Resumen para apurados
- Edson Fachin, jefe del Supremo de Brasil, frenó fallos hostiles entre jueces para contener una crisis por el caso Master a un mes de las elecciones.
- El conflicto estalló por presuntos nexos entre un banquero y magistrados, provocando denuncias de espionaje ilegal y órdenes cruzadas en la Policía Federal.
- La crisis judicial sacude la reñida campaña electoral entre Lula y Flávio Bolsonaro, en medio de alertas empresariales por la seguridad jurídica institucional.
BRASILIA, Brasil.- El presidente de la corte suprema de Brasil intentó frenar una crisis inédita en el máximo tribunal, al suspender una serie de decisiones hostiles entre sus jueces a menos de un mes de las elecciones presidenciales.
Desatado por una investigación sobre un enorme esquema de fraude, el pulso en la corte toca de lleno la campaña para octubre, cuando el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección ante el derechista Flávio Bolsonaro.
El presidente de la corte, Edson Fachin, suspendió decisiones opuestas de dos magistrados que habían apartado y luego reincorporado al director de la Policía Federal (PF).
El juez Flávio Dino había ordenado reincorporar al jefe policial Andrei Rodrigues contra una decisión de su colega André Mendonça, quien lo suspendió el martes tras acusar a la PF de haberlo espiado ilegalmente.
Rodrigues volvió ayer a trabajar en la sede policial en Brasilia. El presidente del tribunal se reservó la decisión final sobre este jefe policial, quien debe prestar informaciones en un plazo de 48 horas.
Fachin también declaró la “suspensión de todo y cualquier procedimiento” de investigación sobre miembros de la corte.
La crisis entre magistrados estalló la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes del banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido a otro juez del máximo tribunal, Alexandre de Moraes.
Vorcaro, con vínculos con el poder en Brasilia, pedía ayuda para eludir una investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre, por sospechas de un multimillonario desfalco financiero que resultaría en la liquidación de su banco Master.
Cruce de acusaciones
El juez Moraes condujo el juicio que el año pasado llevó a la cárcel al ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), padre de Flávio, por un intento de golpe de Estado en 2022.
Los mensajes de Vorcaro se divulgaron por orden de Mendonça, ex ministro de Justicia de Bolsonaro y designado en la corte por el ex mandatario.
Mendonça pidió determinar si el destinatario era Moraes, pero Fachin decidió ayer suspender ese proceso y que se discuta en el plenario de la corte el 15 de septiembre.
En base a informes secretos de inteligencia policial, Moraes denunció a su colega Mendonça por abuso de autoridad al apuntar en su contra.
Mendonça acusó entonces a la PF de espionaje ilegal y ordenó la suspensión preventiva de su director general.
Pero el juez Dino, exministro de Justicia de Lula, ordenó que el presidente restituyera a Rodrigues.
“Filtraciones selectivas”
Lula pidió en X que se levante el secreto de sumario de “las investigaciones de todos los involucrados en el caso Master, sea quien fuere”, para terminar con “filtraciones selectivas que impactan la disputa electoral”.
Tras respaldar la suspensión de Rodrigues, Flávio Bolsonaro dijo en un acto de campaña en Juiz de Fora (sureste) que Dino “dio un plumazo (...) intentando interferir en un proceso judicial” y que Lula “quiere ganar” fuera de las urnas.
En las encuestas, ambos candidatos aparecen empatados en una probable segunda vuelta el 25 de octubre.
El bolsonarismo también se vio sacudido por el caso Master.
La policía investiga giros millonarios solicitados por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según el candidato derechista, se usarían para pagar una película biográfica sobre su padre.
El caso Master es un expediente “tóxico”, dijo una fuente del supremo, ya que la policía presume que el banquero “puso dinero en varios lugares para luego cobrarse favores”.
Unas tres mil entidades empresariales brasileñas divulgaron este miércoles un manifiesto a la nación en el que alertaron sobre una “crisis institucional de extrema gravedad” cuyo “epicentro” es la corte.
“Si la legitimidad (de los jueces) es cuestionada, todo lo demás se vuelve incierto: la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la misma paz social”, señalaron.
