23 Febrero 2007
El Gobierno central ha creado la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), iniciando de inmediato una acción destinada a promover sus fines. Su presidenta, la economista Beatriz Nofal, ha viajado a Nueva York y Washington en la primera etapa de su delicada misión. Como la propia funcionaria se encargó de señalar al asumir, su propósito consiste nada menos que en intentar limpiar la imagen que la crisis impuso a nuestro país y que traba la llegada de inversiones a la economía real.
La economista afirmó, entre otras consideraciones, que la Argentina está demostrando que cumple con sus contratos, y mencionó como ejemplo el cumplimiento con la deuda reestructurada. Sin embargo, agregó entre sus argumentos que cuando una economía crece al 9 %, durante cuatro años, es difícil no tener presiones inflacionarias. Agregó que con más inversión podemos disiparlas y tornar gradualmente innecesario el seguimiento de precios.
Esa síntesis de problemas expuesta por Nofal, aunque concisa, está anticipando la complejidad de la tarea que significa explicar las razones de una economía controlada por un pragmatismo donde el corto plazo y el marco electoral advierten que su rumbo provoca dudas en el escenario financiero internacional.
Los inversores, cuando se deciden a invertir, siempre lo hacen exigiendo un beneficio proporcional al riesgo.
El último informe anual de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal) ha señalado que las inversiones en nuestro país no superaron la capacidad instalada en el sector industrial, donde los capitales externos esperan mayor certidumbre para el largo plazo. Es decir, políticas de Estado que los favorezcan. Pero no sólo eso debe señalarse, sino que la voz oficial -cuanto más que en cada discurso se torna en arenga- se aleja más de esa realidad que ha impuesto la creación de la ANI. Tampoco la acción gubernamental avanzó lo necesario en temas tan requeridos como la reforma impositiva, la nueva ley de coparticipación federal, las reformas del sistema financiero y de la banca pública, y las tarifas de servicios.
Se trata de cuestiones todas que no han sido consecuencia de la crisis y de la depresión, sino que en buena medida la dura coyuntura del país tuvo origen en ellas.
Todo ello, junto con la recurrente dialéctica pública contra los organismos internacionales, como acaba de ocurrir con el Banco Mundial y el Club de París, mientras Nofal asumía sus delicadas funciones, se produce en un tiempo en que se observa el rumbo fuertemente positivo de las inversiones en la economía global.
La creación de la ANI es al fin la concreción de un proyecto que esperó desde mediados de 2005 y había sido diseñado por un Consejo Empresario Asesor asociado a la Agencia para el Desarrollo de Inversiones. El cambio en la cartera económica había archivado desde entonces la iniciativa. A partir de esa situación, el régimen de emergencia económica -que permitió disponer de superpoderes al Poder Ejecutivo- ha perdurado indefinidamente. Hoy constituye la sombra más difícil de disipar para el éxito de la flamante ANI, cuya presidenta acaba de manifestar al emprender su misión: “tenemos que realizar acciones que muestren que la Argentina es un país que cumple los contratos y superar los problemas de desconfianza que nos legó, básicamente, el default”.
En suma, hay que recuperar la seguridad jurídica que la suma de requerimientos incumplidos ha estado impidiendo.
La economista afirmó, entre otras consideraciones, que la Argentina está demostrando que cumple con sus contratos, y mencionó como ejemplo el cumplimiento con la deuda reestructurada. Sin embargo, agregó entre sus argumentos que cuando una economía crece al 9 %, durante cuatro años, es difícil no tener presiones inflacionarias. Agregó que con más inversión podemos disiparlas y tornar gradualmente innecesario el seguimiento de precios.
Esa síntesis de problemas expuesta por Nofal, aunque concisa, está anticipando la complejidad de la tarea que significa explicar las razones de una economía controlada por un pragmatismo donde el corto plazo y el marco electoral advierten que su rumbo provoca dudas en el escenario financiero internacional.
Los inversores, cuando se deciden a invertir, siempre lo hacen exigiendo un beneficio proporcional al riesgo.
El último informe anual de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (Cepal) ha señalado que las inversiones en nuestro país no superaron la capacidad instalada en el sector industrial, donde los capitales externos esperan mayor certidumbre para el largo plazo. Es decir, políticas de Estado que los favorezcan. Pero no sólo eso debe señalarse, sino que la voz oficial -cuanto más que en cada discurso se torna en arenga- se aleja más de esa realidad que ha impuesto la creación de la ANI. Tampoco la acción gubernamental avanzó lo necesario en temas tan requeridos como la reforma impositiva, la nueva ley de coparticipación federal, las reformas del sistema financiero y de la banca pública, y las tarifas de servicios.
Se trata de cuestiones todas que no han sido consecuencia de la crisis y de la depresión, sino que en buena medida la dura coyuntura del país tuvo origen en ellas.
Todo ello, junto con la recurrente dialéctica pública contra los organismos internacionales, como acaba de ocurrir con el Banco Mundial y el Club de París, mientras Nofal asumía sus delicadas funciones, se produce en un tiempo en que se observa el rumbo fuertemente positivo de las inversiones en la economía global.
La creación de la ANI es al fin la concreción de un proyecto que esperó desde mediados de 2005 y había sido diseñado por un Consejo Empresario Asesor asociado a la Agencia para el Desarrollo de Inversiones. El cambio en la cartera económica había archivado desde entonces la iniciativa. A partir de esa situación, el régimen de emergencia económica -que permitió disponer de superpoderes al Poder Ejecutivo- ha perdurado indefinidamente. Hoy constituye la sombra más difícil de disipar para el éxito de la flamante ANI, cuya presidenta acaba de manifestar al emprender su misión: “tenemos que realizar acciones que muestren que la Argentina es un país que cumple los contratos y superar los problemas de desconfianza que nos legó, básicamente, el default”.
En suma, hay que recuperar la seguridad jurídica que la suma de requerimientos incumplidos ha estado impidiendo.