"Existe en el país la mala práctica de ligar lo tarifario a lo político"

"En materia tarifaria de los principales servicios públicos hubo un abandono del equilibrio contractual oportunamente previsto". Tal es la idea de la abogada Estela Sacristán, especializada en Derecho Administrativo Económico, que participó este fin de semana en las Primeras Jornadas de Estudios de Regulación, que se realizaron en el Hotel Garden Park, organizadas por la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (Asier) y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Unsta.
Considera la experta que las garantías que tenían las empresas de transporte y distribución de gas, transporte y distribución de electricidad, y servicio de agua, fueron destruidas, y que todo ello provocó una especie de remolino que arrastró a los usuarios.
Sacristán observa que en la Argentina suele atarse lo tarifario a lo político. "Pero la regulación económica de las tarifas hace caso omiso de lo político y así debería ser en nuestro país, como ocurre en otros Estados, que han inspirado la regulación en la Argentina. Caso de Gran Bretaña, país que desvinculó ex profeso lo tarifario de lo político", plantea la profesional.
Estima, asimismo, que se debe volver a instaurar un orden que proteja a todos los usuarios, porque ellos tienen derecho a tener una prestación eficiente, de determinada calidad. "No se puede hacer pesar un cierto componente de las tarifas para asegurar las inversiones. Por razones de equidad, las tarifas tendrían que pesar sobre todos aquellos que las puedan pagar", manifiesta Sacristán.

El problema con Uruguay
La sintonía que debe existir entre Regulación Económica y medio ambiente fue otro de los temas que concitaron el interés de los participantes de las jornadas, en especial cuando se analizó el conflicto suscitado entre la Argentina y Uruguay por la construcción de dos papeleras.
Según Javier Urrutigoity, el punto clave en esta prolongada controversia es comprobar si Uruguay ha cumplido con la regulación en materia ambiental.
"Ese país se ha suscripto a tratados y a convenciones internacionales, además de contar con normas internas que tienden a asegurar que haya una evaluación real del impacto ambiental y las medidas que se han previsto para prevenir o para reparar los eventuales daños que se produjeron o que podrían llegar a generarse", observó.
Estima el experto en Recursos Naturales que Uruguay debe informar a la comunidad internacional que ha cumplido con la normativa ambiental y que el bien (en este caso el recurso hídrico) no va a sufrir un daño grave o irreparable por la acción de las dos industrias en cuestión.
"La Argentina debe verificar ese cumplimiento y terminar con el problema", sostuvo Urrutigoity.