Muchos pueblos quedaron en el abandono

Los habitantes de la región sintieron en carne propia los efectos del cierre de los ingenios tucumanos en agosto de 1966. Unos 50.000 empleados de fábrica y trabajadores de surco quedaron sin trabajo, y cerca de 11.000 pequeños cañeros fueron excluidos de la actividad. Otro dato que revela la magnitud del impacto sobre el cuerpo social de la provincia es la drástica reducción de obreros afiliados a Fotia: de los casi 40.000 con que contaba en 1963, sólo quedaron 5.000 después de la clausura de las fábricas. El cierre industrial forzado produjo una caída del producto bruto provincial del 35 % en 1967, y la superficie sembrada, que llegaba a las 210.000 hectáreas en 1965, quedó limitada a 135.000 en 1967; esta reducción trajo aparejada la desaparición de unos 30.000 puestos de trabajo en el campo. Las aproximadamente 65.000 hectáreas de campos que pertenecían a las firmas propietarias de los ingenios cerrados se convirtieron en tierras improductivas, y las instalaciones y maquinarias de las plantas fabriles fueron desmanteladas o comenzaron un largo proceso de deterioro a causa del abandono en que quedaron. Tucumán comenzó a ser una provincia distinta y marcada a fuego por esa decisión.




“El ingenio San Antonio de Ranchillos nació en 1910. Fue fundado por Antonio Capurro con el nombre de El “Fénix del Norte”. Luego, en 1922, una enfermedad obligó a Capurro a ceder la fábrica a sus amigos Solano Peña y Vicente Gallo, bajo el compromiso de que ellos mantengan las fuentes laborales para la gente de la zona. Por ese acto de grandeza, ambos decidieron que el ingenio pasara a llamarse San Antonio”, explicó Juan José Pino, quien fuera secretario general de la FEIA del ingenio San Antonio de Ranchillos en el 66, año en que la fábrica dejó de trabajar. Pino recordó, además, que junto a un grupo de sindicalistas viajó a Buenos Aires para conocer si el San Antonio era uno de los ingenios que Onganía había incluido en la lista de las fábricas a cerrar. “La empresa ya estaba en quiebra, porque Peña y Gallo no pudieron asumir las deudas que tenían principalmente con los gobiernos nacional y provincial. Pero nosotros no estábamos en la lista de los que Onganía mandaba a cerrar. Por eso pedimos, en Buenos Aires, que nos incluyan para que los trabajadores pudieran cobrar el subsidio que por un año iba a entregar la Nación”, especifica. Pino, quien luego fue electo diputado provincial y legislador en varios períodos, aseguró que unos 350 operarios de planta permanente quedaron sin empleo ese año, sin contar a los obreros y a la gente del surco en Ranchillos. “Fue duro para el pueblo. La crisis nos obligó a realizar diversas movilizaciones y gestiones para conseguir trabajo para la gente. Hicimos mucho con la esperanza que el ingenio volviera a abrir, hasta que nos dijeron que debíamos olvidarnos de esa posibilidad”, concluyó Pino.


Donde hace 40 años había una chimenea humeante e imponente, rodeada de carros con cañas, ahora existe una chimenea muda, de cuya estructura se agarran techos y sogas de viviendas precarias. Mucho cambió en villa Amalia en las últimas décadas. Además de ese gigante dormido, sólo dos chalet de toda la vieja estructura del ingenio Amalia persistieron al paso del tiempo. Uno, el más grande, fue adquirido por un particular que vive allí con su familia. En el otro, vive uno de los hijos de Guillermo Griet, uno de los fundadores del ingenio. “Esta fábrica no cerró por consecuencia del decreto que firmó Onganía. Hubo problemas en la familia que controlaba el ingenio y cerró dos o tres años después (1968-1969)”, explicó Doris Figueroa de Griet. Las situaciones como la de villa Amalia se repite en otras localidades. Hasta el cierre de su ingenio, Santa Ana llegó a tener 25.000 habitantes. Se trataban de miles de familias que vivían directa o indirectamente de esa planta fabril. Hoy el pueblo cuenta con un poco menos de 14.000 personas y la desocupación llega al 45%.



“Los ingenios ya estaban mal. Los dueños, los industriales, tuvieron parte de culpa”, afirma Julio Bulacio, quien fuera dirigente de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), en esos años de cierre de ingenios. El ex diputado nacional dijo que los agricultores no tenían responsabilidad en la situación. “De a poco, tras ese golpe, los pequeños cañeros comenzaron a irse de la provincia, especialmente muchos jóvenes del campo. No tenían trabajo. Muchos quedaron en la pobreza”, relata. También detalló que intentaron que los productores se dedicaran a otra actividad, que vendieran o produjeran cosas diferentes. “Pero era gente que estaba acostumbrada durante años, a vivir y a producir en familia, de la caña de azúcar”, explicó. Las cooperativas que se armaron para contener y organizar la producción no fueron suficientes para frenar la crisis del sector, dijo. “Económicamente nos mató. Y en lo sentimental fue un dolor muy grande, tanto para los cañeros como para los obreros del surco, porque mucha gente se quedó sin nada”, recordó amargamente Bulacio.