12 Abril 2005
MUCHO QUE DECIR. Arturo Roife declaró durante más de una hora y media ante el fiscal Guillermo Herrera y quedó detenido.
El agente inmobiliario Arturo Roife, que estaba prófugo, se presentó a declarar ayer ante el fiscal Guillermo Herrera por la causa en la que se investiga la muerte del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. El empresario admitió conocer a la ex agente de Policía, Ema Gómez, una de las principales imputadas en el caso. También admitió que, desde su teléfono, la mujer realizó algunas llamadas durante la tarde del crimen, según dijo el abogado de Roife, Luis Acosta. Pero aseguró que la relación que los unía era esporádica y que no conocía al magistrado ni a ninguno de los otros imputados. Tras pasar más de una hora y media dentro de la Fiscalía X, quedó detenido.
Roife, que está acusado de encubrimiento y tenía pedido de captura, quedó implicado en la causa cuando los resultados de las pericias telefónicas que ordenó el fiscal determinaron que Gómez había realizado llamadas desde el celular del empresario la tarde en la que se cometió el crimen.
Acosta dijo que su cliente conoció a la ex policía, porque ella quería alquilar un departamento dentro de la zona de las cuatro avenidas. "La relación era comercial", aseguró.
El abogado también dijo que Roife reconoció que la ex novia del magistrado asesinado realizó llamadas desde su teléfono celular la tarde del crimen, pero que no sabía con quiénes se había comunicado ni había escuchado las conversaciones.
"Ella fue a la inmobiliaria y, mientras él explicaba los inconvenientes que tenía para conseguir el inmueble que ella quería, Gómez le pidió el teléfono. El no conocía ni a Aráoz ni a los otros imputados. Y la relación con la ex policía fue esporádica", sostuvo. Agregó que su cliente no había notado nada raro en Gómez ese día. Acosta también afirmó que Roife nunca quiso estar al margen de la Justicia.
Aráoz fue asesinado el 26 de noviembre en su casa de avenida Aconquija 2.950. El letrado recibió nueve disparos de un arma calibre 9 milímetros, que, según las pericias de la Policía Científica, habrían salido de la pistola del oficial Alejandro Darío Pérez. Este, junto con Gómez, es el principal sospechoso y se encuentra detenido.
Sin garantías
Por su parte, Mario Mirra, el abogado de Ema Gómez, dijo ayer que, por ahora, la ex agente no declarará en la causa porque no están dadas las garantías necesarias. El letrado argumentó que esta decisión se debe, entre otras cosas, a que Herrera y el juez Francisco Pisa "trabajan en connivencia". Mirra aseguró que quiere que se investiguen todas las hipótesis, pero que, a esta altura, es difícil que se incorporen elementos nuevos a la causa.
Además, arremetió contra el abogado defensor de Pérez, Horacio Guerineau, al decir que debería preocuparse más por defender a su cliente que por acusar a Gómez de ser la autora del crimen (el viernes, el abogado del oficial detenido presentó un escrito en la fiscalía en el que indicaba que, según él, no hay dudas de que la ex agente mató al magistrado). Mirra dijo también que hoy pedirá que se les tome declaración a los padres de Gómez, Carlos Alberto y Griselda, ya que nunca fueron llamados. Los padres de la ex agente fueron indagados por Herrera pocas horas después del crimen, pero no fueron citados nuevamente.
Ratificación de un letrado
El abogado Alvaro Zelarayán, que defendió a los policías Andrés Faversani y Rodolfo Domínguez, ratificó ayer que tendrían que haberle realizado un dermotest (prueba para saber si disparó un arma) a Agustín Aráoz, hijo del juez asesinado. El joven dijo que el día del crimen estuvo con su padre hasta las 15.30. Zelarayán aseguró que hubiera sido lógico que se hiciera la prueba (ahora es tarde), porque fue el último que lo vio con vida.
