Un nuevo pedido de juicio político

El bussista Carlos Canevaro y el radical Juan Robles solicitaron ayer la destitución del gobernador José Alperovich. Los parlamentarios consideran que el titular del Poder Ejecutivo debe ser sometido a juicio político por presuntos desórdenes de conducta y supuesto incumplimiento de los deberes a su cargo, en los hechos que sucedieron al homicidio de la joven Paulina Lebbos.
El planteo, que ingresó ayer por Mesa de Entradas de la Legislatura, consta de 39 fojas. En la mayoría, Canevaro y Robles resumen las notas publicadas en los medios gráficos locales sobre la investigación del caso Lebbos. Según los opositores, la información desnuda la ausencia total de una política de gobierno en materia de seguridad. También, reflejan un profundo y tremendo sentimiento de desconfianza en la población para con la Policía de Tucumán.
Los opositores coincidieron en mencionar que la renuncia del ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, implicó una "confesión de parte" sobre la responsabilidad oficial en este tema. "Hay una responsabilidad directa del gobernador en el manejo de la política de seguridad". manifestó el bussista.
El radical precisó que el caso Lebbos es uno más de los hechos delictivos que no pueden ser esclarecidos. "Es un caso de alto impacto mediático, pero no es el único. El oficialismo, empezando por el gobernador, debiera tomar en cuenta lo que está pasando, abandonar su soberbia y cambiar el rumbo", sostuvo.
La referencia apuntó a lo que puede suceder en la comisión de Juicio Político. Hasta el momento, los ocho peronistas que forman la mayoría trabaron todos los planteos contra el Gobierno.
Para que este pedido de destitución sea tratado por la comisión de Juicio Político, los dos opositores que lo impulsan deben ratificar la presentación. Deberán analizar, también, el planteo firmado por el sindicalista Jesús Soria, en el mismo sentido.
El sindicalista ratificó y amplió su pedido de enjuiciamiento. Agregó que la reunión de la noche del miércoles entre el fiscal penal Alejandro Noguera (investigaba el asesinato de Paulina Lebbos) y el gobernador, en casa del mandatario, avasallaría la división de poderes.