“El acceso a la información no es una concesión graciosa”: duro pronunciamiento nacional contra la conducción de la AMT

La crisis institucional y judicial que sacude a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) trascendió las fronteras de los tribunales locales y generó un pronunciamiento de alcance nacional. A raíz de las sucesivas demandas por el manejo de los fondos societarios y la confección de los padrones electorales, la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina (Rejufide) difundió un documento en el que tomó distancia de la conducción de la entidad tucumana y cuestionó la reticencia a transparentar los actos de gobierno. 

En el inicio del texto, la organización manifestó: "La Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina (Rejufide) expresa ante la comunidad su profunda preocupación frente a los acontecimientos de público conocimiento que involucran a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), particularmente en relación con los cuestionamientos de falta de transparencia, ocultamiento de información y resistencia a brindar explicaciones sobre su gestión institucional”.  En esa misma línea, la entidad nacional remarcó los estándares éticos y legales que rigen a las asociaciones judiciales y advirtió sobre el impacto público de la controversia: “La rendición de cuentas, el acceso a la información y la sujeción a los mecanismos de control que correspondan no son concesiones graciosas ni actos de voluntad de las autoridades, sino exigencias elementales de toda gestión institucional responsable. Su incumplimiento, cuando se verifica, no solo compromete la credibilidad de quienes conducen una entidad, sino que proyecta un injustificado descrédito sobre quienes integran el sistema de justicia”. El pronunciamiento concluyó marcando una diferenciación entre la cúpula asociativa y el resto de los magistrados: "Quienes ejercemos funciones vinculadas con la administración de justicia tenemos una responsabilidad institucional que excede nuestras actuaciones individuales. Ninguna organización que invoque la representación de integrantes del Poder Judicial puede pretender sustraerse a los deberes de información, publicidad y control que legalmente le correspondan. La rendición de cuentas y el acceso a la información no constituyen concesiones discrecionales, sino obligaciones inherentes a toda gestión responsable. En consecuencia el accionar de la AMT no puede ni debe confundirse con la conducta de los jueces, fiscales y defensores que diariamente desempeñan sus funciones con independencia, honestidad, compromiso y responsabilidad”.

Los frentes judiciales por las elecciones y las cuentas

La declaración de Red se produce en medio de una disputa en el fuero civil por las elecciones de renovación de autoridades de la AMT -presidida por Marcela Ruiz, actualmente de licencia, y secundada por el vicepresidente en ejercicio Jorge Jakobsen-, cuyos mandatos vencen el 15 de diciembre. En ese expediente, la camarista laboral de Concepción, Malvina Seguí -candidata a la presidencia-, promovió un amparo electoral contra la decisión directiva de habilitar para sufragar e integrar listas a unos 50 funcionarios ("socios adherentes") computándoles los cuatro años de antigüedad desde su ingreso de hecho en 2021 y no desde el 31 de octubre de 2025 cuando entró en vigencia la reforma estatutaria, lo que altera más del 20% del padrón regular de 200 magistrados con personas que recién cumplirán la carencia en 2029; causa en la que dejó reserva de pedir la intervención judicial y adjuntó el legajo de Personas Jurídicas que expone la acefalía entre 2022 y 2024 y diversas inconsistencias.

Tras una cadena de inhibiciones que motivó un fallo del camarista Benjamín Moisá advirtiendo que las actuaciones "afectadas por el temor o la complacencia hacen crujir los cimientos y el andamiaje de la República", Seguí apeló el rechazo cautelar dictado "por ahora" por el juez Raúl Tejerizo, lo recusó con causa para que el caso pase al juez Camilo Appas y también recusó a los camaristas sorteados Álvaro Zamorano y María Dolores Leone Cervera por sus vínculos societarios y de amistad con Ruiz.  

En paralelo a la puja electoral, la conducción asociativa enfrenta el expediente por la nulidad de la asamblea de abril de 2026 promovido por la jueza Ana María Iacono tras denunciar que se aprobó el balance 2025 a "libro cerrado" sin exhibir comprobantes. En esa causa, luego de que la AMT recusara sin causa al juez Pedro Yane Mana tras ordenar la entrega de facturas en 48 horas bajo apercibimiento de secuestro, la jueza Inés Yamúss inspeccionó la sede del primer piso de Tribunales constatando un libro de Bancos en blanco desde mayo de 2017, planillas de Excel sin membrete con agregados a mano, facturas de prepagas (OSDE y Swiss Medical) con listados de personas físicas y comprobantes sueltos que incluían desde pagos millonarios por congresos y máquinas expendedoras hasta un recibo sin membrete de $6 millones por comida. A ello se suman las intimaciones extrajudiciales del juez penal Gonzalo Ortega por el balance 2024 exigiendo explicaciones por gastos de $22,7 millones en cafetería, pagos millonarios en obras sociales y farmacias, y transferencias a la UNSTA por $7,6 millones; reclamos que la directiva rechazó negándole legitimación como "asociado por el pasado" y defendiendo que las erogaciones responden a servicios compartidos y convenios aprobados por unanimidad en sus asambleas.