Resumen para apurados
- El Ejecutivo de Tucumán envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto para limitar las modificaciones de partidas de otros poderes del Estado y regular el gasto público.
- Mediante el artículo 29, busca alinear a entes autárquicos y a la Justicia, tras intentos previos en años anteriores que la Legislatura modificó para frenar condicionamientos.
- El debate en la comisión legislativa comenzará a fines de noviembre y anticipa tensiones políticas entre poderes por la autonomía en el manejo de sus recursos financieros.
Un artículo que se incluyó este año en el proyecto de Presupuesto 2027 podría generar tensiones o al menos debate entre los diferentes poderes del Estado. Sucede que la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo (PE), la cual comenzará a ser tratada prontamente en la Legislatura, incorporó este año un ítem que propone que se fijen límites a las modificaciones presupuestarias de otros poderes.
El 28 de octubre ingresó por mesa de entradas de la Cámara la propuesta de la Casa de Gobierno, que prevé gastos totales por $7,35 billones y un superávit fiscal de $304,5 millones. En líneas generales, la iniciativa que lleva las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, tiene características muy similares a las que se enviaron en años anteriores. “Es un presupuesto donde hay un gran esfuerzo económico y financiero para poder llegar a elaborarlo”, afirmó el mandatario en la presentación. Sin embargo, hay una particularidad que aparece en el último ítem del articulado.
Más "atados”
El artículo 29 que el PE sumó en esta ocasión impone reglas para las modificaciones en los presupuestos de otros poderes, según reza. “Las modificaciones presupuestarias correspondientes a los organismos descentralizados y autárquicos, Poderes Legislativo y Judicial, que sean dispuestas por sus respectivas autoridades en ejercicio de las competencias que le son propias, deberán ajustarse a los lineamientos de la presente ley y normas concordantes”, se expresa en la propuesta.
Legisladores interpretaron que la disposición que incluyó la Casa de Gobierno en el articulado busca “tener más ‘atados’” a los otros poderes del Estado. En la comisión de Hacienda y Presupuesto, sin embargo, por ahora no hubo expresiones formales dado que aún no comenzó el tratamiento de la iniciativa. Dado que mañana hay sesión y, posiblemente, también se convoque a otra la semana próxima, se estima que la discusión en el comité que preside Carlos Gallia comenzaría la última semana de noviembre.
Intentos anteriores
No es la primera vez que el proyecto de presupuesto que envía el Ejecutivo busca limitar de algún modo o poner reglas al gasto de los otros poderes. El año pasado, por ejemplo, el PE incluyó en el proyecto un artículo para condicionar las transferencias mensuales a otros poderes y organismos de control a la recaudación efectiva de Rentas Generales. En la comisión, sin embargo, se modificó esa propuesta y se dejó especificado que las transferencias a los poderes Legislativo y Judicial; a los ministerios Fiscal y Pupilar y de la Defensa; y los tribunales de Cuentas y Fiscal se harán efectivas según las disposiciones legales vigentes. Es decir, sin condicionamientos. Y así salió la Ley 9.942, que está vigente.
Desde el Presupuesto 2025, a su vez, se incorporó en los articulados que los fondos no ejecutados y/o devengados de los otros poderes y organismos autárquicos que permanezcan en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio serán considerados excedentes financieros que serán incorporados como recursos remanentes para ser utilizados al inicio del ejercicio siguiente. Si bien al principio hubo algunas tensiones por la manera en que estaba escrito el artículo, desde entonces figura en la iniciativa de cada año y también se incluyó en el proyecto que ingresó a fines de octubre.
