23 Julio 2007
CONTROL. Se debe precisar cómo se financia la política, dijo Corcuera. LA GACETA / ENRIQUE GALINDEZ
CAPITAL FEDERAL (Por Fabio Ladetto, enviado especial).- Cada partido político o frente electoral que postule a un candidato presidencial podrá gastar casi $ 40 millones en la campaña. La cifra surge de calcular $ 1,5 por cada votante habilitado para la contienda y será el tope de las erogaciones.
La ejecución será controlada por las autoridades de la Justicia Electoral Nacional, que supervisará el origen de los fondos y los aportantes, atento a lo que declaren los responsables financieros de cada expresión política, según confirmó ayer Santiago Corcuera, vocal de la Cámara Electoral Nacional.
El camarista reconoció que Argentina carecía de un régimen de control del financiamiento de los partidos hasta 2001, y que este surgió a partir de los reclamos sociales para garantizar transparencia. Remarcó que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de rendir cuentas fue creciendo desde el 28% de la votación presidencial de 2003 hasta el 75% en la de 2005.
“Sólo en Uruguay está desregulada esta materia. Nosotros aplicamos una interpretación muy amplia acerca de que todas las personas pueden observar los balances que presentan los partidos y que son publicados en internet antes de los comicios, para que sean estudiados e impugnados. Necesitamos de la participación ciudadana, que es la única manera de mejorar el sistema, porque está claro que hay aportes que no se declaran y que la colaboración de los particulares es mayor a la que se realiza desde el Estado”, admitió.
Corcuera reconoció que el tema se transformó en algo habitual en cualquier agenda política a diferencia de otros años y reconoció que tiene sólo nueve personas afectadas a supervisar el gasto electoral en todo el país.
“Cualquier persona puede denunciar un gasto de campaña para que se lo compute y sancionar a quien supere el monto prefijado. Por ejemplo, se puede plantear que la inauguración de una obra pública es actividad proselitista en tanto se vincule clara y concretamente con un proceso electoral en marcha”, señaló.
En ese contexto, el caso podría ser aplicado a la futura visita del presidente Néstor Kirchner a Tucumán, el 7 de agosto, para habilitar un nuevo tramo de la ruta nacional 38 y participar de un acto público en respaldo a la reelección de José Alperovich.
La ejecución será controlada por las autoridades de la Justicia Electoral Nacional, que supervisará el origen de los fondos y los aportantes, atento a lo que declaren los responsables financieros de cada expresión política, según confirmó ayer Santiago Corcuera, vocal de la Cámara Electoral Nacional.
El camarista reconoció que Argentina carecía de un régimen de control del financiamiento de los partidos hasta 2001, y que este surgió a partir de los reclamos sociales para garantizar transparencia. Remarcó que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de rendir cuentas fue creciendo desde el 28% de la votación presidencial de 2003 hasta el 75% en la de 2005.
“Sólo en Uruguay está desregulada esta materia. Nosotros aplicamos una interpretación muy amplia acerca de que todas las personas pueden observar los balances que presentan los partidos y que son publicados en internet antes de los comicios, para que sean estudiados e impugnados. Necesitamos de la participación ciudadana, que es la única manera de mejorar el sistema, porque está claro que hay aportes que no se declaran y que la colaboración de los particulares es mayor a la que se realiza desde el Estado”, admitió.
Corcuera reconoció que el tema se transformó en algo habitual en cualquier agenda política a diferencia de otros años y reconoció que tiene sólo nueve personas afectadas a supervisar el gasto electoral en todo el país.
“Cualquier persona puede denunciar un gasto de campaña para que se lo compute y sancionar a quien supere el monto prefijado. Por ejemplo, se puede plantear que la inauguración de una obra pública es actividad proselitista en tanto se vincule clara y concretamente con un proceso electoral en marcha”, señaló.
En ese contexto, el caso podría ser aplicado a la futura visita del presidente Néstor Kirchner a Tucumán, el 7 de agosto, para habilitar un nuevo tramo de la ruta nacional 38 y participar de un acto público en respaldo a la reelección de José Alperovich.
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