31 Mayo 2007
HORA FINAL. Parache vivirá su última jornada en la judicatura. LA GACETA / JOSE NUNO
Hoy, tras 22 años, será el último día de Jorge Parache al frente del juzgado federal Nº 1. Desde mañana y en forma interina, lo reemplazará el abogado Daniel Bejas, que esta tarde, a las 18, jurará ante el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl David Mender. El reemplazante definitivo surgirá de un concurso público que será convocado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Tras la vuelta de la democracia, en octubre de 1984 habían quedado vacantes los dos juzgados federales, porque el Senado no les prestó acuerdo a Manlio Martínez y a René Padilla, quienes se desempeñaban en el despacho Nº 1 y en el Nº 2, respectivamente. Martínez había recibido acuerdo originariamente en 1974, mientras que Padilla había asumido en 1979, durante la dictadura militar.
Rafael de Vargas, en el carácter de surbogante (interino), se encargó de ambos juzgados entre octubre de 1984 y hasta el 15 de mayo de 1985. Ese día, Parache y Ricardo Sanjuán (hoy es vocal de la Cámara) juraron al frente de los juzgados Nº 1 y Nº 2, como consecuencia de un acuerdo entre radicales y justicialistas (habían pertenecido a esos partidos, respectivamente). La hoy legisladora Olijela Rivas (PJ) y Adolfo Gass (UCR), entonces senadores nacionales, reconocieron a LA GACETA el 14 de abril de ese año que la selección de ambos magistrados había sido el fruto de un pacto político. “Quedó aclarado que los dos nombres propuestos están firmes, a pedido mío y de los propios legisladores radicales”, admitió Rivas.
Antes, entre 1973 y 1975, Parache se había desempeñado como magistrado en el Poder Judicial de Salta, y entre 1975 y 1984 fue juez del Tribunal Municipal de Faltas de esta capital. Y desde 1984 y hasta su designación en la judicatura federal ocupó brevemente el Juzgado del Crimen de la I Nominación de esta ciudad.
Difícil situación
Desde fines de 2005, Parache afrontaba una difícil situación, porque el Consejo de la Magistratura decidió abrirle un sumario por presuntas irregularidades en el manejo de expedientes vinculados a títulos de la deuda pública. Por este motivo, en octubre del año pasado fue destituido Felipe Terán, que encabezaba el juzgado Nº 2 desde diciembre de 2001.
Parache, actualmente de 59 años, había elevado su renuncia al presidente Néstor Kirchner el 20 de marzo, para que se efectivizara a partir de hoy. Tres días después de haber presentado la dimisión, y cuando el jefe de Estado aún no había adoptado una decisión, el senador nacional Nicolás Fernández (PJ) presentó en el Consejo de la Magistratura un dictamen en el que aconsejaba que Parache fuera sometido a un proceso de destitución, como el que afrontó Terán.
No obstante, el mismo día en que la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo iba a tratar el dictamen de Fernández trascendió que Kirchner le había aceptado la renuncia (el texto fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de abril). De esta forma, el sumario quedó archivado, no así las dos causas penales en las que está imputado como presunto partícipe necesario de una supuesta defraudación contra el Estado (ver “En una causa...”).
Un fallo polémico
Como consecuencia de la renuncia de Parache y de la remoción -por mal desempeño- de Terán, los dos juzgados federales quedarán desde hoy al frente de abogados subrogantes: Bejas y Mario Terán (este está a cargo del juzgado Nº 2 desde el 4 de julio).
Ayer, la comisión de Selección de Magistrados del Consejo se abstuvo de prorrogar expresamente los mandatos de los letrados que, como Racedo, ya se desempeñan en forma interina. El motivo fue el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el sistema por medio del cual hoy el Consejo designa a los subrogantes cada vez que se produce una vacancia en la Justicia Federal. El alto tribunal, no obstante, para evitar una crisis en el sistema (existen 200 interinos en todo el país), ratificó por un año más a todos los subrogantes.
Los consejeros manifestaron que, después de la sentencia, ellos ya no podían hacer nada; ni siquiera impedir que juraran los que ya habían sido designados (es el caso, por ejemplo, de Bejas, que fue nombrado la semana pasada).
