09 Enero 2006
LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
El presidente del Tribunal de Juicio Político de la Legislatura, Ernesto Padilla, resaltó la normalidad en el proceso que se le sigue a la camarista penal Alicia Freidenberg (foto) y confirmó que la decisión final sería adoptada el viernes, luego de una sesión secreta de deliberación.
"Debemos tener un espacio de diálogo e interconsulta entre los legisladores-jueces, ya que hay abogados, profesionales de otras ramas y políticos de profesión. Todos necesitamos ser esclarecidos en algunos aspectos, lo que no implica ser convencidos. El hecho de que sea un juicio político no excluye usar la razón y la sana crítica en el análisis final, son ingredientes fundamentales", destacó.
El republicano admitió que hay una veta política en el ejercicio de la potestad constitucional de absolver o destituir a magistrados y a funcionarios. Aclaró que cada miembro del Tribunal podrá elegir qué criterio adoptar para calificar la actuación de Freidenberg (priorizando lo jurídico o lo político), y que no existe disposición legal ni instrucción al respeto. "Espero que prime la razón y no el corazón. Así debe ser en los juicios de valor sobre las conductas ajenas. El mandato de bloque existe en todas las estructuras políticas, pero en un juicio político, depende de la posición que tome cada uno", advirtió.
Padilla recordó que los legisladores están actuando en esta oportunidad bajo un juramento especial como magistrados, no como parlamentarios. "Lo político es el ingrediente más ínfimo y sutil que debiera tener espacio en esta instancia", sentenció el republicano.
Conformidad
"La marcha del proceso se desarrolla absolutamente dentro de la ley, estoy muy conforme. Primó la amplitud de criterio del Tribunal para permitir el debate, lo que quedó demostrado cuando se admitió el 100% de las pruebas ofrecidas y cuando se garantizó a la acusación y a la defensa que usen todos los derechos constitucionales disponibles. Esto hace a la buena administración de Justicia", sostuvo.
Padilla resaltó además que hubo varios legisladores-jueces que participaron activamente en el interrogatorio a los testigos, lo que demostró la preocupación para formar criterios a fin de dar una resolución definitiva al proceso. En particular, mencionó a José Cano, Alejandro Sangenis, Ramón Graneros y José Alberto Cúneo Vergés.
Los abogados defensores de la presidenta de la sala VI de la Cámara Penal son José Agustín Ferrari y Mario Eberlé. Los profesionales centrarán su estrategia en reivindicar la potestad de la magistrada suspendida para aprobar los traslados (por caso, el concedido a Alberto Tolosa), ya que son parte de los derechos de los presos para mantener los lazos familiares y para facilitar la reinserción social una vez cumplida la condena.
Los juristas también plantearán que en ninguna norma se le exigía a Freidenberg que pida informes especiales sobre la conducta de Tolosa ni la salud de su abuelo, Segundo Argota (argumento central de la acusación). Y sostendrán que no se puede destituir a un juez por actuar dentro del margen discrecional que le otorga la ley vigente.
Otro punto que planteará la defensa será que no se puede acusar a la camarista de la fuga en sí, ya que la custodia es responsabilidad exclusiva y excluyente del servicio penitenciario. Paralelamente, resaltarán las virtudes profesionales y académicas de Freidenberg, reconocidas internacionalmente.
"Debemos tener un espacio de diálogo e interconsulta entre los legisladores-jueces, ya que hay abogados, profesionales de otras ramas y políticos de profesión. Todos necesitamos ser esclarecidos en algunos aspectos, lo que no implica ser convencidos. El hecho de que sea un juicio político no excluye usar la razón y la sana crítica en el análisis final, son ingredientes fundamentales", destacó.
El republicano admitió que hay una veta política en el ejercicio de la potestad constitucional de absolver o destituir a magistrados y a funcionarios. Aclaró que cada miembro del Tribunal podrá elegir qué criterio adoptar para calificar la actuación de Freidenberg (priorizando lo jurídico o lo político), y que no existe disposición legal ni instrucción al respeto. "Espero que prime la razón y no el corazón. Así debe ser en los juicios de valor sobre las conductas ajenas. El mandato de bloque existe en todas las estructuras políticas, pero en un juicio político, depende de la posición que tome cada uno", advirtió.
