¡Adiós al modelo de magistrado impuesto por el dedo del político amigo!

Corrían los últimos meses de 1984 y el catamarqueño Vicente Leónidas Saadi mandaba en la todopoderosa comisión de Acuerdos del Senado, donde terminaban de fraguarse las negociaciones entre radicales y justicialistas para designar a los jueces federales. Ocurre que a muchos que se habían desempeñado durante la dictadura militar el Congreso no les habían prestado acuerdo. No había concursos ni Consejo de la Magistratura (este fue implementado por la reforma constitucional de 1994), sólo el eficaz y amigable dedo político. No en vano, antes de revisar el currículo de algún postulante, algunos tucumanos todavía recuerdan que Don Vicente solía preguntar: "¿de qué comité o de qué unidad básica viene este?".
Eran tiempos de cacicazgos. En aquel año, en la Justicia Federal de Tucumán había que cubrir cinco cargos: los dos juzgados y tres vocalías de la Cámara. Los radicales (con Raúl Alfonsín) gobernaban en la Nación y los peronistas (con Fernando Riera), en la provincia. Sin mecanismos de selección, que aseguraran transparencia e igualdad de oportunidades para el acceso a la judicatura, la repartija debía responder a ese equilibrio político. Los cargos, por ende, tenían que terminar en seguras manos afines.
Finalmente, de las conversaciones participaron Félix Justiniano Mothe (presidía la UCR), y Riera, junto a la entonces influyente senadora nacional Olijela Rivas (PJ), entre otros. Fue así como el juzgado Nº 1 fue para un radical -porque tenía competencia electoral y era más importante-, Jorge Parache, y el Nº 2 para quien había sido secretario de Gobierno de Riera y miembro del Tribunal de Etica y Disciplina del Consejo Nacional Justicialista, Ricardo Sanjuán.
Luego, en la segunda instancia fue igual: desde la UCR pujaron por Hugo César Gordillo y desde el PJ por Raúl David Mender, mientras que Don Vicente habría reservado la tercera vocalía para un coterráneo: Víctor de la Vega Madueño.

Hábiles muñecas
Sucedió lo mismo en 1993, cuando empezaron a diseñar el Tribunal Oral en lo Criminal. Como los radicales ya no tenían tanto peso, la división fue trazada en función de la interna peronista: la muñeca de Rivas apostó por Oscar Emilio Sarrulle y por Gabriel Casas, mientras que el entonces senador Julio Miranda promovió a Carlos Jiménez Montilla y a Ciro Lo Pinto (defensor). Los radicales debieron contentarse con un lugar para un ex diputado provincial, Alfredo Terraf (fiscal ante ese Tribunal).
En octubre fue destituido del juzgado Nº 2 Felipe Terán, que en Catamarca había sido elegido según idéntico esquema. Ahora, apurado y temeroso de un final similar, se va Parache del despacho Nº 1. Con ellos -al menos en Tucumán- se acaba el modelo del omnímodo juez federal de provincia que asentaba su poder -y vaya cómo- en el único mérito de la afinidad política.