09 Enero 2006
El director de Institutos Penales de la provincia, Ernesto Salas, respondió en duros términos las críticas que el legislador Roberto Palina (UCR) formuló en contra de la administración del sistema penitenciario tucumano.
“Quiero refutar que haya una falta de control en el servicio penitenciario. La declaración (de Palina) es irresponsable”, afirmó el funcionario a LA GACETA. “El sistema tiene sus mecanismos y su orden. Y hoy funciona normalmente, superando de a poco deficiencias que vienen de una larga historia de olvido y marginación institucional”, aseveró.
Palina adelantó en la edición de ayer que hoy pedirá la interpelación del ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, y del secretario del área, Eduardo di Lella. El radical aseveró que los testimonios oídos por el Tribunal de la Legislatura describieron un panorama de la cárcel que el Gobierno debe explicar. De hecho, afirmó que hay funcionarios tanto o más responsables que la jueza Alicia Freidenberg por la fuga del reo Alberto Tolosa, y manifestó que espera que Salas también vaya al recinto.
“Me llama la atención el nivel de confusión del legislador, que mezcla política penitenciaria con minoridad; función judicial con custodia; y crisis social y de valores con objetivos de política criminal”, puntualizó Salas. “Los testimonios de personas que pisaron un penal hace años, o tal vez nunca, son tomados por Palina como descripción de una realidad actual, que evidentemente desconocen”, consideró.
“Las responsabilidades deben juzgarse y asumirse sin caer en idealizaciones inútiles e ingenuas -aseveró el funcionario-. La resocialización de los internos es difícil; por eso, se trabaja duramente para conseguirla y muchos internos hacen progresos enormes. No puede juzgarse al sistema por fracasos puntuales o por atrasos que llevan décadas, y que no se revierten de un día para el otro”, concluyó.
Legisladores evalúan las repercusiones
Los alegatos, tanto de los acusadores como de los defensores de la jueza Alicia Freidenberg, se leerán el próximo miércoles, a las 9, cuando fue convocada una sesión clave en el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura.
El proceso contra la presidenta de la Sala VI de la Cámara Penal de la capital se puso en marcha luego de que la comisión de Juicio Político formuló la acusación contra la magistrada, el 23 de noviembre pasado. El pedido de destitución se fundamenta en presunta negligencia y supuesto mal desempeño en el cargo, por la autorización de los traslados con custodia de Alberto Tolosa. Fue quien asesinó al remisero Luis Cisterna el 6 de enero de 1997, y se fugó en una visita a su abuelo Segundo Argota, el 12 de agosto pasado. Los ejes de cada parte diferirán al momento de hablar en el recinto.
Por fuera de lo jurídico, los 28 legisladores-jueces evalúan las repercusiones sociales y políticas que tendrá su fallo del próximo viernes, sea por la destitución o por la absolución.
La definición se torna compleja, especialmente dentro del bloque justicialista, donde hay posiciones encontradas. En distintos contactos, varios de los miembros del oficialismo ya adelantaron que votarán como les dicte su conciencia, sin acatar obligatoriamente un mandato de bancada que vaya en contra de su posición. La oposición, mayoritariamente, se inclinaría por la absolución.
“Quiero refutar que haya una falta de control en el servicio penitenciario. La declaración (de Palina) es irresponsable”, afirmó el funcionario a LA GACETA. “El sistema tiene sus mecanismos y su orden. Y hoy funciona normalmente, superando de a poco deficiencias que vienen de una larga historia de olvido y marginación institucional”, aseveró.
Palina adelantó en la edición de ayer que hoy pedirá la interpelación del ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, y del secretario del área, Eduardo di Lella. El radical aseveró que los testimonios oídos por el Tribunal de la Legislatura describieron un panorama de la cárcel que el Gobierno debe explicar. De hecho, afirmó que hay funcionarios tanto o más responsables que la jueza Alicia Freidenberg por la fuga del reo Alberto Tolosa, y manifestó que espera que Salas también vaya al recinto.
“Me llama la atención el nivel de confusión del legislador, que mezcla política penitenciaria con minoridad; función judicial con custodia; y crisis social y de valores con objetivos de política criminal”, puntualizó Salas. “Los testimonios de personas que pisaron un penal hace años, o tal vez nunca, son tomados por Palina como descripción de una realidad actual, que evidentemente desconocen”, consideró.
“Las responsabilidades deben juzgarse y asumirse sin caer en idealizaciones inútiles e ingenuas -aseveró el funcionario-. La resocialización de los internos es difícil; por eso, se trabaja duramente para conseguirla y muchos internos hacen progresos enormes. No puede juzgarse al sistema por fracasos puntuales o por atrasos que llevan décadas, y que no se revierten de un día para el otro”, concluyó.
Legisladores evalúan las repercusiones
Los alegatos, tanto de los acusadores como de los defensores de la jueza Alicia Freidenberg, se leerán el próximo miércoles, a las 9, cuando fue convocada una sesión clave en el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura.
El proceso contra la presidenta de la Sala VI de la Cámara Penal de la capital se puso en marcha luego de que la comisión de Juicio Político formuló la acusación contra la magistrada, el 23 de noviembre pasado. El pedido de destitución se fundamenta en presunta negligencia y supuesto mal desempeño en el cargo, por la autorización de los traslados con custodia de Alberto Tolosa. Fue quien asesinó al remisero Luis Cisterna el 6 de enero de 1997, y se fugó en una visita a su abuelo Segundo Argota, el 12 de agosto pasado. Los ejes de cada parte diferirán al momento de hablar en el recinto.
Por fuera de lo jurídico, los 28 legisladores-jueces evalúan las repercusiones sociales y políticas que tendrá su fallo del próximo viernes, sea por la destitución o por la absolución.
La definición se torna compleja, especialmente dentro del bloque justicialista, donde hay posiciones encontradas. En distintos contactos, varios de los miembros del oficialismo ya adelantaron que votarán como les dicte su conciencia, sin acatar obligatoriamente un mandato de bancada que vaya en contra de su posición. La oposición, mayoritariamente, se inclinaría por la absolución.
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