Exigieron la destitución de Ibarra

Buenos Aires.- En una audiencia que tuvo pasajes de mucha tensión, los fiscales del juicio político a Aníbal Ibarra pidieron la destitución del suspendido jefe de Gobierno y su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos, al considerar "largamente probado el mal desempeño de sus funciones".
Pese a que los fiscales Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto indicaron que las acciones y omisiones de Ibarra contribuyeron a que se desatara la tragedia de Cromagnon, los abogados defensores del funcionario pidieron su absolución y cuestionaron en duros términos la instrumentación del proceso.

Los plazos legales
Con las cartas echadas sobre la mesa, la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña entra ahora en un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de marzo, a partir de cuando tendrá un plazo de cuatro días para dar a conocer el veredicto final. Para destituir a Ibarra, la Sala Juzgadora debe reunir el voto afirmativo de al menos 10 de los 15 legisladores.
La audiencia de esta jornada, una de las más importantes en lo que va del proceso, comenzó con una sorpresa: el legislador zamorista Gerardo Romagnoli, que había renunciado a integrar la Sala Juzgadora, se hizo presente y escuchó los alegatos de la fiscalía y la defensa de Ibarra.
En este contexto, el legislador Enríquez, al pronunciar la primera parte del alegato de la fiscalía, sostuvo que si la Sala Juzgadora accede al pedido de los acusadores, se habrán fortalecido enormemente las instituciones en la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalía basó su argumentación en que la gestión de Ibarra, según señaló, manejaba impune y caprichosamente las inspecciones a locales y que, a partir de sus políticas, se gestó un Estado bobo. "Ibarra manejó en su gobierno la arbitrariedad como método de control", enfatizó Enríquez. Entre los argumentos que utilizaron los acusadores, se incluyeron fallas en la planificación de los controles de los boliches, responsabilidad que -según consideraron- la Constitución pone directamente sobre el jefe de Gobierno.
Según la fiscalía, Ibarra hizo "abandono de mandato constitucional" ya que -indicaron- desarmó la estructura de control cuando denunció un "focazo" de corrupción en el área, pero luego no habría recompuesto la capacidad de la Ciudad de realizar inspecciones y verificaciones.
Los fiscales acusaron al suspendido jefe de Gobierno de "obrar más atento a los flashes de las cámaras" que a la efectividad de los controles que, según señalaron, se realizaban con discrecionalidad. También sostuvieron que Ibarra nombraba familiares y amigos en las áreas de control. Además, Enríquez vinculó durante el alegato esa situación con actos linderos con la corrupción. Consideró además que las políticas de control se acordaban con aquellos que debían ejercer las funciones de verificación y de inspección. (NA)