Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia
Los responsables de la Fundación Bendita Planta denunciaron que el efectivo de consigna escuchó movimientos sospechosos, pero no intervino. Cuestionaron además que se hubiera difundido públicamente la dirección del inmueble.
Resumen para apurados
- La Fundación Bendita Planta denunció el robo de 15 ejemplares de cannabis medicinal de un predio en Bella Vista que contaba con custodia policial ordenada por la Justicia Federal.
- El cultivo fue intervenido en septiembre, pero el juez ordenó preservarlo. Los ladrones ingresaron de noche sin ser frenados por el custodio y tras filtrarse la dirección del lugar.
- El hecho agrava el conflicto entre productores de cannabis medicinal y autoridades por demoras en permisos, evidenciando fallas del Estado en la custodia legal de las pruebas.
Productores de cannabis con fines medicinales denunciaron ante la Justicia que desconocidos robaron plantas de un invernadero que contaba con custodia policial por disposición judicial.
En septiembre pasado, mientras realizaban tareas de prevención, efectivos de la Didrop de Bella Vista descubrieron una plantación de cannabis en el interior de un domicilio. En un invernadero, según las actuaciones, había unos 200 ejemplares y fueron demorados los propietarios de la vivienda, un hombre de 75 años y su pareja, de 67.
Asistidos por Patricio Char y Candelaria Hernández, los responsables de la Fundación Bendita Planta se presentaron ante la Justicia Federal para informar que se trataba de una organización que cultivaba cannabis con fines medicinales para terceros y que contaba con autorización. Según explicaron los profesionales, presentaron documentación respaldatoria.
“Tercero cultivador” es la denominación de una figura legal que permite, bajo determinadas condiciones, cultivar cannabis para otra persona. En el caso de los cultivadores individuales, el régimen contempla hasta nueve plantas florecidas por paciente. Para desarrollar la actividad legalmente, se debe contar con la autorización correspondiente. Sin embargo, según denuncian los productores, la tramitación y renovación de los permisos puede demorar varios meses.
Por esa razón, el juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso que, hasta que se aclarara la situación, no se interrumpiera el cultivo de cannabis, al considerar que estaba destinado a fines medicinales. Al mismo tiempo, ordenó establecer una custodia policial permanente para preservar los ejemplares hasta que se resolviera el caso.
Cómo fue el robo
Días atrás, Char y Hernández se presentaron ante la Justicia Federal para denunciar que, durante la madrugada del domingo, personas desconocidas ingresaron a la propiedad y sustrajeron plantas, pese a que en el lugar había una consigna policial.
“Rodearon el invernadero y accedieron por su parte posterior. Levantaron un plástico, retiraron la doble red y arrancaron de raíz unas 15 plantas. Tuvieron tiempo y tranquilidad para hacerlo: desarmaron la protección, seleccionaron los ejemplares y se retiraron sin ser interceptados”, relataron en el escrito.
Según explicaron los profesionales, el policía se encontraba en un quincho ubicado a 20 metros del invernadero para resguardarse de la lluvia.
“Reconoció haber oído ladridos y pasos provenientes del sector trasero del invernadero. Su reacción fue no acudir a tiempo después de haber escuchado estos ladridos, no distinguió a nadie, no inició persecución alguna y no realizó ninguna otra acción para impedir el robo o individualizar a sus autores”, señalaron.
“Recién después inspeccionó el sector y advirtió el plástico levantado y el interior alterado. En definitiva, tuvo a sus autores a escasos metros, escuchó el ilícito mientras se cometía y no impidió su consumación ni logró identificar o aprehender a nadie”, añadieron.
Nuevos cuestionamientos
El episodio se produjo en medio de un conflicto que viene profundizándose entre los productores de cannabis medicinal y las autoridades encargadas de controlar esta actividad. Desde hace meses, personas que obtuvieron autorizaciones de cultivo, pero no consiguieron renovarlas debido a demoras administrativas, denuncian procedimientos policiales que terminan con la destrucción de sus plantas. Abogados especializados en la regulación del cannabis vienen planteando que estas situaciones deberían ser consideradas infracciones administrativas y no necesariamente delitos penales.
Las autoridades, en cambio, sostienen que actúan conforme a la legislación vigente. Explicaron que las normas son claras: sólo pueden cultivar las personas que cuenten con autorización vigente. Desde sectores judiciales se advierte que la falta de habilitación puede dar lugar a una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.
El caso de Bella Vista generó expectativas entre los productores. A diferencia de lo ocurrido en otros procedimientos, el juez no ordenó arrancar ni secuestrar las plantas, una medida que habitualmente provoca su destrucción. En esta causa, Díaz Vélez había dispuesto que no se impidieran el riego ni las demás tareas necesarias para conservar los ejemplares.
Profundo malestar
“Hasta la instalación de la consigna policial, cada vez que los perros ladraban, los dueños de casa se acercaban a vigilar con linterna y a verificar si ocurría algo. En esta ocasión no lo hicieron precisamente porque había un policía designado para cumplir esa tarea. Confiaron en que el Estado, que había asumido la custodia, la ejercería. Esa confianza fue defraudada: la presencia policial, lejos de proteger, desplazó la vigilancia que los propios moradores habrían ejercido”, indicaron.
También explicaron que los denunciantes tomaron conocimiento de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia había difundido en sus redes sociales la dirección del inmueble.
“Esta parte sostiene que esa exposición pública, vinculada a esta causa, torna razonable considerar que el hecho se vio facilitado por ella, y representa en sí misma un riesgo grave para las personas que lo habitan”, añadieron.
Por último, los integrantes de la ONG repudiaron enérgicamente lo sucedido en su presentación judicial y manifestaron su profundo malestar.
“Se destruyó el trabajo de mantenimiento y el esfuerzo económico de los pacientes titulares de cada planta, cuyo fin es medicinal, y se frustró la conservación del material como elemento de prueba, que un juez había ordenado expresamente”, razonaron.
