Planteo judicial contra la elección del 19 de febrero

El legislador Rodolfo Danesi (Ciudadanos Independientes) recurrió ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para solicitar que se anulen los comicios del 19 de febrero y, en consecuencia, se detenga el proceso de reforma de la Constitución de 1990.
Mediante su presentación, el opositor demanda al supremo tribunal que declare la inconstitucionalidad de una serie de actos y omisiones de parte del Gobierno durante el proceso electoral para la designación de los 40 convencionales constituyentes.
Entre las supuestas irregularidades, el parlamentario mencionó la compra masiva de votos a cambio de bolsones con mercaderías; la contratación de medios de transporte de votantes por parte de funcionarios públicos y las amenazas a empleados públicos y a titulares de planes sociales respecto de que perderían el puesto laboral o el beneficio asistencial si no acudían a sufragar, entre otros.

Contra el voto libre
“Los actos y las omisiones del gobernador José Alperovich son lesivos de intereses públicos protegidos por el orden jurídico nacional e internacional. Afectan el derecho al voto universal, igual, libre y secreto; el derecho a elegir y ser elegido y el derecho a participar de elecciones justas, libres, genuinas y auténticas”, aseguró Danesi.
Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, el opositor pidió que se declare la nulidad de la elección del 19 de febrero, cuando el oficialista Frente para la Victoria se impuso con 392.000 votos. Complementariamente, reclamó a los jueces supremos que adopten acciones apropiadas para asegurar que en las futuras elecciones no se repita este contexto.
Plantea, por ejemplo, que se prohíba a los partidos la contratación de medios de transporte, que se sancione el reparto de mercaderías con fines electoralista y que se dicte una ley de libre acceso a la información pública, que incluya un detalle sobre el gasto público.
Dado que la Convención Constituyente se encuentra sesionando, Danesi solicitó a la Corte que dicte en forma urgente una medida cautelar que suspenda el plazo de 90 días para que los reformadoras cumplan con su tarea.
El legislador recusó sin causa al vocal de la Corte Antonio Gandur y con causa al titular del alto tribunal, Alfredo Dato, por haber opinado que el reparto de bolsones no es un hecho ilícito.