Faltan más testimonios
Con la intención de ratificar ante el fiscal Guillermo Herrera las declaraciones que hicieron a la prensa, el abogado de la familia Aráoz, Benjamín Frías Alurralde, se presentó ayer en la Fiscalía X junto a Agustín Aráoz, hijo del juez asesinado. En las conversaciones que mantuvieron la semana pasada con LA GACETA se manifestaron conformes con la investigación, pero dijeron que son muchos los que todavía deben declarar.
Roife, que está acusado de encubrimiento y tenía pedido de captura, quedó implicado en la causa cuando los resultados de las pericias telefónicas que ordenó el fiscal determinaron que Gómez había realizado llamadas desde el celular del empresario la tarde en la que se cometió el crimen.
Acosta dijo que su cliente conoció a la ex policía, porque ella quería alquilar un departamento dentro de la zona de las cuatro avenidas. "La relación era comercial", aseguró.
El abogado también dijo que Roife reconoció que la ex novia del magistrado asesinado realizó llamadas desde su teléfono celular la tarde del crimen, pero que no sabía con quiénes se había comunicado ni había escuchado las conversaciones.
"Ella fue a la inmobiliaria y, mientras él explicaba los inconvenientes que tenía para conseguir el inmueble que ella quería, Gómez le pidió el teléfono. El no conocía ni a Aráoz ni a los otros imputados. Y la relación con la ex policía fue esporádica", sostuvo. Agregó que su cliente no había notado nada raro en Gómez ese día. Acosta también afirmó que Roife nunca quiso estar al margen de la Justicia.
Aráoz fue asesinado el 26 de noviembre en su casa de avenida Aconquija 2.950. El letrado recibió nueve disparos de un arma calibre 9 milímetros, que, según las pericias de la Policía Científica, habrían salido de la pistola del oficial Alejandro Darío Pérez. Este, junto con Gómez, es el principal sospechoso y se encuentra detenido.
Sin garantías
Por su parte, Mario Mirra, el abogado de Ema Gómez, dijo ayer que, por ahora, la ex agente no declarará en la causa porque no están dadas las garantías necesarias. El letrado argumentó que esta decisión se debe, entre otras cosas, a que Herrera y el juez Francisco Pisa "trabajan en connivencia". Mirra aseguró que quiere que se investiguen todas las hipótesis, pero que, a esta altura, es difícil que se incorporen elementos nuevos a la causa.
Además, arremetió contra el abogado defensor de Pérez, Horacio Guerineau, al decir que debería preocuparse más por defender a su cliente que por acusar a Gómez de ser la autora del crimen (el viernes, el abogado del oficial detenido presentó un escrito en la fiscalía en el que indicaba que, según él, no hay dudas de que la ex agente mató al magistrado). Mirra dijo también que hoy pedirá que se les tome declaración a los padres de Gómez, Carlos Alberto y Griselda, ya que nunca fueron llamados. Los padres de la ex agente fueron indagados por Herrera pocas horas después del crimen, pero no fueron citados nuevamente.
Ratificación de un letrado
El abogado Alvaro Zelarayán, que defendió a los policías Andrés Faversani y Rodolfo Domínguez, ratificó ayer que tendrían que haberle realizado un dermotest (prueba para saber si disparó un arma) a Agustín Aráoz, hijo del juez asesinado. El joven dijo que el día del crimen estuvo con su padre hasta las 15.30. Zelarayán aseguró que hubiera sido lógico que se hiciera la prueba (ahora es tarde), porque fue el último que lo vio con vida.
Faltan más testimonios
Con la intención de ratificar ante el fiscal Guillermo Herrera las declaraciones que hicieron a la prensa, el abogado de la familia Aráoz, Benjamín Frías Alurralde, se presentó ayer en la Fiscalía X junto a Agustín Aráoz, hijo del juez asesinado. En las conversaciones que mantuvieron la semana pasada con LA GACETA se manifestaron conformes con la investigación, pero dijeron que son muchos los que todavía deben declarar.
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