31 Julio 2007
Numerosos precedentes judiciales y, a la vez, instancias políticas han fortalecido la necesaria revisión de nuestra triste, oscura y reciente “zona de la impunidad”. La magnitud y la intensidad del deterioro y debilidad institucional de nuestro país se fue restableciendo, siempre en el ámbito de la República. El derecho, como instrumento de regulación en un estado de derecho, posibilitó una reflexión seria y meditada sobre la necesidad de consolidar nuestra incipiente República, y los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia, como intérprete última de la Carta Magna, adquieren una gravitación fundacional en este tiempo histórico.
Frente a lo decidido por la C.J.S.N. en el caso seguido en contra de Santiago Riveros (causa “Mazzeo”) y, en especial los argumentos expuestos en los considerandos de la distinguida integrante del máximo tribunal Carmen Argibay, se abre y genera una nueva instancia de definición o redefinición del instituto de la cosa juzgada.
¿Existe cosa juzgada en el sentido tradicional y conforme nuestra normas internas frente a violación a los más elementales principios del derecho a la vida? ¿El alcance del instituto tiene aplicación en los casos de crímenes de lesa humanidad?
Existe un principio fundamental en el derecho vigente en cualquier país que impone la inexistencia de antinomias. El marco referencial se circunscribe al imperativo normativo de coherencia y seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso sobre la base -tal como lo expone Norberto Bobbio- de la regla atinente a un ordenamiento jurídico entendido como prohibición de la existencia de antinomias. Es, entonces, cuando encontramos la necesidad de conciliar e interpretar con coherencia las normas que regulan nuestro Derecho y cuando la autoridad de la cosa juzgada no puede ser entendida -frente a los casos concretos de violación de las normas básicas de convivencia- como un instrumento que cierre definitivamente la posibilidad de esclarecer nuestro presente.
Los hechos del pasado se proyectan hacia un futuro inmediato, en donde el presente exige, como obligación del Estado y derecho de sus ciudadanos, afianzar la justicia. Sin dudas el debate queda abierto.
Frente a lo decidido por la C.J.S.N. en el caso seguido en contra de Santiago Riveros (causa “Mazzeo”) y, en especial los argumentos expuestos en los considerandos de la distinguida integrante del máximo tribunal Carmen Argibay, se abre y genera una nueva instancia de definición o redefinición del instituto de la cosa juzgada.
¿Existe cosa juzgada en el sentido tradicional y conforme nuestra normas internas frente a violación a los más elementales principios del derecho a la vida? ¿El alcance del instituto tiene aplicación en los casos de crímenes de lesa humanidad?
Existe un principio fundamental en el derecho vigente en cualquier país que impone la inexistencia de antinomias. El marco referencial se circunscribe al imperativo normativo de coherencia y seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso sobre la base -tal como lo expone Norberto Bobbio- de la regla atinente a un ordenamiento jurídico entendido como prohibición de la existencia de antinomias. Es, entonces, cuando encontramos la necesidad de conciliar e interpretar con coherencia las normas que regulan nuestro Derecho y cuando la autoridad de la cosa juzgada no puede ser entendida -frente a los casos concretos de violación de las normas básicas de convivencia- como un instrumento que cierre definitivamente la posibilidad de esclarecer nuestro presente.
Los hechos del pasado se proyectan hacia un futuro inmediato, en donde el presente exige, como obligación del Estado y derecho de sus ciudadanos, afianzar la justicia. Sin dudas el debate queda abierto.
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