09 Septiembre 2006
LA PAZ.- La ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, dijo que un paro en el que jóvenes fascistas obligan con palos y cadenas a la gente a sumarse no puede ser un éxito, en el primer informe oficial sobre la huelga. Según Muñoz, se trató de un paro armado, “con hordas fascistas amedrentando a la ciudadanía”.
La crítica de la funcionaria fue dirigida a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), conocidos por sus ataques contra indígenas y campesinos. Asimismo, denunció un ataque con bombas molotov contra el canal estatal de Santa Cruz, y que jóvenes vinculados al comité Pro Santa Cruz amedrentaron a médicos cubanos que se encuentran trabajando en un programa del gobierno en la zona. Según la funcionaria, los jóvenes pintaron con grafito la leyenda “Evo dictador” en la vivienda donde se alojan los galenos.
El gobierno consideró que el paro resultó un fracaso para los grupos oligárquicos. “Los barrios pobres de las ciudades, obreros, campesinos, transportistas, comerciantes, microempresarios, así como los campesinos e indígenas, desafiaron la autoridad de los prefectos y ya no los reconocen como sus voceros”, dice un comunicado oficial.
“Para garantizar el acatamiento a la medida de fuerza, los comités cívicos contaron con aportes económicos de poderosos grupos empresariales y la infraestructura de prefecturas y alcaldías locales”, indica la comunicación. (Télam)
La crítica de la funcionaria fue dirigida a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), conocidos por sus ataques contra indígenas y campesinos. Asimismo, denunció un ataque con bombas molotov contra el canal estatal de Santa Cruz, y que jóvenes vinculados al comité Pro Santa Cruz amedrentaron a médicos cubanos que se encuentran trabajando en un programa del gobierno en la zona. Según la funcionaria, los jóvenes pintaron con grafito la leyenda “Evo dictador” en la vivienda donde se alojan los galenos.
El gobierno consideró que el paro resultó un fracaso para los grupos oligárquicos. “Los barrios pobres de las ciudades, obreros, campesinos, transportistas, comerciantes, microempresarios, así como los campesinos e indígenas, desafiaron la autoridad de los prefectos y ya no los reconocen como sus voceros”, dice un comunicado oficial.
“Para garantizar el acatamiento a la medida de fuerza, los comités cívicos contaron con aportes económicos de poderosos grupos empresariales y la infraestructura de prefecturas y alcaldías locales”, indica la comunicación. (Télam)