Vicente Antonio Taranto se apersonó ayer en el juzgado federal Nº 2, pero para hacer uso del derecho de no declarar. Había sido citado por la presunta comisión de una supuesta defraudación al Estado Nacional con títulos de la deuda pública. Los otros imputados son el abogado Daniel Martín y Jorge Parache, que, por su renuncia, desde mañana dejará de ser titular del juzgado federal Nº 1.
Como consecuencia de una medida cautelar ordenada por Parache, en febrero de 2005 el Estado depositó $1,3 millón en la cuenta de Taranto. Este, con el patrocinio de Martín, había cuestionado la constitucionalidad de la normativa que, tras la salida de la convertibilidad, pesificó los títulos públicos (son obligaciones del Estado) a $1,4 más CER por dólar. Según el fiscal Carlos Brito, se trató de una supuesta maniobra especulativa, porque los bonos habían sido adquiridos a bajo precio después de la declaración de default (cesación de pagos del Estado) que siguió a la salida de la convertibilidad y, no obstante, fueron devueltos según el valor del dólar en el mercado libre (esto establecía la cautelar).
En la comparecencia de ayer, pese al silencio de Taranto, su defensor, César Malek, solicitó a Mario Racedo (está a cargo del juzgado Nº 2) que ordene una pericia caligráfica para determinar si pertenecen a Taranto las firmas insertas en la demanda por la que fue reclamada la inconstitucionalidad, así como en los demás escritos que presentó Martín.
Ocurre que, en forma paralela, en la órbita civil, Malek inició un incidente de inexistencia o nulidad de acto jurídico, en el que afirmó que son falsas las rúbricas atribuidas a su defendido en el escrito por medio del cual fue abierta la causa contra el Estado. “La demanda no fue entablada por mi conferente ni avalada o convalidada de ninguna forma, expresa ni tácita”, aseveró. No obstante, precisó que, en virtud del principio de la buena fe procesal, Taranto admite que sí había adquirido títulos públicos después del default con la intención de obtener, medida cautelar mediante, su valor en dólares.
Malek insistió en que Taranto firmó una demanda que no se compadece con la presentada por Martín, en la cual figura que tenía 78 años de edad -actualmente tiene 72-. “Esta falsedad también se encuentra plasmada en la fotocopia del DNI de Taranto, donde fue insertada una fecha inexacta de su nacimiento”, añadió Malek.
Otra indagatoria
Para hoy, a las 10, mientras tanto, fue citado Martín.
Tras la vuelta de la democracia, en octubre de 1984 habían quedado vacantes los dos juzgados federales, porque el Senado no les prestó acuerdo a Manlio Martínez y a René Padilla, quienes se desempeñaban en el despacho Nº 1 y en el Nº 2, respectivamente. Martínez había recibido acuerdo originariamente en 1974, mientras que Padilla había asumido en 1979, durante la dictadura militar.
Rafael de Vargas, en el carácter de surbogante (interino), se encargó de ambos juzgados entre octubre de 1984 y hasta el 15 de mayo de 1985. Ese día, Parache y Ricardo Sanjuán (hoy es vocal de la Cámara) juraron al frente de los juzgados Nº 1 y Nº 2, como consecuencia de un acuerdo entre radicales y justicialistas (habían pertenecido a esos partidos, respectivamente). La hoy legisladora Olijela Rivas (PJ) y Adolfo Gass (UCR), entonces senadores nacionales, reconocieron a LA GACETA el 14 de abril de ese año que la selección de ambos magistrados había sido el fruto de un pacto político. “Quedó aclarado que los dos nombres propuestos están firmes, a pedido mío y de los propios legisladores radicales”, admitió Rivas.
Antes, entre 1973 y 1975, Parache se había desempeñado como magistrado en el Poder Judicial de Salta, y entre 1975 y 1984 fue juez del Tribunal Municipal de Faltas de esta capital. Y desde 1984 y hasta su designación en la judicatura federal ocupó brevemente el Juzgado del Crimen de la I Nominación de esta ciudad.
Difícil situación
Desde fines de 2005, Parache afrontaba una difícil situación, porque el Consejo de la Magistratura decidió abrirle un sumario por presuntas irregularidades en el manejo de expedientes vinculados a títulos de la deuda pública. Por este motivo, en octubre del año pasado fue destituido Felipe Terán, que encabezaba el juzgado Nº 2 desde diciembre de 2001.