Padilla recordó que los legisladores están actuando en esta oportunidad bajo un juramento especial como magistrados, no como parlamentarios. "Lo político es el ingrediente más ínfimo y sutil que debiera tener espacio en esta instancia", sentenció el republicano.
Conformidad
"La marcha del proceso se desarrolla absolutamente dentro de la ley, estoy muy conforme. Primó la amplitud de criterio del Tribunal para permitir el debate, lo que quedó demostrado cuando se admitió el 100% de las pruebas ofrecidas y cuando se garantizó a la acusación y a la defensa que usen todos los derechos constitucionales disponibles. Esto hace a la buena administración de Justicia", sostuvo.
Padilla resaltó además que hubo varios legisladores-jueces que participaron activamente en el interrogatorio a los testigos, lo que demostró la preocupación para formar criterios a fin de dar una resolución definitiva al proceso. En particular, mencionó a José Cano, Alejandro Sangenis, Ramón Graneros y José Alberto Cúneo Vergés.
A FAVOR
Los abogados defensores de la presidenta de la sala VI de la Cámara Penal son José Agustín Ferrari y Mario Eberlé. Los profesionales centrarán su estrategia en reivindicar la potestad de la magistrada suspendida para aprobar los traslados (por caso, el concedido a Alberto Tolosa), ya que son parte de los derechos de los presos para mantener los lazos familiares y para facilitar la reinserción social una vez cumplida la condena.
Los juristas también plantearán que en ninguna norma se le exigía a Freidenberg que pida informes especiales sobre la conducta de Tolosa ni la salud de su abuelo, Segundo Argota (argumento central de la acusación). Y sostendrán que no se puede destituir a un juez por actuar dentro del margen discrecional que le otorga la ley vigente.
Otro punto que planteará la defensa será que no se puede acusar a la camarista de la fuga en sí, ya que la custodia es responsabilidad exclusiva y excluyente del servicio penitenciario. Paralelamente, resaltarán las virtudes profesionales y académicas de Freidenberg, reconocidas internacionalmente.
EN CONTRA
La redacción del alegato de la acusación, que propicia la destitución de la camarista Alicia Freidenberg, fue confiada por la comisión de Juicio Político al presidente y al secretario del organismo, Sisto Terán (PJ) y Carlos Canevaro (FR).
Uno de los fundamentos centrales es la peligrosidad que demostró Tolosa en el momento del crimen, así como durante sus años en la cárcel de Villa Urquiza. Los legisladores entienden que la magistrada no podía desentenderse de esa situación, ya que las actitudes del preso deben formar parte de la valoración de la jueza al momento de otorgar un permiso de visita (aunque esta sea con custodia).
En ese sentido, resaltarán que Freidenberg debería haber tenido el mayor celo posible antes de habilitar el traslado. Remarcarán que Tolosa gozó de numerosas y reiteradas salidas del penal, hasta que se fugó; y que no se acreditó fehacientemente en ningún momento el grado de inmovilidad que tendría su abuelo (por el contrario, negarán que esté impedido). No cuestionarán la facultad de la jueza, pero afirmarán en que la camarista tuvo un ejercicio negligente de ella al no atender principios objetivos que debía controlar para firmar las autorizaciones.
Uno de los fundamentos centrales es la peligrosidad que demostró Tolosa en el momento del crimen, así como durante sus años en la cárcel de Villa Urquiza. Los legisladores entienden que la magistrada no podía desentenderse de esa situación, ya que las actitudes del preso deben formar parte de la valoración de la jueza al momento de otorgar un permiso de visita (aunque esta sea con custodia).
En ese sentido, resaltarán que Freidenberg debería haber tenido el mayor celo posible antes de habilitar el traslado. Remarcarán que Tolosa gozó de numerosas y reiteradas salidas del penal, hasta que se fugó; y que no se acreditó fehacientemente en ningún momento el grado de inmovilidad que tendría su abuelo (por el contrario, negarán que esté impedido). No cuestionarán la facultad de la jueza, pero afirmarán en que la camarista tuvo un ejercicio negligente de ella al no atender principios objetivos que debía controlar para firmar las autorizaciones.
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