El juicio por el crimen de Érika: tres testigos complicaron aún más al “Militar” Sosa

El dueño de un lavadero confirmó que “El Militar” pidió una limpieza especial de su camioneta. Otro testigo detalló la compra de una moto de alta gama y un perito reveló que el acusado retiró $57 millones de distintos bancos.

ACLARANDO EL PANORAMA. El vendedor Juan Carlos Yácumo brinda detalles sobre cómo fue la operación de la compra de una moto KTM.
ACLARANDO EL PANORAMA. El vendedor Juan Carlos Yácumo brinda detalles sobre cómo fue la operación de la compra de una moto KTM.

Resumen para apurados

  • En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez, tres testigos complicaron a Felipe Sosa al detallar maniobras de limpieza y retiro de fondos tras el crimen.
  • Se constató que Sosa encargó un lavado profundo de su camioneta, extrajo $57 millones y compró una moto de alta gama antes de su fuga a Buenos Aires.
  • El tribunal retomará las audiencias el próximo miércoles con peritajes clave, mientras se define si la expareja del imputado actuó o no como encubridora.
Resumen generado con IA

En cada audiencia de un juicio, las partes suelen hacer balances diferentes sobre todo lo que se expuso. Pero ayer, en una situación poco común, coincidieron en que tres de los cuatro testigos que declararon ante el tribunal terminaron complicando a Felipe “El Militar” Sosa, el único acusado del femicidio de Érika Antonella Álvarez.

Todas las situaciones que se ventilaron durante el debate oral estuvieron relacionadas con los movimientos que realizó el acusado entre el 8 y el 9 de enero, es decir, durante los dos días posteriores al crimen.

El primer testimonio que comprometió al “Militar” fue el del dueño del lavadero ubicado en Lola Mora y Perú, en Yerba Buena, al que Sosa llevó una camioneta Amarok, el vehículo en el que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido trasladado el cuerpo de Érika hasta el descampado donde fue encontrado.

“Él la llevó el 8 de enero y pagó $21.000 por el servicio que le hicimos”, sostuvo Patricio Graels. “Pidió expresamente que le hiciéramos una limpieza premium en el interior, que es un trabajo mucho más complejo, que consiste en lavado, limpiado y aspirado de los asientos y habitáculos. A los que no lo piden, se les hace solamente un aspirado”, añadió.

Esta declaración fue considerada de suma importancia porque, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores sostienen que el imputado habría transportado el cuerpo de Érika en el sector trasero del vehículo, precisamente el lugar donde pidió que se extremara la limpieza.

Movimientos y compra

El otro testimonio clave fue el de un empleado de una concesionaria de motocicletas en la que Sosa adquirió el rodado que utilizó para viajar a Buenos Aires, donde finalmente fue detenido. Según declaró Juan Carlos Yácumo, el acusado se presentó en el local para retirar una llave de una moto y el dueño del comercio le ofreció cambiarla por un modelo más nuevo.

La planilla donde quedó registrado que Sosa hizo lavar la camioneta. La planilla donde quedó registrado que Sosa hizo lavar la camioneta.

“Terminó comprando una KTM. Entregó su moto más vieja, $4 millones en efectivo y firmó un documento de U$S 10.000 por el saldo que le quedaba por pagar y por la ropa especial que también se llevó del local. Ese documento terminó siendo cancelado por su padre, en marzo. La operación se cerró el 9 de enero. A pedido de Sosa, la moto fue puesta a nombre de Justina Gordillo (su ex pareja, que está siendo juzgada por encubrimiento)”, sostuvo el comerciante.

Yácumo aportó otro dato importante para comprender el contexto de la operación. “Es muy común que las personas que adquieren motocicletas de alta gama las pongan a nombre de su pareja o de la empresa de la que son dueños”, declaró.

La operación se concretó un día antes de que Sosa iniciara su viaje a Buenos Aires, un desplazamiento que, según la teoría del fiscal Pedro Gallo, tenía como objetivo evadir el accionar de la Justicia. También resultó relevante que el testigo confirmara la compra de indumentaria especial para realizar una travesía, circunstancia que podría reforzar la hipótesis de que el acusado tenía planeado fugarse.

Por último, Rodolfo Del Pino, perito contable del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF), declaró sobre los movimientos bancarios que realizaron Sosa y Gordillo entre el 7 y el 16 de enero pasado.

El informe del contador público nacional fue categórico: el 8 de enero, Sosa realizó tres operaciones en diferentes bancos de la provincia y extrajo por ventanilla un total de $57 millones. Se sospecha que esos fondos, provenientes de las empresas de “El Militar”, podrían haber sido utilizados para financiar su fuga.

En el caso de Gordillo, en cambio, el especialista informó que sólo se detectaron dos movimientos en su cuenta sueldo, por un total de $910.000. Durante ese período, de acuerdo con lo informado por Del Pino, no recibió ninguna transferencia, sino únicamente la acreditación de los haberes que percibía del Poder Judicial.

Distintas lecturas

Las diferencias aparecieron al momento de evaluar la importancia de los testimonios para definir la situación procesal de Gordillo, la ex pareja de Sosa. Además de los tres testigos mencionados, también declaró Marcos Vidal, un hombre que se dedica a la compraventa de motocicletas usadas. Confirmó que, en julio de 2025, la acusada de encubrimiento lo llamó para que cotizara la moto que “El Militar” quería vender.

El testigo también dijo que conocía a Gordillo porque era amigo de la infancia de su ex marido. “Nunca me enteré de que ella era una aficionada a andar en moto y mucho menos de que tuviera una. Sabía que el bien era de su nueva pareja”, indicó durante la audiencia.

“Fue una jornada muy positiva porque se incorporaron evidencias que respaldan nuestra postura”, sostuvieron sus defensores, María Florencia Abdala y Camilo Atim.

Los profesionales explicaron por qué consideraban favorables los testimonios que se escucharon. “Se confirmó que fue Sosa el que llevó la camioneta y el que pidió que hagan un trabajo específico. No se puede acusar a alguien de encubrimiento porque fue a retirar el vehículo”, sostuvieron. “Lo de la información de las cuentas bancarias también es muy importante: el perito fue claro al decir que Justina no realizó extracciones millonarias ni recibió dinero de las empresas del imputado durante todo ese tiempo, ni siquiera después de que se firmaran los poderes de cambio de titularidad de las firmas”, señalaron.

Por último, destacaron la importancia de los dichos de Yácumo. “Es común que una persona, cuando está en pleno proceso de separación, como ocurre en este caso, ponga a nombre de un tercero de confianza la titularidad del bien. Aquí se demostró que Sosa compró, retiró y utilizó la KTM”, sostuvieron los penalistas, que buscan desacreditar la hipótesis de que Gordillo actuó con fines de lucro, una circunstancia que le impediría beneficiarse de la excusa absolutoria prevista para determinados casos de encubrimiento.

Los acusadores, en cambio, hicieron otra interpretación de lo ocurrido. “No puedo hablar, sólo decir que todavía faltan otras declaraciones”, dijo Gallo. Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima y encargado de sostener la querella, aseguró que ninguno de los testimonios escuchados ayer desvirtúa la acusación. “En ningún momento se dijo que ella llevó la camioneta, sino que la retiró. Los informes bancarios son parciales, falta que hablen otras personas”, finalizó.

Por cuestiones de agenda de los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega y María Valeria Mibelli, y debido a un día inhábil, las audiencias del juicio se reanudarán el próximo miércoles. A partir de esa jornada comenzarán a declarar los peritos que realizaron tareas clave durante la investigación del caso.

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