Genera polémica el proyecto de dar un perdón a las empresas contaminantes

El anuncio de que diputados tucumanos planean impulsar la suspensión por cinco años a los juicios por contaminación, en el marco de una declaración de emergencia ambiental, está generando chisporroteos.
Por un lado, el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (que impulsa en el Congreso el proyecto con sus pares Beatriz Rojkés de Alperovich y Susana Díaz) aseguró que con esa medida se trata de lograr una síntesis entre un medio ambiente sano y la continuidad de la producción y el trabajo en la provincia. Por el otro, representantes de organizaciones ambientalistas del sur de la provincia anunciaron que harán lobby en el Congreso para que no se trate esa "moratoria ambiental"; y el constitucionalista, ex defensor del pueblo y compilador del Digesto ambiental del NOA, Sergio Díaz Ricci, evaluó: "un juez podría llegar a cuestionar la validez de esa emergencia, porque esta no se produce por un hecho imprevisto, como un huracán o un terremoto, sino por una sucesión de situaciones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Hay que analizar si se justifica una medida para la suspensión de los juicios".
El anuncio de los diputados del FV se concreta en una semana caliente para la agenda ambiental: el jueves estará en esta provincia el ombudsman santiagueño, Darío Alarcón; y el viernes se reúnen en Buenos Aires con la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, los gobernadores José Alperovich y Gerardo Zamora. Allí firmarán un acuerdo para la recuperación de la cuenca Salí -Dulce. Sumado a ello, esta semana el fiscal federal Gustavo Gómez dijo en Concepción: "en los delitos ambientales, los acusados son empresarios que pueden pagar los mejores estudios jurídicos especializados en el tema, con lo cual se abocan a buscar detalles que les permitan plantear la nulidad de la demanda". En defensa de la iniciativa, Vargas Aignasse dijo que se trata de una medida de excepcionalidad. "No se trata de suspender procesos judiciales alegremente, sino que aquellas industrias que tienen procesos abiertos, y que se inscriban en un padrón determinado, deberán presentar un plan, y serán sometidas a un monitoreo que será conducido por representantes de un ente interjurisdiccional", dijo.
En la vereda de enfrente, el abogado y vicepresidente de la ONG Pacto Verde, Gustavo Gimena, calificó el proyecto de "disparate legislativo". "Quieren crear un registro de empresas que vuelcan efuentes al Salí, cuando ese registro ya existe", remarcó. "Desde el punto de vista jurídico -dijo-, entiendo que las medidas cautelares y las sentencias que hacen a la legislación civil sí pueden ser pasibles de suspensión legislativa. No así en materia penal, porque una conducta humana está tipificada como delito por la ley, o no lo está". Dijo que pretender que un delito deje de ser delito "implicaría una derogación encubierta. Técnicamente es imposible suspender figuras penales. Sólo es posible derogarlas".


Un punto de fricción entre Gerónimo Vargas Aignasse y los ambientalistas es que mientras el primero plantea que hay que evitar el cierre de las industrias, los "verdes" dicen que la acción judicial ha sido "ejemplificadora".
"Soy autor de una ley que va a compatibilizar la exigencia de un medio ambiente sano con un escenario en el que no falte trabajo por el cierre de fábricas o por despidos", dice Vargas Aignasse.
En la vereda de enfrente, el abogado Gustavo Gimena (Asociación Pacto Verde) afirmó que por ninguna de las 60 causas por contaminación radicadas en la Justicia Federal de Tucumán se llegó al cierre de empresas. "Es más: en una de ellas, los directivos se encuentran procesados, y estaba próximo a iniciarse el juicio oral. ¿Qué hizo esta empresa? Lejos de cerrar la fábrica, ha hecho una fuerte inversión en una planta de tratamiento de sus residuos líquidos y gaseosos, lo que muestra la importancia de una ley penal que tipifique como delitos la contaminación causada por empresas, porque así las está instando producir limpio", dijo Gimena. En el mismo sentido, el abogado afirmó que el propietario de un sanatorio del interior de la provincia se acogió a una "probation", y se comprometió a un manejo "más serio" de los residuos patógenos.
"Hay empresas que han asumido su responsabilidad ambiental. No es justo, entonces, que se premie a aquellas que no lo han hecho", dijo, en la misma línea, el constitucionalista Sergio Díaz Ricci a LA GACETA.