La demolición del ex Mercado de Abasto

El patrimonio cultural es el conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, de valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, y que, por lo tanto, son dignos de ser conservados por las naciones y pueblos, conocidos por la población, a través de las generaciones como rasgos permanentes de su identidad. Esta definición pertenece al abogado argentino Edwin R. Harvey que, entre 1983 y 1989, fue presidente del Fondo Nacional de las Artes y es consultor de organismos internacionales.
Tucumán no se ha caracterizado, por cierto, por preservar su patrimonio cultural. Mucha agua corrió bajo el puente y edificios de valor arquitectónico cayeron bajo la piqueta hasta que la Ley 7.535, referida a la protección del patrimonio cultural, fue aprobada en julio y publicada finalmente en el Boletín Oficial del 8 de abril de 2005. En la extensa nómina de los edificios considerados bienes del patrimonio cultural figuraba el ex Mercado de Abasto, diseñado por el arquitecto tucumano Alberto Prebisch (1899-1970), considerado uno de los artífices del desarrollo de la arquitectura moderna en Argentina. Fue el creador de algunos de los emblemas de Buenos Aires: el Obelisco y el cine Gran Rex. “Su aporte indiscutido al desarrollo y evolución de la arquitectura moderna representa un hito en la historia del arte y la cultura argentinas, las cuales tendrán en él un artífice indiscutido”, afirma Eduardo Rodríguez Leirado en su artículo “Alberto Prebisch y la modernidad argentina, en su centenario”.
En 1998 el mercado fue trasladado y el edificio quedó abandonado. Tras el fracaso de licitaciones que quedaron desiertas para convertir al edificio en un imponente centro cultural, un grupo económico se hizo cargo del emprendimiento, pero el anteproyecto no pasó previamente por las manos de la Comisión Provincial del Patrimonio de Bienes Culturales, que debe estar integrada por un legislador en representación de la Legislatura, el secretario de Cultura de la Provincia, un representante del Consejo Provincial de Cultura, uno de la Universidad Nacional de Tucumán, uno de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y uno de la Universidad Tecnológica Nacional, según señala la Ley 7.535.
Hace unas semanas, la empresa encargada de la demolición avanzó sobre parte del esqueleto y destruyó alrededor de un 30 % de la recova que da hacia las calles Las Piedras y General Paz. Ello fue objetado por la Junta de Estudios Históricos de Tucumán; la Municipalidad ordenó detener la demolición y comenzó una controversia. La empresa argumentó que se había ceñido a lo convenido con la Municipalidad. Ante la polémica, tras varias semanas de demolición, se convocó recién entonces a la Comisión Provincial para que examinara el anteproyecto. De manera que el incumplimiento a la ley habría partido de la misma Municipalidad. El anteproyecto fue girado ahora a la Facultad de Arquitectura de la UNT y al Colegio de Arquitectos.
Llevar la discusión al terreno del blanco o negro, es decir, conservar el patrimonio cultural implicaría atraso y destruirlo conllevaría modernidad y fuentes de trabajo, tal cual lo ha planteado el gobernador, es una antinomia falaz. El tema de fondo es el incumplimiento de la Ley 7.535 y el grupo económico a cargo del emprendimiento ha quedado en el medio de un trámite que la autoridad no encaró correctamente. Si seguimos haciendo leyes para no cumplirlas, alcanzar la modernidad seguirá siendo un sueño de los tucumanos.