Parache, actualmente de 59 años, había elevado su renuncia al presidente Néstor Kirchner el 20 de marzo, para que se efectivizara a partir de hoy. Tres días después de haber presentado la dimisión, y cuando el jefe de Estado aún no había adoptado una decisión, el senador nacional Nicolás Fernández (PJ) presentó en el Consejo de la Magistratura un dictamen en el que aconsejaba que Parache fuera sometido a un proceso de destitución, como el que afrontó Terán.
No obstante, el mismo día en que la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo iba a tratar el dictamen de Fernández trascendió que Kirchner le había aceptado la renuncia (el texto fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de abril). De esta forma, el sumario quedó archivado, no así las dos causas penales en las que está imputado como presunto partícipe necesario de una supuesta defraudación contra el Estado (ver “En una causa...”).
Un fallo polémico
Como consecuencia de la renuncia de Parache y de la remoción -por mal desempeño- de Terán, los dos juzgados federales quedarán desde hoy al frente de abogados subrogantes: Bejas y Mario Terán (este está a cargo del juzgado Nº 2 desde el 4 de julio).
Ayer, la comisión de Selección de Magistrados del Consejo se abstuvo de prorrogar expresamente los mandatos de los letrados que, como Racedo, ya se desempeñan en forma interina. El motivo fue el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el sistema por medio del cual hoy el Consejo designa a los subrogantes cada vez que se produce una vacancia en la Justicia Federal. El alto tribunal, no obstante, para evitar una crisis en el sistema (existen 200 interinos en todo el país), ratificó por un año más a todos los subrogantes.
Los consejeros manifestaron que, después de la sentencia, ellos ya no podían hacer nada; ni siquiera impedir que juraran los que ya habían sido designados (es el caso, por ejemplo, de Bejas, que fue nombrado la semana pasada).
En una causa por títulos públicos, cargan las tintas sobre el abogado Martín
Vicente Antonio Taranto se apersonó ayer en el juzgado federal Nº 2, pero para hacer uso del derecho de no declarar. Había sido citado por la presunta comisión de una supuesta defraudación al Estado Nacional con títulos de la deuda pública. Los otros imputados son el abogado Daniel Martín y Jorge Parache, que, por su renuncia, desde mañana dejará de ser titular del juzgado federal Nº 1.
Como consecuencia de una medida cautelar ordenada por Parache, en febrero de 2005 el Estado depositó $1,3 millón en la cuenta de Taranto. Este, con el patrocinio de Martín, había cuestionado la constitucionalidad de la normativa que, tras la salida de la convertibilidad, pesificó los títulos públicos (son obligaciones del Estado) a $1,4 más CER por dólar. Según el fiscal Carlos Brito, se trató de una supuesta maniobra especulativa, porque los bonos habían sido adquiridos a bajo precio después de la declaración de default (cesación de pagos del Estado) que siguió a la salida de la convertibilidad y, no obstante, fueron devueltos según el valor del dólar en el mercado libre (esto establecía la cautelar).
En la comparecencia de ayer, pese al silencio de Taranto, su defensor, César Malek, solicitó a Mario Racedo (está a cargo del juzgado Nº 2) que ordene una pericia caligráfica para determinar si pertenecen a Taranto las firmas insertas en la demanda por la que fue reclamada la inconstitucionalidad, así como en los demás escritos que presentó Martín.
Ocurre que, en forma paralela, en la órbita civil, Malek inició un incidente de inexistencia o nulidad de acto jurídico, en el que afirmó que son falsas las rúbricas atribuidas a su defendido en el escrito por medio del cual fue abierta la causa contra el Estado. “La demanda no fue entablada por mi conferente ni avalada o convalidada de ninguna forma, expresa ni tácita”, aseveró. No obstante, precisó que, en virtud del principio de la buena fe procesal, Taranto admite que sí había adquirido títulos públicos después del default con la intención de obtener, medida cautelar mediante, su valor en dólares.
Malek insistió en que Taranto firmó una demanda que no se compadece con la presentada por Martín, en la cual figura que tenía 78 años de edad -actualmente tiene 72-. “Esta falsedad también se encuentra plasmada en la fotocopia del DNI de Taranto, donde fue insertada una fecha inexacta de su nacimiento”, añadió Malek.
Otra indagatoria
Para hoy, a las 10, mientras tanto, fue citado Martín.
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