que los restantes, en los últimos tres años. Hay otro elemento para tener en cuenta: por primera vez desde que esta lista comenzó a escribirse, en noviembre de 2004, se detuvo a dos adolescentes bajo la sospecha de que estuvieron involucradas en la muerte de Carla Romina Ortega. Una de ellas, de 15 años, por lo cual es inimputable, no recibirá condena si es que se la encontrara culpable del homicidio.
Los investigadores no dejan de destacar que Dip, Lai, L. y J., acusadas de las muertes de la contadora Liliana del Valle Cruz, del comerciante José Luis Salas y de la estudiante Ortega, respectivamente, habrían intentado desviar la investigación. La primera y las adolescentes aportaron pistas falsas del paradero de las víctimas. La tranqueña indicó que a su esposo lo habrían atacado unos asaltantes que ingresaron a su casa.

Aún no hay condenas
Ninguna de las acusadas recibió condena, a pesar de que los fiscales Guillermo Herrera, Mónica García de Targa y Adriana Giannoni pidieron la elevación a juicio de tres causas. En sus planteos solicitaron que Gómez, imputada por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz; Rivadeneira, acusada de haber envenenado a su esposo y a dos nietos; y Fernández y Acosta, sospechosas de haber cometido el crimen de Angela Beatriz Argañaraz, sean enjuiciadas por homicidio agravado, el delito que contempla la pena más dura del Código Penal.
Gómez está en condiciones de recuperar la libertad, puesto que está por cumplir tres años en prisión, y la ley establece que no puede permanecer más de dos sin ser sometida a un juicio.
Lo mismo ocurrirá con Rivadeneira que, en enero, cumplirá 24 meses de encierro. Y según marcha la causa, es poco probable que Acosta y Fernández sean enjuiciadas hasta agosto de 2008, mes en el que cumplirán el tiempo estipulado para enfrentar a un tribunal.
"El problema no es que no sean condenadas. Acá lo que se debe discutir es la mora que existe para que las sospechosas sean sometidas a un juicio, en el que se debatirá si son condenadas o absueltas. Por eso, la Justicia pierde credibilidad y es blanco de las críticas", expresó el abogado Alvaro Zelarayán.

Más estadísticas
En las dos cárceles de la provincia para mujeres hay 48 reclusas, entre condenadas y procesadas. Más del 50% (25 en total) tienen causas por homicidio; hay otra por haber intentado quitarle la vida a otra persona. La lista se completa con 12 internas que cometieron robos agravados, ocho por drogas, dos por hurtos y una por lesiones.
Mientras que en la Comisaría de la Mujer, donde se encuentran las acusadas que aún no tienen definida su situación procesal, hasta el viernes a la noche, había alojadas 13 mujeres.
De ellas, siete están involucradas en hechos vinculados a drogas, y las otras seis, por los siguientes delitos: lesiones con arma blanca, robo y lesiones, hurto, estafa, abandono de persona y fallecimiento sin asistencia médica.

Una reacción social
El abogado Alejandro Diéguez sostiene que el crecimiento de la participación de las mujeres en delitos no es casual. "Es una reacción social que también tiene que ver con la famosa equiparación de los roles que se está dando en todos los ámbitos. Lo anormal se está transformando en normal y, lo que es más grave aún, no hay una política de seguridad para combatir este nuevo modelo criminal", explicó el letrado.
Su colega, Gustavo Morales, defensor de Acosta y de Fernández, indicó: "a la complejidad de la conducta de la mujer, sin pretender caer en un comentario misógino, se puede apreciar en un rápido análisis que el origen y el desencadenante de estos crímenes, salvo en el caso Argañaraz, son los celos". "Es preocupante por las proyecciones que tienen y por el efecto multiplicador que producen estos casos. Para colmo, la sociedad se da cuenta de esta realidad cuando el hecho ya está consumado", agregó el abogado.

26 de noviembre de 2004. Ema Gómez fue detenida por la Policía, bajo el cargo de haber disparado contra el juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. La ex agente, a quien se le imputó el delito de homicidio agravado, todavía no enfrentó un tribunal. Su abogado, Mario Mirra, espera que le den la libertad porque ya permaneció detenida más de dos años sin ser condenada. Por el hecho también están imputados los ex oficiales Darío Pérez y Andrés Faversani, este último se encuentra en libertad.

7 de enero de 2005. Nora Rivadeneira fue detenida bajo la imputación de haber envenenado a su esposo José Herrera, de 64 años, y a sus nietos Daniel (13), Nancy Vildoza (9) y Carlos Ledesma (1). La mujer, que según la Justicia habría condimentado con una sustancia tóxica un guiso, está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Aún no se definió cuándo se realizará su juicio.

31 de julio de 2006. Angela Beatriz Argañaraz se dirigía a dar clase en la escuela Padre Roque Correa, donde iba a asumir como directora, pero nunca llegó. Desapareció. Según la Justicia, Nélida del Valle Fernández y Susana del Carmen Acosta la habrían secuestrado y asesinado en su departamento de Catamarca primera cuadra. El juez Alfonso Zóttoli aún no aceptó la elevación a juicio de la causa tal, como se lo solicitó la fiscal Adriana Giannoni ,y la Policía aún no pudo detener a José Luis Fernández, que también está acusado del crimen.

6 de febrero de 2007. La contadora Liliana del Valle Cruz desapareció misteriosamente. Dos días después, la encontraron descuartizada en la farmacia de María del Valle Dip. Por el momento, está acusada de homicidio y la Justicia le dictó la prisión preventiva. En este caso, según los últimos avances de la investigación, también participó un hombre.

15 de julio de 2007. Fue asesinado en su casa de Trancas el comerciante José Luis Salas. Días después, la Policía detuvo a su esposa Silvia Raquel Lai. Según la Justicia, ella habría planeado y habría facilitado el ingreso de Luis Pichinetti en la vivienda para que cometiera el homicidio. La Justicia le dictó la prisión preventiva pero su defensor, Jorge Lobo Aragón, apeló la medida judicial.

25 de agosto de 2007. Carla Romina Ortega, de 17 años, habría sido arrojada a un precipicio en la ruta que conduce a San Javier. El fiscal Pedro Gallo acusó a dos menores de haberla empujado al vacío y de haberla abandonado. La Policía detuvo a L y a J, de 16 y 15 años, respectivamente. La última, al ser inimputable, nunca recibirá una condena si es que se comprueba que es la autora del homicidio. No se descarta aún que en este caso también haya participado un adolescente.